Más impuestos y vivienda asequible: las medidas sociales que Bruselas reclama a España

España tiene la inflación bajo control, continúa creciendo por encima de la media europea, está reduciendo la tasa de paro (aunque se mantiene en la cola de la Unión Europea) y el déficit alrededor de los límites acordados por el bloque europeo. Por esto, fuentes de la Comisión Europea aseguraban la semana pasada en el marco de la presentación de las recomendaciones económicas a los Estados miembros que "la economía española en general va bien", y descartaron abrirle un expediente sancionador. Sin embargo, Bruselas riñe a España por la falta de algunas medidas sociales y le pide que apruebe iniciativas para abordar la crisis de vivienda y que suba la presión fiscal, que se mantiene por debajo de la media comunitaria.

En este sentido, una de las principales reclamaciones de la Comisión Europea a España es que amplíe la oferta de viviendas sociales y asequible. "Hay un déficit de vivienda de aproximadamente unas 600.000 unidades", alerta el Ejecutivo comunitario, que cita los cálculos hechos por el Banco de España. Sobre todo, resalta la falta de vivienda social y constata que solo representa el 1,5% del total de las viviendas españolas, un porcentaje que se encuentra “bastante por debajo” de la media de la Unión Europea.

Más allá de la vivienda social, Bruselas también insta a solucionar la crisis de accesibilidad a la vivienda en general y le propone que incremente la financiación de la vivienda asequible, así como que "libere suelo público" para que se pueda "impulsar la disponibilidad de casas”. Además, pone presión al Gobierno para que encuentre los apoyos en el Congreso para tramitar la reforme del suelo que tiene "pendiente" y la cual "aportaría estabilidad reguladora".

En la misma línea, fuentes del Ejecutivo comunitario constatan que la crisis de vivienda ya tiene serias consecuencias sociales y puede afectar negativamente a la igualdad y, en un futuro, a la economía española. "Es un reto social creciente", insiste el informe de Bruselas. De hecho, alerta de que el precio de la vivienda ha aumentado en un 50% durante la última década, que casi el 30% de los españoles en situación o riesgo de pobreza pasan apuros para afrontar los costes de su vivienda y solo cerca del 15% de los jóvenes de entre 16 y 34 años consigue independizarse. Además, asegura que hay un repunte de las personas sin techo: hay 71,3 ciudadanos de cada 100.000 que vive en la calle.

Menos impuestos al trabajo y más a los bienes inmuebles

Otro de los toques de atención de Bruselas a España tiene que ver con los impuestos. La Comisión Europea insiste en que se encuentra por debajo de la media europea en materia de presión fiscal, cosa que considera que "no se puede permitir". Sobre todo teniendo en cuenta "el aumento del gasto público" que prevé a causa del envejecimiento de la población española. También le riñe porque el sistema fiscal actual tiene un efecto redistributivo "limitado" y le recomienda "actualizarlo" para reducir la desigualdad de ingresos entre españoles, que sigue siendo superior a la media de la Unión Europea.

Ahora bien, la Comisión Europea no propone incrementarlos en todos los campos, sino que, por ejemplo, pide reducir los impuestos que recaen sobre el trabajo. Esta disminución —continúa el informe de Bruselas— se "podría compensar" con el aumento de tasas sobre el consumo y los bienes inmuebles, así como sobre las emisiones contaminantes.

Los datos que aporta el Ejecutivo comunitario demuestran que el sistema fiscal español no está alineado con el del resto de los socios europeos. En 2022, los impuestos sobre el trabajo supusieron de media en la Unión Europea el 17,3% del PIB, mientras que en España se situó hasta dos puntos por encima, en el 19,1%, según la estimación del instituto de estadística de la Comisión Europea, el Eurostat.

En cambio, España se quedó por debajo de la media de todos los Estados miembros (10,9%) en los ingresos que registró a través de gravámenes sobre el consumo, y se quedó en el 9,7%. En términos proporcionales, sin embargo, la diferencia aún es más substancial con el resto de los socios comunitarios en los ingresos a través de impuestos medioambientales. En España representan solo el 1,52% del PIB y en el global de la Unión Europea, el 2,02%.

Por este motivo, Bruselas urge a España a "renovar" su modelo fiscal y a aprobar reformas que aumenten la importancia de los impuestos indirectos, como lo son los relacionados con el consumo o con la contaminación. "Apoyarían la creación de empleo y la actividad económica en un futuro", apuntan las recomendaciones económicas publicadas bianualmente por la Comisión Europea.