Más de 5.000 mujeres en Europa tienen que viajar a otro país cada año para abortar

Carol McLoughlin, una mujer irlandesa, ya tenía dos hijos cuando volvió a quedarse embarazada en 2022. Quería volver a ser madre, pero las pruebas médicas pronto mostraron que algo no iba bien. Aún así, no fue hasta después de la semana 12 de embarazo —cuando en Irlanda termina el plazo legal para abortar voluntariamente— que le comunicaron que los órganos del feto no se estaban desarrollando. Debido al diagnóstico subyacente del nonato—síndrome de Down—, le dijeron que tendría que esperar a que su corazón dejara de latir para poder abortar. "No podía soportar la angustia mental de esperar a que mi bebé muriera". Por ello, Carol viajó a Londres (Reino Unido) para interrumpir el embarazo.

Olga, una mujer polaca, lo tuvo claro desde el principio: no quería ser madre. Su país tiene una de las leyes de aborto más restrictivas de toda la Unión Europea (UE), así que cuando se quedó embarazada en 2019, no dudó en cruzar la frontera. Lo hizo un autobús, acompañada por una amiga, para abortar en una clínica en Ostrava (República Checa).

Con 30 años, Juliana*, una mujer brasileña residente en Portugal, no quería tener otro hijo. No tenía síntomas que indicaran que estaba embarazada, salvo algunos dolores de estómago. En cierto momento comenzó a experimentar náuseas y fue entonces cuando descubrió que llevaba 13 semanas de gestación. En Portugal solo se puede abortar libremente hasta la semana 10, por lo que la opción más sencilla para ella fue cruzar la frontera hacia España, donde se permite hasta las 14 semanas.

Los datos muestran que España es uno de los países de Europa que recibe más mujeres que viajan para abortar. Aun así, hay ocasiones en las que son las propias mujeres españolas quienes deben desplazarse para interrumpir su embarazo. Diana Dieste, de 38 años, fue una de ellas. Se quedó embarazada a mediados de 2023. Quería ser madre, pero tras un largo periodo de incertidumbre y falta de información, una prueba confirmó que el feto tenía una malformación grave e incurable. La noticia llegó en la semana 30 de embarazo, cuando en España el aborto solo es legal si lo aprueba un comité clínico —un panel de médicos—. Ese no fue su caso. Recibió una llamada breve en la que se le informó de que el comité había rechazado su solicitud. Para interrumpir el embarazo, tuvo que viajar a Bruselas (Bélgica).

En 2023 al menos 5.860 mujeres que vivían en Europa tuvieron que viajar a otro país del continente para abortar

Las historias de Carol, Olga, Juliana* y Diana son también las historias de miles de mujeres europeas que aún hoy tienen que viajar a otros países del continente para abortar. Este fenómeno no se debe subestimar: cada año más de 5.000 mujeres cruzan las fronteras de sus países de origen debido a las dificultades que enfrentan para acceder a una interrupción del embarazo. En 2023, esa cifra fue de, al menos, 5.860. Este dato se revela por primera vez como resultado de Exporting Abortion, una investigación periodística internacional coordinada por Público sobre el acceso al aborto en Europa, realizada por periodistas de todo el continente y publicada por 11 medios de comunicación.

El año más reciente con datos disponibles es 2023, ya que la mayoría de los países aún están cerrando las estadísticas de 2024. El patrón se repite año tras año: entre 2019 y 2023, las mujeres viajaron al menos en 27.238 ocasiones a otro país dentro de Europa para abortar, según Exporting Abortion. Es el equivalente a que toda la población de una ciudad como Segovia se desplazara.

Y esa cifra es solo la punta del iceberg. Los datos recogen únicamente los abortos realizados por residentes de países europeos que se vieron obligadas a viajar a Países Bajos, España, República Checa, Reino Unido, Eslovenia, Francia, Bélgica, Suiza, Irlanda y Lituania —así como algunas mujeres polacas que fueron a Alemania y Austria—.

El porqué de estos viajes

Las razones por las que las mujeres europeas necesitan viajar a otro país para abortar son diversas. Muchas lo hacen porque la ley en el país donde viven no lo permite —ya sea porque el aborto está completamente prohibido, porque la legislación es extremadamente restrictiva o porque han superado el plazo legal para interrumpir el embarazo—. Otras viajan porque prefieren someterse a un método diferente al que se ofrece en su país.

Otra razón por la que las mujeres recurren al extranjero para abortar es la falta de instalaciones médicas o de profesionales que ofrezcan el procedimiento en su región. Esta problemática puede verse agravada por la objeción de conciencia. En casi todos los países de Europa el personal sanitario puede invocar este derecho —ya sea por motivos morales o religiosos— y negarse a participar en interrupciones del embarazo. En algunos casos, los profesionales alegan objeción de conciencia debido a la presión social ejercida por compañeros, superiores o, incluso, por otros sectores de la sociedad. Esto afecta a mujeres como Klaudia*, una eslovaca que, con cinco meses de embarazo, descubrió que su bebé nacería con tumores por todo el cuerpo. Aunque la gravedad de la condición fetal le daba derecho legal a abortar en su país, se topó con la objeción de conciencia de su médico.

"El médico me dijo que entendía que necesitaba abortar, pero el director del hospital había impuesto la objeción de conciencia"

"Fue una situación muy extraña. El médico me dijo que entendía que necesitaba abortar, que no tenía nada en contra de ello, pero que no podía firmar el documento porque el director del hospital había impuesto la objeción de conciencia a todos los médicos del centro. Y que no quería perder su trabajo", cuenta a Exporting Abortion.

Situaciones como esta provocan que equipos médicos enteros capacitados para realizar abortos se declaren objetores de conciencia, dejando a estos hospitales sin posibilidad de ofrecer el servicio a las mujeres que lo solicitan. Este fenómeno crea auténticos desiertos sanitarios en todo el continente. La antropóloga Silvia de Zordo, investigadora principal del proyecto European Abortion Access, advierte de que "una institución hospitalaria en su conjunto no puede acogerse a la objeción de conciencia", ya que se trata de "un derecho individual". Critica que el "abuso de la objeción de conciencia" en algunos países se debe a que no existen mecanismos de control ni sanciones para las instituciones que incumplen la ley.

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Más allá de todos estos obstáculos, vivir en un país con leyes más permisivas no garantiza el acceso al aborto. En estos países, los problemas surgen, en la mayoría de los casos, cuando se detectan anomalías o malformaciones fetales en fases avanzadas del embarazo. En la mayoría de los países la decisión final recae en un comité clínico formado por dos o más médicos que evalúan el caso. Sin embargo, el resultado puede variar mucho dependiendo de la composición del comité. Un mismo caso es visto lo suficientemente grave como para abortar para algunos doctores mientras otros no lo consideran así y se niegan a realizar la interrupción.

Este es el caso de países como España. "El problema principal es el poder discrecional que tienen estos comités", explica Jordi Baroja, director adjunto de la Associació de Drets Sexuals i Reproductius de Catalunya. Según el activista, el problema radica en cómo están redactadas muchas leyes, que permiten la aplicación de criterios subjetivos. "Es simplemente una cuestión de costumbre", añade, subrayando que negar ciertas interrupciones del embarazo es algo rutinario. "Hay diagnósticos que nunca se aprueban para abortos en países como España". De nuevo, en este tipo de casos, las mujeres se ven obligadas a buscar alternativas en el extranjero.

Las rutas

En resumen, allá donde la ley o el personal sanitario imponen límites al aborto, las mujeres se ven obligadas a viajar. Todos los expertos entrevistados llegan a la misma conclusión. "Prohibir el aborto no resuelve nada; solo provoca turismo abortivo y una pérdida de control por parte del Estado y de la sociedad", afirma el Dr. Jozef Záhumenský, jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario de Bratislava-Ružinov.

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El principal destino para las mujeres europeas es Países Bajos. Con la ley del aborto más garantista —permite la interrupción hasta la semana 24 de embarazo—, casi la mitad (48,15 %) de todos los abortos recopilados por Exporting Abortion tuvieron lugar allí. En los últimos cinco años, mujeres de otros países europeos han abortado en Países Bajos en 13.114 ocasiones. Esto a pesar de que los centros sanitarios neerlandeses solo registran datos de pacientes procedentes de Bélgica, Alemania, Francia, Irlanda y Polonia. Los abortos realizados a mujeres de países como España, Portugal o Malta no quedan registrados.

Exporting Abortion ha analizado, no solo los destinos, sino los principales flujos de movimiento dentro de Europa —es decir, las rutas más frecuentes que recorren las mujeres que viajan al extranjero para abortar—. El más común es el la de las residentes en Alemania que viajan a Países Bajos. Cada año, más de 1.000 mujeres hacen este recorrido.

En Alemania, el aborto es legal hasta la semana 12 contabilizada desde la concepción —que equivale a la semana 14 desde la última regla, la forma de medir los plazos más habitual en los países europeos—. Algunas no descubren que están embarazadas hasta que ya es demasiado tarde, y otras no logran acceder a un aborto a tiempo debido a la normativa y a las desigualdades regionales en el acceso al aborto. La doctora neerlandesa Gabie Raven, con 30 años de experiencia, abrió una consulta en Dortmund en 2022. Hace una comparación: mientras en Países Bajos la mayoría de abortos se realizan en clínicas especializadas, en Alemania son principalmente ginecólogos en consultas privadas quienes los practican. Por ello, según Raven, imponen sus propias reglas: "Algunos ofrecen solo abortos farmacológicos, otros se limitan a atender a sus propias pacientes y algunos solo realizan el procedimiento hasta cierta semana de gestación".

La complejidad de la regulación y las lagunas en el sistema nacional de atención también hacen que muchas mujeres alemanas prefieran ir directamente a países vecinos dentro del plazo legal. "Muchas veces nos dicen que podrían haberlo hecho allí también. A veces aún están dentro de las 12 semanas. Pero la asesoría y el procedimiento son tan complicados que prefieren venir a nosotros desde el principio", explica Elles Garcia, doctora de la clínica Bloemenhove, un centro especializado en abortos en Países Bajos.

La segunda ruta más común es la de las mujeres que viven en Portugal y viajan a España. Más de 500 mujeres al año realizan este trayecto. Como ocurre con la mayoría de estos flujos, la explicación radica en las diferencias legislativas y en el acceso desigual entre países. Mientras que Portugal permite el aborto voluntario hasta la semana 10 de embarazo, en España el límite se extiende hasta la semana 14. Exporting Abortion ha obtenido registros detallados de las mujeres que abortaron en dos regiones españolas: Andalucía y Catalunya. En la primera, el 68,33 % de las mujeres portuguesas que abortaron superaban las 10 semanas de gestación. En la segunda, el porcentaje sube al 70,59 %.

Las rutas acostumbran a causarse por las leyes sobre el aborto de cada país —y, obviamente, también por la proximidad geográfica—. Estos dos factores explican las rutas de Alemania a Países Bajos y de Portugal a España. Lo mismo ocurre con la tercera y la quinta rutas más frecuentes. Ambas implican a mujeres francesas: una media de 526 viajan cada año a Países Bajos para abortar y otras 454 lo hacen a España. En total, más de 2.000 mujeres francesas han tomado cada ruta en los últimos cinco años.

El motivo principal de estos desplazamientos de las mujeres francesas es el límite legal para abortar. Hasta principios de 2022, Francia contaba con un plazo de aborto libre hasta la semana 14 de embarazo —contabilizado como para el resto de países europeos—. A partir de marzo de ese año, el plazo se amplió hasta la semana 16. En España, el destino principal para las mujeres francesas es Catalunya. Entre 2019 y 2022, un total de 1.793 residentes en Francia abortaron allí: el 91,91% superaban la semana 14 de embarazo y el 86,11%, la semana 16.

El cambio legislativo ha reducido el número de francesas teniendo que abortar en Países Bajos y España. Aún así, 383 abortaron en Países Bajos en 2023 y 344, en España. En Países Bajos pueden abortar libremente hasta la semana 24 de gestación y, aunque la ley española recoge el aborto libre hasta la semana 14 también indica un segundo periodo hasta la semana 22, en el que en algunas zonas de nuestro país, como Catalunya, se puede abortar con relativa flexibilidad. "Lo que queremos es dejar de obligar a las mujeres a viajar al extranjero", dice Sarah Durocher, presidenta de la ONG francesa Planning Familial. Con ese objetivo, la asociación defiende eliminar el límite legal de tiempo "o, al menos, autorizar el aborto hasta un mínimo de 22 semanas".

La única excepción entre las 10 rutas más frecuentes que no involucra a países vecinos es la de las mujeres polacas que viajan a Países Bajos. Cada año, una media de 479 mujeres se desplazan desde uno de los países más restrictivos de la UE hasta el más garantista, pese a la distancia entre ambos. Desde la capital polaca, Varsovia, hasta la neerlandesa, Ámsterdam, hay un vuelo de dos horas. En línea recta, las separan algo más de 1.000 kilómetros, con Alemania de por medio —una distancia similar a la que hay entre Madrid y París o entre Barcelona y Bruselas—.

También está el caso de Irlanda y el Reino Unido. Cada año alrededor de 240 mujeres irlandesas cruzan al país vecino para acceder a servicios de aborto. Pero no cruzan a Irlanda del Norte, donde el acceso al aborto no está tan desarrollado. La ruta lleva hasta Inglaterra —normalmente, Londres—. Inglaterra e Irlanda no comparten frontera terrestre, pero Gran Bretaña es el territorio más cercano a la isla de Irlanda. El número de mujeres que viajan ha disminuido desde que Irlanda aprobó un legislación más garantista en 2018, pero muchas siguen viéndose obligadas a viajar debido a las restricciones temporales. "Son las más vulnerables las que siguen teniendo que viajar para poder abortar", afirma Ciara McHugh, coordinadora de la línea de ayuda a mujeres de Abortion Support Network (ASN).

Todos estos flujos han sido verificados por Exporting Abortion tras recopilar datos oficiales y estadísticas de 10 países. Países Bajos, España, Reino Unido, República Checa o Eslovenia recogen información sobre el país de residencia de las mujeres que abortan en sus clínicas y hospitales. Pero otros flujos comunes son imposibles de cuantificar —al menos con datos completos y oficiales— porque los países receptores no recopilan esa información y, por tanto, no tienen registros del fenómeno. Otros países sí recogen los datos, pero simplemente no acceden a hacerlos públicos.

Esta situación impide conocer más sobre los viajes de algunas mujeres como las polacas. Muchas optan por abortar en la vecina Alemania o en Austria, pero estos dos países no registran cuántas mujeres de Polonia —ni de otros Estados— abortan en sus clínicas. Para reflejar esta realidad, Exporting Abortion también ha contabilizado datos de Ciocia Basia y Ciocia Wienia, dos colectivos feministas que ayudan a mujeres polacas a viajar para acceder a servicios de aborto en Alemania y Austria, respectivamente. Son las principales organizaciones que apoyan a las mujeres polacas que eligen estos dos destinos.

Cada año, alrededor de 120 mujeres hacen el viaje de Polonia a Alemania con la ayuda de Ciocia Basia, y otras 85 viajan a Austria con el respaldo de Ciocia Wienia. Si se dispusiera de datos oficiales completos para estos dos flujos, probablemente estarían entre las principales rutas. De hecho, los datos recogidos por Exporting Abortion muestran que las mujeres polacas buscan abortar en todos y cada uno de los países donde se han recopilado datos. Este patrón solo se produce en su caso y en el de las mujeres alemanas.

Más abortos en el extranjero que en los países de origen

Polonia es, en definitiva, uno de los pocos países europeos donde abortan más mujeres en el extranjero que dentro del sistema sanitario nacional. Según las estadísticas oficiales, entre 2019 y 2023 se realizaron 4.244 abortos legales en el país. En ese mismo periodo, Exporting Abortion ha documentado al menos 4.582 abortos realizados a mujeres polacas en el extranjero. Este fenómeno también se da entre mujeres de Andorra y Malta. La explicación está en las leyes extremadamente restrictivas de estos Estados. Algunas —como aún hoy ocurre en Andorra— incluso prohíben el aborto bajo cualquier circunstancia.

En el caso de Polonia la ley se endureció recientemente, durante los años de influencia y Gobierno del partido de extrema derecha PiS (Ley y Justicia), que estuvo en el poder de 2015 a 2023. En 2020, el Tribunal Constitucional polaco —influido por ese partido— declaró inconstitucional el aborto en los casos de anomalías fetales, una de las pocas circunstancias en las que el aborto era legal. La sentencia sacudió al país y desató protestas en toda Polonia. El nuevo Gobierno, encabezado por el expresidente del Consejo Europeo Donald Tusk, ha prometido no solo revertir esos retrocesos, sino impulsar una legislación que despenalice el aborto en más supuestos. Pero, por ahora, ninguna de esas reformas se ha implementado.

Los derechos reproductivos siguen siendo objeto de batallas ideológicas constantes entre quienes aspiran al poder. Como resultado, el reconocimiento del derecho al aborto y la posibilidad de acceder a este dependen a menudo de la orientación política del Gobierno de cada país. Ante el avance de la extrema derecha a nivel global, han surgido varias iniciativas que buscan blindar el acceso al aborto. Uno de los ejemplos más significativos es el de Francia, que en 2023 incluyó en su Constitución la "libertad garantizada de las mujeres a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo". Lisa Carayon, profesora en la Universidad de la Sorbona, explica a Exporting Abortion que la medida ha tenido un impacto más visible "a nivel de política internacional" que en la mejora del acceso al servicio en el país. A pesar de ello, añade: "También ha sido un mensaje para todos los movimientos feministas del mundo que luchan contra regímenes represivos. Da esperanza".

Uno de los esfuerzos más destacados en esta línea es el movimiento My Voice, My Choice (MVMC), que ha recogido más de un millón de firmas en una Iniciativa Ciudadana Europea para instar a la Comisión a garantizar el acceso seguro y equitativo al aborto para todas las mujeres de la UE.

Las pastillas

Los datos recopilados por Exporting Abortion confirman que cuanto más restrictiva es la legislación de un país sobre el aborto, más mujeres cruzan la frontera para interrumpir un embarazo. Existen dos métodos para abortar: el quirúrgico y el farmacológico. Pero no todos los países ofrecen ambas opciones. El primer método, también conocido como aborto instrumental, implica que un médico realice un procedimiento para extraer el feto, generalmente mediante aspiración. En el segundo, se administran medicamentos —pastillas— que provocan el aborto de forma inducida. El método farmacológico se aplica normalmente en etapas tempranas del embarazo mientras que el quirúrgico es necesario en semanas posteriores. En algunos casos, cuando el embarazo está muy avanzado, se combinan ambos métodos.

Mujeres de países donde solo se permite el aborto quirúrgico —como Eslovaquia— a veces prefieren el método farmacológico y para ello necesitan viajar al extranjero. Además, las mujeres de estos países o de otros con legislaciones restrictivas, como Polonia, Malta o Andorra, en ocasiones tienen otra opción. Abortar en su país, pero fuera del sistema sanitario. Esto ocurre porque muchas compran pastillas abortivas, ya sea a través de alguna ONG o del mercado negro —por lo general, en internet—, lo que les permite interrumpir el embarazo por su cuenta, sin necesidad de viajar. Según expertos y organizaciones de mujeres, esta opción se ha vuelto cada vez más común en los últimos años.

No existen registros oficiales de este tipo de abortos, que se suman a los realizados en el extranjero. Por lo tanto, las mujeres que interrumpen sus embarazos de esta manera no figuran en las estadísticas oficiales. Sin embargo, los datos proporcionados por organizaciones que distribuyen pastillas abortivas permiten conocer hasta qué punto se utilizan en determinados países. Esta vía se ha convertido también en una solución en Ucrania, donde organizaciones feministas han enviado pastillas para las mujeres que debido a la guerra no pueden acceder con normalidad a un aborto en la sanidad del país.

Hasta 2023, Malta era el único país de la UE que mantenía una prohibición total del aborto. Ese año se introdujo una única excepción: se permite abortar si la vida de la mujer está en riesgo inmediato. Aun así, el acceso sigue siendo extremadamente limitado. El Gobierno maltés no ha publicado datos sobre abortos, pero Exporting Abortion, tras numerosas solicitudes de acceso a la información, ha podido confirmar que entre la entrada en vigor de la nueva ley en junio de 2023 y marzo de 2025, se realizaron únicamente cinco abortos: uno en 2023 y cuatro en 2024.

Al mismo tiempo, cada vez más mujeres en Malta optan por comprar pastillas abortivas por internet y usarlas para interrumpir su embarazo por sí solas —es decir, sin supervisión médica—. Desde 2020, se han enviado más de 2.000 lotes de pastillas a Malta, según datos de las principales organizaciones —Women on Web y Women Help Women— obtenidos a través de Doctors for Choice Malta. El número de envíos, además, se ha duplicado en cuatro años.

En 2021, Stephanie*, una joven maltesa de 25 años, se quedó embarazada pese a estar utilizando anticonceptivos. Apenas unas semanas después, al darse cuenta, decidió que quería abortar utilizando pastillas. En un contexto de ilegalidad, donde se han dado casos de profesionales sanitarios que denuncian a mujeres por tomarlas, sentía que no podía confiar en nadie: ni en su jefe, ni en sus hermanos, ni en su médico de cabecera.

Según la doctora Isabel Stabile, ginecóloga y fundadora de la ONG Doctors for Choice Malta, cada vez menos mujeres viajan para abortar porque "es mucho más fácil" conseguir las pastillas en Malta. La situación geográfica del país —una isla en medio del Mediterráneo— también influye en que muchas mujeres opten por autogestionarse su aborto sin viajar. Según la organización, mientras que las pastillas abortivas cuestan entre 80 y 120 euros, un aborto en el extranjero puede costar entre 2.000 y 3.000 euros. En otros contextos, sin embargo, hay mujeres que siguen optando por viajar incluso si lo que buscan son las pastillas abortivas.

Viajar para abortar o recurrir a las pastillas por su propia cuenta son dos caras de la misma moneda para las mujeres

Viajar y recurrir a las pastillas son dos caras de la misma moneda y, a veces, ocurren simultáneamente. Es el caso, por ejemplo, de las mujeres que viajan a Austria para acceder a un aborto farmacológico —una ruta común para mujeres de varios países, como las de Eslovaquia—. No obstante, no hay datos oficiales que permitan cuantificar estos flujos, ya que Austria no recoge estadísticas sobre abortos.

Táňa* es una mujer de Bratislava, Eslovaquia. Explica que se quedó embarazada el año pasado y no quería ser madre. "En cuanto lo supe, busqué en internet opciones para abortar con medicamentos. Quería hacerlo con pastillas, así que ni me planteé abortar en Eslovaquia, porque aquí no es posible. Uno de los primeros resultados que encontré fue una clínica en Viena. Me pareció buena opción y, como está cerca, no lo dudé", explica a Exporting Abortion. Táňa* tomó la primera pastilla abortiva en la clínica austriaca y recibió una segunda para tomar en casa. Muchas mujeres que viajan para abortar con medicamentos eligen este método para evitar alargar su estancia o tener que regresar al país de destino.

Leyes desiguales

La legislación vigente en Europa permite dividir a los países en dos grandes grupos. Por un lado, están aquellos que aún criminalizan el aborto en todas o casi todas las circunstancias, como Andorra, el Vaticano, Polonia, Malta, Liechtenstein o Mónaco. El Vaticano y Andorra son los únicos lugares del continente donde el aborto sigue totalmente prohibido. El primero es la sede de la Iglesia católica. El segundo, un micro Estado situado en los Pirineos entre España y Francia, mantiene una identidad profundamente católica que influye incluso en su jefatura de Estado. Como resultado, la mayoría de las mujeres andorranas viajan a países vecinos para acceder al aborto.

Cada año 130 mujeres viajan desde Andorra para abortar en España: sobre todo en Catalunya

Cada año, una media de 131 mujeres andorranas viajan a España para abortar, según datos verificados por Exporting Abortion. Casi todas lo hacen en Catalunya, la región fronteriza con Andorra. En el caso de Francia, no ha sido posible cuantificar el flujo, ya que el país no especifica el lugar de residencia de las mujeres europeas que abortan en sus clínicas.

La situación de Andorra es particularmente singular. El país tiene dos jefes de Estado: el presidente de Francia y el obispo de La Seu d’Urgell —una localidad catalana cercana al Principado—. Esta estructura revela la influencia de la Iglesia en el país y en su legislación. Además, la Constitución andorrana, aprobada en 1993, reconoce el derecho a la vida y lo protege en todas sus fases, lo que se interpreta como una prohibición absoluta del aborto. El código penal del país contempla penas de prisión tanto para quienes realicen abortos como para las mujeres que los soliciten.

El Gobierno de Andorra pretende despenalizar el aborto antes de que acabe la actual legislatura en 2027

En los últimos años, el Gobierno andorrano ha estado trabajando para despenalizar el aborto y redactar una nueva legislación al respecto. El cambio de liderazgo en el obispado de La Seu d’Urgell el año pasado y las negociaciones en curso con el Vaticano parecen estar abriendo el camino. "El Gobierno está trabajando para encontrar un encaje jurídico e institucional" y "esta labor se está realizando con discreción, con la intención de completarla dentro de la legislatura actual" —que finaliza en 2027—, señalan fuentes gubernamentales a Exporting Abortion.

Pero mientras eso no sucede, las mujeres en el país prácticamente no tienen otra opción que viajar al extranjero para poder abortar, sin importar sus circunstancias. Gina*, por ejemplo, fue violada cuando tenía solo 14 años. Estaba embarazada y no podía abortar en Andorra. Tuvo que viajar en autobús a Barcelona acompañada por su hermana. Gina*, que aún llora al recordar la experiencia, describe la situación como "muy traumática". "Me violaron y no quería tener ese hijo".

En contraste con los países que aún criminalizan el aborto, están aquellos que han legalizado la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras etapas de gestación. Es decir, permiten a las mujeres abortar voluntariamente —sin tener que justificarlo— durante un plazo que varía entre las 10 y las 24 semanas según el país. La mayoría de naciones europeas pertenecen a este segundo grupo.

Una vez superado el límite legal fijado por cada país, en la mayoría el aborto continúa siendo legal pero solo en circunstancias específicas. Estas suelen incluir situaciones en las que la salud del feto o de la mujer embarazada está en peligro. En estos casos, la decisión suele quedar en manos de comités clínicos —formados por al menos dos médicos— que evalúan si la condición de la madre o del feto justifica la interrupción del embarazo.

Mara Clarke: "Tienes la ley, que dice una cosa, y luego tienes la realidad, que es otra"

Eso es lo que dice la ley. En la práctica, sin embargo, el acceso al aborto —incluso donde es legal— sigue estando lleno de obstáculos. "Tienes la ley, que dice una cosa, y luego tienes la realidad, que es otra", afirma Mara Clarke, cofundadora de Supporting Abortions For Everyone (SAFE) y fundadora de Abortion Support Network. "En Europa muchos países parecen tener una ley perfecta, pero luego no es así. Si miras, por ejemplo, a Italia, el aborto está permitido voluntariamente hasta las 12 semanas, pero en la mitad sur del país el 95 % de los médicos no realiza abortos".

Incluso cuando las mujeres se encuentran dentro del plazo legal para abortar, hay médicos que se niegan a realizar el procedimiento. Invocan la objeción de conciencia —un concepto originalmente ligado al rechazo a portar armas o matar—, que se ha adaptado al ámbito sanitario. "Este derecho, en términos muy gráficos, es una "moneda de dos caras", porque mientras es un derecho para quien lo ejerce, priva a otra persona del derecho al servicio que se le está negando. En mi opinión, cuando el derecho de una mujer choca con el de otros, es el de la mujer el que siempre sale perdiendo", explica José Antonio Bosch, jurista español experto en derechos reproductivos y asesor de la Asociación de Clínicas Acreditadas (ACAI).

Este es el caso de las mujeres que viven en zonas como Alentejo (Portugal), Orava (Eslovaquia) o Jaén (España), donde existen auténticos desiertos sanitarios debido a que ningún profesional del sistema público realiza abortos. También hay países donde casi todas las regiones están afectadas por la objeción de conciencia, como Croacia. A pesar de contar con una ley que permite abortar libremente hasta la semana 10 de embarazo, más de 200 mujeres croatas viajan cada año a Eslovenia para interrumpir su embarazo, donde el plazo legal es el mismo.

"A pesar de su legislación, el acceso al aborto en Croacia se ve limitado por la objeción de conciencia de muchos médicos y hospitales. Muchas instituciones sanitarias no realizan abortos o imponen trabas administrativas adicionales. Además, existe una fuerte presión social y religiosa contra el aborto en Croacia", explica el Instituto Nacional de Salud Pública de Eslovenia a Exporting Abortion.

Estas "barreras administrativas adicionales" no son exclusivas de Croacia: están extendidas por toda Europa. Uno de los obstáculos más frecuentes surge cuando se detectan anomalías fetales. Dado que las pruebas médicas capaces de identificar malformaciones se realizan en etapas avanzadas del embarazo, es común que las mujeres superen el plazo legal para abortar voluntariamente. A partir de ese momento, la decisión de interrumpir el embarazo suele quedar en manos de un comité clínico.

Los criterios utilizados para tomar estas decisiones están definidos por la legislación de cada país, pero en la mayoría de los casos son extremadamente vagos. La mayoría de los países analizados no cuentan con una lista de anomalías consideradas aptas para justificar una interrupción del embarazo. Una excepción es Eslovaquia. En muchos lugares la falta de concreción conduce a diagnósticos dispares o, incluso, contradictorios para el mismo tipo de casos.

El criterio principal que suelen evaluar los comités clínicos en Europa es si el feto es incompatible con la vida. Otros factores incluyen la gravedad de la malformación, si la condición es incurable, la dificultad de llevar una vida digna o la presencia de múltiples patologías. Es en estas zonas grises es donde las decisiones de los comités se vuelven subjetivas —lo que lleva a muchas mujeres a buscar un aborto en el extranjero si se les niega la atención en su propio país o si enfrentan un proceso largo y extenuante—. Las decisiones de estos comités también contribuyen a que el acceso al aborto en Europa sea más discrecional y varíe significativamente entre regiones.

Más allá de Europa

A pesar de las desigualdades que existen en el continente, algunas mujeres que viven en otras partes del mundo se enfrentan a realidades aún más duras. Aquellas que pueden permitírselo viajan a Europa para acceder al aborto. Por ejemplo, entre 2019 y 2023, 86 mujeres residentes en Marruecos abortaron en España, igual que 66 de Brasil y 56 de los Emiratos Árabes Unidos. En estos tres países, el aborto no solo está prohibido en casi todas las circunstancias, sino que también está criminalizado.

En Marruecos, una mujer que aborte fuera de las escasas excepciones legales puede enfrentarse a hasta dos años de prisión. En Brasil, la pena puede llegar a los tres años, mientras que en Emiratos Árabes Unidos, un aborto intencionado fuera de las excepciones legales puede conllevar hasta cinco años de cárcel.

En otros países no existe ningún supuesto legal que permita el aborto —lo que significa que, incluso si la vida de la mujer embarazada está en riesgo, debe continuar con la gestación—. Las prohibiciones absolutas del aborto voluntario generan que incluso los abortos espontáneos se conviertan en sospechosos, con mujeres que pueden ser procesadas como si hubieran abortado deliberadamente. Este es el caso de Honduras, Filipinas, República Dominicana y El Salvador. Algunas mujeres de estos países también han viajado a España para abortar de forma segura, aunque en menor número. Por ejemplo, entre 2019 y 2023, 21 hondureñas y 16 filipinas viajaron a España para interrumpir su embarazo.

Este fenómeno no se da solo en España. Sin ir más lejos, el Reino Unido ha recibido a 228 mujeres de Emiratos Árabes Unidos entre 2019 y 2022. En el mismo período, también viajaron al Reino Unido 27 mujeres de Catar, 27 de Arabia Saudí y 23 de Kuwait para abortar.

El patrón es claro: las mujeres —europeas o no— no suelen viajar para abortar solo por proximidad geográfica, sino por necesidad —ya sea por las restricciones de su país de origen o para acceder a mejores servicios sanitarios en otro lugar—.

La información recopilada por Exporting Abortion muestra que las cifras de mujeres que abortan en el extranjero se deben, sobre todo, a ese acceso desigual al derecho al aborto. Un ejemplo claro son Bélgica y Países Bajos. Estos dos países vecinos tienen una gran movilidad entre fronteras, con personas que viven en uno y trabajan en el otro. Sin embargo, dado que el acceso al aborto es más fácil en Países Bajos y su ley ofrece más garantías, alrededor de 400 mujeres belgas viajan cada año allí para abortar, mientras que solo 16 mujeres residentes en Países Bajos lo hacen en Bélgica.

Lejos de casa, estas mujeres no cuentan con el apoyo ni los derechos que sus Estados deberían garantizarles si hubieran abortado en su país. Ese fue el caso de Diana Deste, la mujer española que fue rechazada por un comité clínico y no pudo acogerse a la baja médica que le habría correspondido tras abortar en nuestro país. O el de Carol McLoughlin, la irlandesa que tuvo que llevar los restos de su feto de vuelta a casa en su equipaje de mano: "El trauma de nuestra experiencia persiste y haber tenido que viajar para interrumpir el embarazo hizo que la situación fuera aún más horrible".

Exporting Abortion es una investigación periodística transnacional coordinada por Público en colaboración con medios y periodistas de toda Europa. Los periodistas que han participado en la investigación son, en orden alfabético, Joana Ascensão (Portugal - Expresso), Kristina Bohmer (Eslovaquia), Magdalena Chrzczonowicz (Polonia - OKO.press), Mayya Chernobylskaya (Alemania), Nacho Calle (España - Público), Maria Delaney (Irlanda - The Journal Investigates), Joanna Demarco (Malta), Armelle Desmaison (Francia), Emilia G. Morales (España - Público), Bru Noya (Andorra), Apolena Rychlíková (República Checa), Órla Ryan (Irlanda - The Journal Investigates), Sergio Sangiao (España - Público), y Margot Smolenaars (Países Bajos).

Esta investigación ha sido apoyada por Journalismfund Europe.