La detención de la ciudadana y cooperante española Juana Ruiz por parte del ejército israelí está afectando a su familia en Beit Sahur, un suburbio vecino a Belén, en la Cisjordania ocupada. El 13 de abril a las 5.45 horas, más de 20 soldados armados entraron en su domicilio y arrestaron a la mujer, que esos días trabajaba en una campaña contra el Covid-19.

Nacida en 1958, Juana se encuentra en un centro de detención cercano a la Franja de Gaza a la espera de que este domingo comparezca a distancia ante un juez israelí en el tribunal militar de la prisión de Ofer, cerca de Ramala, donde se decidirá su futuro.

"La familia está aguantando la situación como puede, en condiciones que cualquiera puede imaginarse", comenta Elías Rismawi, palestino, esposo de Juana, desde Beit Sahur. Elías reside en este barrio mientras los dos hijos del matrimonio, de 30 y 35 años, residen en España, desde donde siguen con inquietud los acontecimientos.

Juana y Elías se conocieron en España, donde él estudiaba Farmacia y se casaron en 1985 antes de establecerse en Palestina. "Para nuestros hijos, la detención de su madre es una cosa nueva", comenta Elías.

La familia optó en un primer momento por guardar silencio. Pensaban que Juana quedaría en libertad muy pronto, pero conforme los días fueron pasando y la situación no se solucionaba decidieron hacerlo público y designaron a una portavoz en España, la abogada Begoña Lalana, quien denuncia que las autoridades israelíes "rotundamente no están tratando bien a Juana y la dejaron sin comer un día".

En una de las comparecencias ante el juez militar, Juana denunció que únicamente le dan dos comidas diarias, a las 12 y a las 17 horas, y que no han permitido que la familia le haga llegar efectos personales, como las gafas, sin las que no puede leer ni escribir. Elías comenta que a través del Consulado de España en Jerusalén, le ha enviado algunos efectos, aunque no les consta que hayan llegado a su destino. La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, informó el pasado martes de que el Gobierno está en contacto con las autoridades israelíes y que les ha exigido mejorar las condiciones en las que se encontraba.

"Sin militancia política"

Periódicos hebreos, de los que se han hecho eco algunos medios españoles, han indicado que la investigación se orienta hacia vínculos entre la familia de Beit Sahur y el Frente Popular para la Liberación de Palestina, una formación progresista integrada en la OLP que Israel considera "terrorista".

Elías niega taxativamente esas informaciones. "No militamos en ningún partido político y la prueba es que, si fuera así, si hubiera algo contra mí, me habrían detenido a mí. No tengo ninguna actividad política", recalca para desmentir informaciones que probablemente proceden del Shin Bet, los servicios secretos para el interior de Israel y los territorios palestinos ocupados.

El caso es que Juana no tiene ningún antecedente policial, ni en Palestina, ni con los israelíes ni en España, por lo que la familia no acierta a explicarse su detención. "La familia está asustada y nerviosa", comentan en el Consulado de Jerusalén.

Juana es una trabajadora humanitaria que colabora con distintas ONG con el fin de ayudar a la población palestina en cuestiones sanitarias y ha trabajado en proyectos conjuntos con la Agencia de Cooperación Española en una zona donde los servicios sanitarios locales se esfuerzan estos días por detener la pandemia del Covid-19.

La abogada Lalana comenta que el abogado de Juana la ha visitado pero no ha estado presente en los interrogatorios y que la defensa no conoce todos los detalles de la detención.

La cooperante trabaja desde hace 30 años para la ONG Comités de Salud de Palestina, una organización que lleva adelante proyectos sanitarios y sociales con los palestinos y gestiona 14 clínicas y centros de salud repartidos por los territorios ocupados.

Cuatro comparecencias ante el juez

Desde la cárcel de hombres donde se encuentra, Juana ha comparecido hasta ahora telemáticamente ante el juez en cuatro ocasiones. "No tiene ningún sentido que no la hayan detenido formalmente y que la estén privando de sus derechos y garantías", dice Lalana, indicando que probablemente no existen pruebas incriminatorias contra ella.

Según las leyes que aplica Israel contra los palestinos, Juana podría permanecer en esta situación durante 75 días sin recibir acusaciones de ningún tipo, una circunstancia que animó a la familia a hacer público el caso con el fin de intentar presionar a las autoridades israelíes.

En la comparecencia de este domingo, el juez militar determinará si prolonga la detención de Juana sin cargos, si se presentan cargos contra ella o si la ponen en libertad. En realidad su situación no difiere significativamente de la de miles de palestinos que a diario tienen problemas con las fuerzas de ocupación y son detenidos por un ejército que les hace la vida imposible de todas las maneras imaginables.