Opacidad en los datos europeos sobre aborto: países sin estadísticas y extranjeras sin procedencia

La mayoría de leyes europeas solo permiten abortar en los centros médicos habilitados para ello. Es así en casi todo el continente —al menos, en los países en los que el aborto es legal—, aunque en algunos lugares, como Francia, se permite a las mujeres abortar con fármacos en su domicilio después de una consulta médica. También está generalizado que, tras el procedimiento, se inicie un proceso administrativo: los profesionales sanitarios están obligados a rellenar un formulario oficial —definido por las autoridades de cada país— en el que notifican el aborto y aportan una serie de datos sobre la interrupción y sobre la mujer a la que se le ha realizado.

Luego, esos datos se transmiten al Ministerio de Sanidad o a la autoridad competente en la materia y, gracia a ellos, la mayoría de Estados elaboran las estadísticas oficiales sobre el aborto. Estas varían según los datos que se soliciten en el formulario. Es habitual que se pregunte, por ejemplo, por el número de hijos que ya tiene la mujer, por el método utilizado para la interrupción del embarazo o por el motivo de la misma. Hay quiénes solicitan incluso datos sobre la situación laboral y económica de la mujer o sobre su grupo étnico. En la mayoría de países —como Reino Unido o España— estos cuestionarios los tiene que rellenar directamente el médico o sanitario que realiza la intervención y se completan de forma anónima y confidencial, evitando así que se pueda identificar a la mujer que ha abortado.

De todos modos, cada país aplica su propia normativa, define su propio cuestionario de notificación y pide los datos que considera adecuados. No hay un criterio unitario ni un intento europeo de homogeneizar la recopilación de esta información. De modo que, al menos ocho Estados del continente no registran cuántas extranjeras abortan en su país, tal y como ha certificado Exporting Abortion. Esto sucede bien porque no solicitan esa información en sus formularios o porque ni siquiera realizan estadísticas públicas sobre el aborto.

Portugal, Noruega e Italia no recogen la información sobre si las mujeres que abortan en su territorio residen en el extranjero. Polonia y Malta directamente no solicitan el dato de dónde vive la mujer, resida en su territorio o fuera —aunque hay que tener en cuenta que estos son los dos países de la UE con leyes más restrictivas y, por tanto, se encuentran entre los que realizan menos interrupciones del embarazo—. Letonia tampoco pide información sobre la residencia de la mujer. Más deficiente aún es la información en Austria y Luxemburgo, que ni siquiera realizan estadísticas oficiales sobre el aborto. 

Lo que sucede en estos ocho Estados al no recopilar este tipo de información es que no saben cuántas mujeres han venido desde otros países para abortar en su territorio. Por tanto, desconocen completamente el alcance de este fenómeno. Algo similar a lo que pasa en Bruselas. La Comisión Europea ha asegurado en una respuesta oficial a una solicitud de Exporting Abortion no poseer documentación con información sobre los viajes de mujeres europeas a otros países para poder abortar.

Este desconocimiento no es solo una cuestión estadística. La falta de datos impide conocer qué está pasando en Europa con este fenómeno. Además, no afecta solo a esos ocho Estados, ya que se trata de un fenómeno internacional. Por ejemplo, se sabe que hay mujeres viajando a algunos de estos territorios para acceder a un aborto aunque no haya una estadística que lo demuestre. Es el caso de Austria, según han confirmado a Exporting Abortion expertos en la materia y organizaciones de mujeres. De hecho, Austria es el único país analizado para esta investigación que no recopila información alguna sobre las mujeres que abortan en su territorio.

El caso austriaco se explica porque la legislación de este país permite que los abortos se realicen de forma totalmente anónima. Por ello, los médicos no tienen que rellenar ningún formulario con datos sobre estas intervenciones. "También se debe a que en Austria las mujeres tienen que pagar ellas mismas las interrupciones. Además, el movimiento proaborto en Austria es el que se opone a que se realicen estadísticas, ya que los contrarios al aborto son quienes las podrían utilizar a su favor", explica Mirijam Hall, una ginecóloga que trabaja en ese país, a Exporting Abortion.

Austria no recopila ninguna información sobre quienes abortan, pero los ginecólogos del país aseguran que reciben mujeres de todo el mundo

Esta particularidad de Austria impide que se conozca cuántas mujeres acuden desde el extranjero a sus clínicas para abortar. Aún así, Salah El-Najjar, director médico y ginecólogo de la clínica Woman & Health de Viena, explica que atienden a mujeres de muchos lugares: "Recibimos mujeres de Polonia, Hungría, Alemania, Eslovaquia, República Checa e incluso de países árabes como Emiratos Árabes; básicamente de todo el mundo". Otros doctores austriacos describen situaciones similares. Exporting Abortion ha contactado con el Ministerio de Salud para saber por qué no registran información sobre abortos, pero no ha habido respuesta.

La situación en Luxemburgo es similar. Por el momento, no existen estadísticas públicas ni datos oficiales sobre interrupciones voluntarias del embarazo. Pero en el caso de este país centroeuropeo esto se debe a que, a nivel médico, no se distingue entre abortos voluntarios y abortos espontáneos: los hospitales los codificaban de la misma forma. Por tanto, es imposible conocer cuántos abortos voluntarios ha habido en el país en el periodo analizado por Exporting Abortion ni cuántos eran de mujeres que vivían en el extranjero.

"Tener datos sería la base para determinar cuál es el verdadero acceso al aborto y proponer políticas de salud pública"

Esa falta de datos supone un problema, según explica Céline Gérard, presidenta de la asociación Planning Familial de Luxemburgo: "Esas cifras serían la base para determinar cuál es el verdadero acceso al aborto en nuestro país y proponer políticas de salud pública que se basen en datos y no en sentimientos". Hoy en día, solo esta organización publica estadísticas sobre la interrupción voluntaria del embarazo en Luxemburgo. Planning Familial ayuda a mujeres a acceder a este derecho, principalmente, facilitándoles el acceso a abortos farmacológicos. De 2019 a 2023, 2.476 mujeres en Luxemburgo han abortado con este método gracias a ellos, según sus propios datos. Aunque la organización las ayuda de más formas, incluso a ir al extranjero en caso de que ya no puedan abortar en el país.

Planning Familial hace esta labor por las dificultades que pueden enfrentar las mujeres para acceder al aborto en la sanidad luxemburguesa. Los abortos quirúrgicos solo se realizan en los hospitales. Los farmacológicos se pueden realizar en los hospitales pero también a través de los médicos de familia, pero el proceso no es sencillo. El médico tiene que firmar un convenio con uno de los establecimientos hospitalarios autorizados e ir personalmente a la farmacia hospitalaria para conseguir las pastillas abortivas. Por ello, muchos prefieren directamente derivar a las mujeres a esta asociación.

Pero, mientras en Austria los defensores del derecho al aborto no luchan por acabar con la falta de datos oficiales, en Luxemburgo parece que ya han conseguido un cambio. El Ministerio de Salud del país ha modificado en 2025 la forma en la que se codifica a nivel médico los abortos espontáneos y los inducidos a petición de la mujer para que las dos situaciones se registren bajo códigos distintos. El ministerio asegura a Exporting Abortion que lo han hecho porque son conscientes de "la importancia de comprender y documentar mejor la realidad de los abortos" y contar con "una base de datos adecuada que permita un análisis más preciso".

La punta del iceberg

Exporting Abortion ha revelado que más de 5.000 mujeres europeas viajan cada año a otros países del continente para poder acceder al aborto. Pero esa cifra, cuantificada en al menos 5.860 para 2023, es solo la punta del iceberg. Países como los mencionados, que no recopilan información sobre este fenómeno, están impidiendo conocer el alcance real de este fenómeno.

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Están los casos de Portugal, Italia, Letonia, Malta, Polonia, Noruega, Luxemburgo y Austria, que desconocen cuántas extranjeras abortan en su país, pero hay más. Otros nueve países simplemente piden la información sobre si la mujer que aborta vive en otro país —sin especificar en cuál e impidiendo, por tanto, conocer si son flujos desde Europa o desde otros continentes—, como es el caso de Alemania o Eslovaquia, o recopilan el país de residencia de las mujeres pero no ofrecen esta información alegando la protección de datos personales o el secreto estadístico, como ocurre en Croacia y Hungría. En total, al menos 17 países a lo largo del continente no conocen o no hacen público cuántas mujeres de otros Estados europeos han abortado en sus centros sanitarios.

A pesar de que para muchos países no se disponga de información oficial, Exporting Abortion ha recopilado datos sobre flujos de mujeres yendo a abortar a 12 países europeos. Entre ellos algunos de los más poblados, como Francia y España. Como resultado —y debido sobre todo al acceso a estadísticas oficiales— Exporting Abortion cuantifica por primera vez esta problemática a nivel europeo.

Disparidad de criterios

Pedro Gullón, director general de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, recalca la importancia de tener unos buenos datos a nivel europeo: "Sería estupendo que el acceso al aborto estuviera garantizado en todos los países. Pero un primer paso para tratar el asunto sería tener datos comunes y armonizados".

Pero, por ahora, los Estados europeos están lejos de homogeneizar esta información. Los países para los que Exporting Abortion ha podido obtener estadísticas oficiales que incluyan el país o continente concreto de residencia de las mujeres —diez en total, excluyendo a Alemania y Austria, de los que solo se han obtenido datos parciales a través de organizaciones que ayudan a mujeres polacas a acceder al aborto en el extranjero— también muestran una gran disparidad en la forma en que se recopilan. El Ministerio de Sanidad español ha accedido a entregar los datos sobre flujos procedentes de cualquier país del mundo, una situación muy similar a la del Reino Unido, que publica su información de forma abierta y directa.

En cambio, Francia solo ha informado sobre el número de abortos de mujeres de otros países de Europa sin detallar cuáles son, alegando la confidencialidad y protección de los datos de las mujeres. Otros países solo publican o informan de determinados flujos hacia su territorio. Es el caso de Irlanda, que, por el mismo motivo, solo entrega datos sobre las mujeres de Irlanda del Norte (Reino Unido) que abortan en sus clínicas. O el de Países Bajos: el destino predilecto para este tipo de viajes, ya que tiene la ley más garantista de toda la Unión Europea (UE), directamente solo permite seleccionar entre cinco países en su formulario. Si la mujer vive en el extranjero, pero no en uno de esos cinco territorios, el médico tiene que marcar una casilla llamada "ander land", que significa "otro país".

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País de residencia: "unknown"

Como se explicaba, muchos otros países tienen una casilla que indica que la mujer reside en el extranjero sin permitir especificar siquiera el país. Esto, sumado a la gran disparidad en las estadísticas entre unos Estados y otros, hace que en muchos de ellos solo se pueda conocer cuántas extranjeras acuden para abortar, pero no el Estado ni el continente del que proceden. Incluso, en muchas ocasiones hay abortos para los que el dato de residencia de la mujer es simplemente "desconocido" —marcado como "unknown" en los países de habla inglesa—.

Países como Irlanda tienen alrededor de un 6% de abortos para los que la residencia de la mujer cada año es desconocida. Otros como Noruega se mueven alrededor del 2%. En estos casos lo más habitual es que se trate de formularios en los que el campo de residencia ha quedado vacío. Este fenómeno se da especialmente en los países en los que no hay apartados diferenciados para indicar, por un lado, la residencia de las mujeres que viven en el país y, de otro, la de las que viven en el extranjero. Además, como en el caso de las nacionales se acostumbra a pedir un dato más concreto de residencia, como el municipio o el código postal, todo se complica aún más.

Noruega, por ejemplo, es uno de los países que solo pregunta por la residencia de la mujer si vive en su territorio. El Instituto Noruego de Salud Pública reconoce a Exporting Abortion que, cuando el dato del municipio de residencia de la mujer dentro de Noruega no se recopila, no saben si es porque se trata del aborto de una mujer que vive en el extranjero o porque simplemente el formulario se ha rellenado mal.

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En Portugal, las autoridades no solicitan el dato de residencia para las extranjeras pero sí para las que residen en el país y lo que hacen algunos de los sanitarios es registrar el lugar en el que se aloja la mujer, sea esta su residencia permanente o un hospedaje temporal. En Polonia, el lugar de residencia de la mujer es una de las muchas variables ignoradas por las autoridades del país.

Por su parte, Alemania alega que el número de mujeres extranjeras que abortan en su país es tan bajo que no merece la pena realizar el esfuerzo estadístico que supondría recoger el país del que proceden. "La realización técnica necesaria sería desproporcionalmente elevada", asegura la Oficina Federal Estadística a Exporting Abortion. Pero unas 500 mujeres extranjeras abortan cada año en este país. Pedro Gullón discrepa con las autoridades alemanas: "Registrar el país de residencia es importante para conocer los flujos de pacientes y poder debatir conjuntamente cómo algunos países garantizan los derechos de las mujeres cuando otros no lo hacen".

"Uno de los principales problemas a la hora de garantizar los derechos de las mujeres es que muchas veces no existen datos"

En la misma línea se expresa la eurodiputada y exministra de Igualdad Irene Montero: "Uno de los principales problemas a la hora de garantizar los derechos de las mujeres es que muchas veces no existen datos". Montero asegura que es fundamental tener datos de calidad: "Nos permiten conocer la realidad de las mujeres y las barreras a las que se enfrentan en el acceso a esos derechos para poder ponerle remedio desde las políticas públicas".

Países sin datos pero con rutas

Debido a toda esta problemática, es importante fijarse también en los datos totales de mujeres no residentes que han abortado en cada país. Este dato lo comparten muchos más países y permite hacer una radiografía que abarca más parte del continente. De hecho, muestra cómo algunos países tienen un porcentaje de abortos realizados a mujeres no residentes por encima de la media, a pesar de que no recopilan de dónde vienen. Por ejemplo, en Eslovaquia, en 2023, el 4,04 % de los abortos en el país se practicaron a mujeres no residentes. "Sabemos que hay mujeres extranjeras que vienen a Eslovaquia a abortar", explica Adriana Mesochoritisová, directora de la ONG eslovaca Freedom of Choice, que defiende los derechos reproductivos.

"Vienen de Polonia y Hungría porque tienen leyes sobre el aborto más restrictivas y compartimos frontera con ellos". También asegura que están acudiendo al país mujeres ucranianas. Este país, a pesar de tener leyes sobre el aborto mejores que las de Eslovaquia, no puede garantizar este derecho a sus ciudadanas debido a la guerra.

Todo ello, vuelve a redundar en que el recuento de 5.860 mujeres por parte de Exporting Abortion sería solo la punta del iceberg. Por ejemplo, el flujo de mujeres danesas que necesitan viajar a Suecia, donde la ley es más garantista y permite el aborto libre hasta la semana 18, ha sido explicado por medios suecos como el Dagens Nyheter. Pero Suecia no publica datos oficiales que permitan conocer la dimensión de este flujo.

Exporting Abortion realizó una solicitud formal a la Agencia Nacional Sueca de Salud y Bienestar, el organismo encargado de recopilar la información sobre interrupciones del embarazo en las clínicas del país, pero ni siquiera este los tiene. Algunas clínicas podrían registrarlos por su propia cuenta, pero la Administración no puede solicitarlos "debido a que la regulación en materia estadística impide recopilar este tipo de información por la protección de datos personales", explica la agencia gubernamental. Por ello, el formulario que las clínicas tienen que rellenar en el país para luego remitir a la Agencia Nacional Sueca de Salud y Bienestar incluye solo un campo para indicar si las mujeres viven en el extranjero, pero sin mayor concreción.

Esos datos de abortos de mujeres no residentes también muestran que Eslovenia y Países Bajos fueron los Estados del continente en los que un mayor porcentaje de interrupciones del embarazo en 2023 fueron por parte de mujeres de otros países, con un 8,55% y un 8,29%, respectivamente. De nuevo, la explicación se encuentra en el acceso al aborto y las leyes. Eslovenia, aunque cuenta con una legislación similar a la croata, tiene un acceso al aborto más sencillo y garantista y, por ello, recibe cada año a más de 200 mujeres de ese país vecino. Países Bajos es, directamente, el lugar de Europa al que más mujeres extranjeras acuden para abortar: en 2023 fueron 3.261.

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En valores absolutos tras Países Bajos se sitúa España, que en 2023 recibió 1.775 mujeres extranjeras —la mayoría, 1.517, europeas—. Y antes que Eslovenia en número total de mujeres provenientes de otros países se sitúan Estados como Reino Unido o Eslovaquia. Sin embargo, este último país ha registrado una disminución interanual en el número de mujeres extranjeras que acuden a sus clínicas para abortar. Esto podría deberse al auge de otras rutas y a la mejora de la ayuda a las mujeres polacas en su propio país. Adriana Mesochoritisová apunta en esa dirección: "En Polonia, las ONG ayudan cada vez más a las mujeres a conseguir las pastillas abortivas y sus profesionales las guían por teléfono para que las tomen correctamente por su propia cuenta".

Exporting Abortion ha recopilado la información de 18 Estados europeos sobre el número de abortos a mujeres no residentes en el mismo —frente a los 12 en el caso de las mujeres residentes en un país europeo distinto—. Estos datos muestran una media de 8.000 mujeres abortando cada año en países del continente sin vivir en ellos.

En 2023 fueron 7.960. Entre ellas se incluye a las 5.860 europeas que tuvieron que viajar dentro del continente para abortar, pero para gran parte de las otras 2.100 no se ha podido conocer su país de residencia —los Estados que no detallan los flujos de mujeres europeas abortando en su país, aún menos lo hacen respecto a países de otros continentes—. Posiblemente entre ellas haya más europeas que no se han podido contabilizar como residentes en el continente. Entre 2019 y 2023 Exporting Abortion ha certificado 27.238 viajes de mujeres en Europa para abortar en otro país. En el caso del total de mujeres extranjeras han sido 41.012.

Sin preocupación en Bruselas

La falta de interés de algunos Estados europeos sobre este asunto tiene su eco en la Comisión Europea. La posición de Bruselas sobre la cuestión del aborto ha sido siempre la de apelar a la autonomía y competencias de los Estados europeos. Y no parece que esto vaya a cambiar en esta nueva legislatura. Al menos, así lo creen las asociaciones de lucha por los derechos reproductivos de las mujeres consultadas por Exporting Abortion en base a la nueva composición de los órganos consultivos y de gobierno de la UE.

De hecho, el recelo sobre cómo se atenderán los derechos de las mujeres en el nuevo Gobierno europeo se ha dejado notar desde el reparto de carteras de la nueva legislatura. En la anterior Comisión Europea, también presidida por la conservadora alemana Úrsula von der Leyen, los derechos reproductivos de las mujeres se encontraban dentro de la Dirección General de Salud, en manos de la democristiana chipriota Stella Kyriakides. Para estas cuestiones, desde Salud se cooperaba con la socialista maltesa Helena Dalli, la primera comisaria de Igualdad de la Unión Europea.

En la nueva legislatura, Salud ha caído en manos del húngaro Olivár Várhelyi, hombre de confianza del primer ministro de Hungría, el ultraconservador Víktor Orbán. Las reticencias de los progresistas para que trate cuestiones de igualdad, han llevado a la escisión de la Comisión de Salud. La parte de salud de la mujer y otros colectivos vulnerables se ha transferido a la Dirección General de Preparación, Gestión de Crisis e Igualdad, que en esta ocasión ha ido para la belga Hadja Lahbib, de perfil liberal.

Pese a este aparente intento de salvar la agenda de igualdad en materia sanitaria, el departamento de Lahib no parece tener entre sus prioridades los derechos reproductivos de las mujeres. La hoja de ruta sobre igualdad de la Comisión en la nueva legislatura europea, aún pendiente de aprobar, tan solo incluye en una ocasión el concepto "derechos reproductivos". Y lo hace como parte del diagnóstico general de los problemas que enfrentan las mujeres europeas en términos de "falta de información exhaustiva sobre los servicios y productos sanitarios relacionados con la salud sexual y reproductiva, así como de accesibilidad a los mismos, en los casos previstos en la legislación nacional". Sin embargo, no retoma el tema al plantear cuáles serán las prioridades de la Comisión durante el periodo 2024-2029.

Por su parte, el Parlamento Europeo votó en abril de 2024 a favor de incluir el aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Pero ese tipo de resoluciones del Parlamento no tienen efecto vinculante. Para poder modificar la carta, que tiene categoría de tratado, habría que convocar una conferencia intergubernamental (CIG). En este tipo de procedimientos es necesario que los 27 Estados miembros apoyen el cambio para que se pueda llevar a cabo, algo que a día de hoy parece complicado debido a la regresión en materia de acceso al aborto en algunos países de la Unión.

Pero hay quién está luchando por movilizar a los países. El movimiento My Voice, My Choice (MVMC) ha recopilado más de un millón de firmas para impulsar una iniciativa ciudadana europea que empuje a la Comisión Europea la creación de un mecanismo financiero que permita a las ciudadanas de la UE acceder al aborto en otro país si se les niega en el suyo. "La UE no puede obligar a los países a cambiar sus leyes, pero sí podría crear un modelo que permita a las mujeres viajar al extranjero para recibir la mejor atención", afirma Veronika Povž, directora de comunicación de la campaña.

Tal y como demuestra Exporting Abortion, aún sin este mecanismo, los datos demuestran que las mujeres europeas ya viajan a otros países para poder acceder a un aborto. "Aquellas que tienen suficiente dinero pueden viajar para abortar, siempre hay alguna posibilidad para ellas. Pero son los grupos marginados y quienes no pueden permitírselo los que más sufren", dice Povž.

La Comisión, por el momento, no parece prestar mucha atención al asunto. O al menos no está al tanto de los viajes que muchas mujeres europeas necesitan hacer aún hoy en día para abortar. Exporting Abortion realizó una solicitud de acceso dirigida a la Dirección General de Salud —la que tenía las competencias sobre esta materia en ese momento— pidiendo "todos los documentos" que esta institución tuviera con "información que trate sobre las mujeres europeas que viajan a un país distinto al suyo para acceder al aborto". La Comisión resolvió la petición asegurando no tener documentos con esta información.

Esta investigación también realizó una solicitud pidiendo al mismo organismo "toda la correspondencia enviada o recibida por la Dirección General con los distintos Estados miembros sobre el aborto y el acceso de las mujeres al mismo en la Unión Europea o en los distintos Estados miembros". Se envió el 4 de noviembre del año pasado. Más de cinco meses después, la Comisión no ha respondido, a pesar de que el plazo marcado por la normativa para contestar es de 15 días hábiles y de que el Tratado de Funcionamiento de la UE reconoce el derecho de los ciudadanos a solicitar y acceder a los documentos de las instituciones comunitarias.

Sin respuesta para Eurostat

El organismo comuntario que sí tiene algo de información sobre abortos en el continente es la Oficina Europea de Estadística (Eurostat). Está considerada una dirección general más de la Comisión y se encarga de recopilar y producir datos sobre la economía y sociedad de la UE y promover la armonización de las estadísticas de los Estados miembros. Pero esa armonización aún no ha llegado al aborto. Su sede se encuentra, curiosamente, en Luxemburgo, uno de los Estados de la UE que no realiza ni siquiera una estadística pública oficial sobre el acceso al aborto.

Eurostat solicita datos y estadísticas cada año a los 27 Estados miembros de la UE. Algunos son obligatorios y otros, voluntarios. Según asegura la propia Oficina a Exporting Abortion: "La mayoría de colecciones de datos son obligatorias y los países deben suministrar los datos". Pero el aborto está categorizado dentro de las voluntarias, por lo que los Estados pueden decidir si las recopilan y si las envían. Muchos de ellos no lo hacen. De nuevo, una falta de preocupación por tratar el asunto de forma comunitaria y de armonizar los criterios que utiliza cada país.

Eurostat pide dos estadísticas a los países: el número de abortos inducidos anualmente según la edad de la mujer; y otra con el número de abortos inducidos anualmente según la edad de la mujer y el número previo de partos que ha tenido en los que el bebé nació con vida. La última vez que la Oficina analizó la entrega de estos datos se revisó la información de 2020 y 2021 y solo 11 de los 27 Estados miembros habían cumplido con todas las entregas que se les habían solicitado. Entre los que no habían enviado información, de nuevo, algunos sospechosos habituales, como Dinamarca, Estonia o, evidentemente, Austria y Luxemburgo.

La legislación europea es la que establece normalmente qué colecciones de datos debe recopilar Eurostat y si los Estados están obligados a entregarlos. El reglamento de ejecución sobre estadísticas demográficas —dentro de las que se englobaría el aborto— no hace constar ningún dato referente a las interrupciones de embarazo. Las instituciones europeas son quienes han decidido que los datos sobre aborto no son lo suficientemente relevantes como para categorizarlos como obligatorios. En cualquier caso, entre las dos variables que Eurostat ha decidido recopilar sobre este tema para pedirlas de forma voluntaria tampoco hay ni rastro de información sobre la residencia de las mujeres.

Exporting Abortion es una investigación periodística transnacional coordinada por Público en colaboración con medios y periodistas de toda Europa. Los periodistas que han participado en la investigación son, en orden alfabético, Joana Ascensão (Portugal - Expresso), Kristina Bohmer (Eslovaquia), Magdalena Chrzczonowicz (Polonia - OKO.press), Mayya Chernobylskaya (Alemania), Nacho Calle (España - Público), Maria Delaney (Irlanda - The Journal Investigates), Joanna Demarco (Malta), Armelle Desmaison (Francia), Emilia G. Morales (España - Público), Bru Noya (Andorra), Apolena Rychlíková (República Checa), Órla Ryan (Irlanda - The Journal Investigates), Sergio Sangiao (España - Público), y Margot Smolenaars (Países Bajos).

Esta investigación ha sido apoyada por Journalismfund Europe.