Este artículo se publicó hace 3 años.
Juana Ruiz SánchezLa española detenida en Israel continuará arrestada y será imputada
Desde su detención no se han presentado cargos formales, en vigor de la ley militar israelí que permite mantener arrestada a una persona para ser interrogada hasta 75 días.
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Una corte militar israelí determinó hoy que la trabajadora humanitaria española Juana Ruiz Sánchez, detenida por Israel desde el pasado 13 de abril, seguirá arrestada hasta que en la vista del jueves se presenten los cargos formales contra ella, confirmó a Efe su abogado.
El fiscal militar solicitó durante la quinta vista de este domingo, que afrontó telemáticamente Ruiz Sánchez, algunos días al juez para determinar la imputación del jueves.
Ruiz Sánchez, de 62 años, residente en Cisjordania ocupada y casada con un palestino cristiano, trabaja desde hace décadas como coordinadora de proyectos de los Comités de Trabajos para la Salud, una ONG palestina que provee ayuda a la población en materia de salud y desarrollo al mismo tiempo que lucha por sus derechos.
Desde su detención no se han presentado cargos formales, en vigor de la ley militar israelí que permite mantener arrestada a una persona para ser interrogada hasta 75 días.
Su esposo, Elías Rismawi, y sus dos hijos aguardan con impaciencia e inquietud una rápida resolución de otro caso derivado de la ocupación, similar a los de innumerables palestinos de los territorios ocupados.
El Ejército ha asegurado que fue sospechosa de un presunto plan de lavado de dinero que ayudó a financiar al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), un grupo político considerado terrorista por Israel, EE.UU. y la Unión Europea.
"Están tratando a Juana como a cualquier otro detenido palestino, bajo una orden militar y a pesar de que sea una ciudadana española", ha valorado Sahar Francis, portavoz de la familia en Cisjordania y directora de la ONG palestina Addameer, que defiende los derechos de presos palestinos.
Tras una gran campaña en España para su liberación, que incluyó a políticos y a organizaciones de derechos humanos, la ministra de Exteriores española, Arancha González Laya, dijo el pasado martes que confiaba en que la investigación del caso concluyera pronto y que la trabajadora humanitaria supiera exactamente de qué se le acusa, "si es que se le acusa de algo".
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