La Xunta advirtió hace un año de que Altri promoverá aún más la eucaliptización de Galicia
El Gobierno gallego cambió después de opinión y aceptó el argumento de la empresa: que en realidad la celulosa "se nutrirá de eucalipto ya existente o excedentario que actualmente se comercializa fuera de Galicia por falta de mercado interior".

A Coruña-
Los técnicos de la Xunta de Galicia advirtieron hace un año del riesgo de que la fábrica de celulosa que Altri quiere instalar en el municipio lucense de Palas de Rei promueva aún más las plantaciones de eucalipto, una especie invasora que desde su llegada a Galicia a mediados del siglo XIX se ha extendido por el país en detrimento del bosque autóctono hasta ocupar casi un tercio de su superficie forestal
Así figura en un informe de la Dirección Xeral de Gandeiría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias de la Consellería de Medio Rural de la Xunta, que forma parte del expediente mediante el que el Gobierno de Alfonso Rueda tramitó la declaración de impacto ambiental de la planta, publicada el pasado 14 de marzo.
El documento, al que ha tenido acceso Público, tiene fecha del pasado 7 de mayo y alertaba también del riesgo de que las emisiones de la fábrica de celulosa de Altri provoquen lluvia ácida, contaminación por partículas, malos olores y un aumento del nivel de nitratos en las aguas en las que verterá sus residuos, con un impacto moderado en el sector agroganadero y un efecto negativo sobre la imagen de la industria alimentaria local en los municipios de A Ulloa –Antas de Ulla y Monterroso, además de Palas– y otros limítrofes como Melide y Santiso, en la provincia de A Coruña, y Agolada, en Pontevedra.
"El proyecto Gama [así lo ha bautizado Altri] afecta a una zona con una importante actividad agroganadera, por lo que se echa de menos en la documentación en exposición pública un estudio a fondo de sus repercusiones en el sector primario desde un punto de vista social y económico, con sus correspondientes medidas correctoras", afirma el informe, que alerta también de que, de acuerdo con lo anterior, "no está suficientemente justificada la prevalencia de la utilidad pública del proyecto sobre la actividad primaria predominante en la zona de ubicación de la planta".
Cambio de opinión
El estudio estaba firmado por el subdirector general de Explotaciones Agrarias de la Consellería de Medio Rural, Nicasio Mejuto Martí. Tras las explicaciones ofrecidas por la compañía, sin embargo, el mismo departamento cambió de opinión y emitió el pasado 31 de enero otro informe en sustitución del primero en el que considera probado ahora "que no hay una incidencia apreciable o que [la factoría] no condiciona la actividad agroganadera de la zona".
En el documento inicial, Medio Rural advertía de que "aunque Galicia produce cada año unos cinco millones de metros cúbicos [de madera de eucalipto], el consumo inicial del proyecto Gama equivale casi a un 30% de las talas anuales (1,2 millones de toneladas, equivalente a 1,5 millones de metros cúbicos), por encima de la fábrica de celulosa de Pontevedra (1,3 millones según el informe de sostenibilidad 2021 de Ence)", la firma que explota esas instalaciones desde hace más de seis décadas en terrenos públicos de la ría.
“Esta demanda favorecerá económicamente al sector forestal, pero puede inducir a la forestación de superficies agrarias en detrimento de las explotaciones agrícolas y ganaderas”, concluía el primer informe de la Consellería, que insistía en que el proyecto de la empresa que dirige José Soares de Pina "tiene un impacto moderado sobre la actividad agrícola y ganadera de los municipios considerados".
Ocho meses después, en diciembre de ese año, Altri envió a la Xunta un análisis de 14 páginas en el que asegura que sí ha estudiado el impacto socioeconómico de su factoría en otros estudios remitidos a otros departamentos de la Administración autonómica, y en el que afirma que ésta "se nutrirá de eucalipto ya existente o excedentario que actualmente se comercializa fuera de Galicia por falta de mercado interior, no siendo por lo tanto necesario incrementar la superficie de las plantaciones".
La empresa adjuntó asimismo un informe de la Axencia Galega da Industria Forestal y varios resúmenes de estudios de dispersión atmosférica de contaminantes y olores que avalaban sus argumentos de que la planta de celulosa de Palas respetará la legislación ambiental y no promoverá más plantaciones de eucaliptos.
"No tenemos más que indicar"
Un mes después de recibirlos, la subdirección general de Explotaciones Agrarias de la Xunta aceptó ese relato y decretó que "a la vista de la nueva documentación proporcionada por el promotor" sobre calidad de las aguas, efluentes, emisiones de distintos tipos de gases, olores, etcétera, (...) los comentarios realizados por esta Subdirección referente a su incidencia sobre la actividad agraria quedarían contestados". "No tenemos más que indicar en estos aspectos”, afirma el nuevo documento.
Con respecto al posible incremento de la demanda de árboles de la citada especie, la Xunta afirma ahora que "existe producción de madera de eucalipto para suministrar a esta industria, que se abastecería de las existencias que en este momento se comercializa en el exterior y por tanto no provocaría un incremento de la superficie dedicada a eucalipto en Galicia".
Los informes de Medio Rural se suman a otros documentos del expediente de Altri desvelados por Público que alertaban de las consecuencias negativas de la planta sobre el patrimonio histórico y cultural del Camiño de Santiago, junto al que se asentará, y que revelaban la intención de la Xunta de convertir las instalaciones en un atractivo turístico. También, los que ponían de manifiesto las incongruencias y contradicciones en los argumentos que manejan la Xunta y la empresa sobre la inversión real del proyecto y las cifras reales de empleo que generará.
Altri ha hablado de un gasto de entre 800 millones y más de mil millones de euros, que pretende financiar en un 25% con subvenciones estatales y de la Unión Europea. El mes pasado, el Gobierno rechazó su solicitud para obtener 30 millones de euros de los programas de descarbonización de los fondos Next Generation, que financia la UE pero cuya aprobación inicial corresponde al Ejecutivo de cada Estado miembro.

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