El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, ha denunciado que se enfrenta a un "golpe de Estado exprés" en su país. En apenas cinco horas, la Cámara de Diputados promovió por abrumadora mayoría un "juicio político" y el Senado se constituyó en "tribunal" para preparar un proceso de destitución contra el mandatario, acusado de mal desempeño en sus funciones por la reciente matanza en una operación de desalojo de "sin tierras" en una localidad del noreste del país.

Las dos cámaras han fijado un calendario de proceso que concluirá este viernes a las 16.30 horas (20.30 GMT) con la sentencia a Lugo. El presidente paraguayo ha declarado a la cadena Telesur que el proceso al que se enfrenta "es incluso anticonstitucional. Lo han hecho entre noche y madrugada".

El gobernante ha indicado que "se han unido hoy las fuerzas más conservadoras del país a pedir el juicio político sin ningún argumento válido" e insistió en que no hay "ninguna razón valedera" que lo amerite. Lugo confía en que al final "reine la racionalidad" entre los parlamentarios y él pueda salir "airoso de este juicio político injusto".

Lugo achaca a "las fuerzas más conservadoras" la petición de su "juicio político"

Los cinco diputados designados como fiscales expusieron sus razones para la destitución del presidente, quien había rehusado dimitir. Una de sus principales argumentos fue los 17 muertos en un enfrentamiento entre policías y campesinos durante un desalojo en Curuguaty, el pasado día 15, que tiñó de sangre el enquistado conflicto por la tierra en Paraguay. Asimismo, también acusaron a Lugo de instigar las ocupaciones de tierras en la región de Ñacunday, en la frontera con Brasil.

El mandatario ha puesto de manifiesto que existen indicios "claros" que apuntan a que el precandidato del Partido Colorado Horacio Cartes está detrás del proceso que enfrenta. "Cartes sabe que su candidatura no está creciendo. Y la única manera que pueda crecer su candidatura es eliminando a los candidatos también y al proceso democrático iniciado en el 2008", puntualizó.

El gobernante también señaló como responsables de la crisis a los que "no desean el cambio en Paraguay y los que creen que hay que eliminar este proceso democrático iniciado en el 2008. Los que se han beneficiado durante años y décadas de los bienes del Estado, los que han vivido privilegiadamente en los últimos años y (...) ellos están detrás de este golpe de Estado parlamentario".

La crisis en Paraguay suscitó una inmediata reacción internacional

Cartes es dueño de una incalculable fortuna que incluye bancos, haciendas ganaderas, tabaqueras y una embotelladora de refrescos que compite con Coca Cola en el mercado local. Fue habilitado para competir por la candidatura presidencial en 2013 en una cuestionada convención "colorada" realizada en enero pasado. En noviembre pasado, desmintió una acusación que lo vincula, según un informe filtrado a través de Wikileaks, junto al expresidente del Banco Central (BCP) Gabriel González en presunto lavado de dinero.

La crisis en Paraguay suscitó una inmediata reacción internacional: una delegación de ocho cancilleres de la Unasur, junto a su secretario general, Alí Rodríguez, acudió a Asunción a ver a Lugo por decisión de varios presidentes regionales reunidos en Río de Janeiro con ocasión de la conferencia de desarrollo sostenible de la ONU. La OEA y EEUU expresaron su preocupación por lo acaecido en Paraguay, demandando transparencia y garantías en el proceso a Lugo, mientras que el ALBA manifestó su rechazo por lo que percibió como una "maniobra de sectores de la derecha" paraguaya.

Asimismo, el presidente y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya, los obispos Adalberto Martínez y Edmundo Valenzuela, se reunieron con el presidente en un intento de lograr su dimisión o, como lo expresó el segundo, su salida "por la puerta amplia honrando todo lo que significa hoy su patriotismo".

El ALBA denuncia una "maniobra de sectores de la derecha"

Rodeado de algunos de sus ministros y jefes militares, Lugo pidió al Legislativo evitar un procedimiento que pueda ser "contrastado por la Historia" cumpliendo con los "trámites y plazos" que le ofrezcan "toda la garantía de una justa y legítima defensa". Pero Lugo se quedó solo en ambas cámaras, después de que su principal aliado en el Gobierno, el Partido Liberal, le retirara el apoyo ordenando la renuncia de sus cuatro ministros en el Gabinete. Sólo una diputada izquierdista votó a favor de Lugo en la Cámara Baja y tres senadores por una moción que habría concedido un respiro de tres días al presidente para preparar su defensa.

Caso de ser considerado culpable, Lugo será inmediatamente apartado del cargo, que asumirá de forma interina el vicepresidente, el liberal Federico Franco, hasta la celebración de elecciones generales prevista en abril de 2013.