Ana es guatemalteca, tiene 45 años y sufrió la interrupción de dos embarazos, uno en 2002 y otro en 2009. Se trataba de hijas (las dos eran niñas) buscadas, a las que se les paró el corazón en su interior, a causa de malformaciones congénitas. En ambos casos tuvo que someterse a una intervención para que le extrajesen los fetos, ya muertos. Si la “Ley para la Protección de la Vida y la Familia”, que actualmente se debate en el Congreso de Guatemala, hubiese estado en vigor, esta mujer se hubiese enfrentado a la posibilidad de ir a la cárcel. “Aborté dos veces, no lo busqué. Podría haber terminado en prisión”, dice Ana, que no quiere dar su apellido por estar divorciada y porque “no quiero involucrar a otras personas”.

La norma en debate, más conocida como Iniciativa 52/72, endurece las penas por aborto y limita su uso terapéutico, prohíbe la educación “en diversidad sexual o ideología de género (sic)” y reitera el veto al matrimonio o unión de hecho entre personas del mismo sexo. El proyecto de ley ha sido impulsado por Aníbal Rojas, diputado del partido Viva (Visión con Valores, fundado por Harold Caballeros, uno de los pastores evangélicos más influyentes del país). El texto ya ha pasado la primera y segunda lectura. Está previsto que el martes o miércoles de esta semana afronte la tercera y última. En caso de que sea aprobado definitivamente, y ya ha obtenido los votos suficientes en las dos ocasiones anteriores, solo tendrá que ser sancionado por el presidente, Jimmy Morales, evangélico y apoyado en los sectores más reaccionarios del país.

“La tentativa de la mujer para causar su propio aborto y el aborto culposo serán sancionados con penas de dos a cuatro años”, dice el proyecto de ley en su artículo 10, que modifica el 139 del Código Penal. Por “aborto culposo propio” se entienden los casos en los que se produce la muerte del feto por acciones involuntarias o que no buscasen su fallecimiento, según explica la ginecóloga Linda Valencia. Así, una guatemalteca que sufra una interrupción del embarazo por motivos naturales será investigada y enfrenta la posibilidad de ir a la cárcel. Eso mismo le hubiese ocurrido a Ana si, cuando tenía 29 años y sufrió su primera pérdida, la ley estuviese ya en vigor.

“El médico hubiese tenido que haber notificado que me habían practicado un procedimiento para abortar. Me tendrían que haber investigado para saber que no lo había provocado. ¿Como vas a explicar a la policía, al Ministerio Público, a un juez, lo que te pasó cuando estás en estado de shock?”, se pregunta.

La norma, en su artículo 13, incluye un apartado denominado “mortinatos” y que dice: “Cuando ocurriere la muerte natural o provocada del embrión o feto en el vientre materno, en cualquier etapa del desarrollo del mismo, desde la concepción, el médico que atienda el caso, estará siempre en el deber de rendir un informe de mortinato el que deberá ser proporcionado a los interesados que así lo soliciten, y remitido de oficio a donde corresponda”. Es decir, que el médico se convierte en policía. La ginecóloga Linda Valencia, con más de 15 años de experiencia, explica: “los médicos tendríamos que denunciar, ir a las cortes como testigos incriminatorios. Estaríamos faltando a nuestro secreto profesional”. Por otro lado, “las mujeres, en lugar de recibir atención como pacientes, deberían probar su inocencia”, alerta la doctora.

Si el proyecto entra en vigor, Guatemala entrará en la lista de países con la normativa más restrictiva del mundo en relación a los derechos de la mujer. En el vecino El Salvador, donde está prohibido el aborto bajo cualquier circunstancia, al menos 30 mujeres permanecen encarceladas tras perder a su hijo durante el embarazo. Fueron condenadas por homicidio a pesar de que ellas argumentaban haber sufrido problemas durante el parto.

Ana reconoce que su proceso fue traumático. Quería ser madre y su cuerpo lo rechazaba. Ahora, asegura, lo ha superado, tras pasar por terapia psicológica. Con 45 años no es una víctima potencial de esta norma. Sin embargo, su sobrina, que tiene 25 años, ha sufrido un problema similar. “¿Qué le ocurrirá a ella si vuelve a quedarse embarazada y lo pierde estando en vigor la ley?”, se pregunta, preocupada.

No hay datos oficiales sobre cuántos abortos espontáneos se producen anualmente en Guatemala. Sin embargo, Linda Valencia explica que la interrupción involuntaria del embarazo se produce en el 15% de los casos. Estas mujeres, ahora, corren el riesgo de ser criminalizadas.

Más cárcel y veto a la “ideología de género”

Para entender bien esta normativa, hay que acudir a su séptimo “considerando”, en el que dice “que ante la existencia de grupos minoritarios de la sociedad guatemalteca, que proponen corrientes de pensamiento y prácticas incongruentes con la moral cristiana, así como modelos de conducta y convivencia distintos al orden natural del matrimonio y de la familia, los que representan una amenaza al equilibrio moral de nuestra sociedad y por ende un peligro para la paz y la convivencia armónica de la gran mayoría de los guatemaltecos: es necesario emitir disposiciones legales que, en congruencia con el mandato constitucional, brinden una protección plena a las instituciones del matrimonio y la familia”. Además, la “diversidad sexual” queda definida como “el conjunto de pensamientos, tendencias y prácticas por las que determinados grupos de la sociedad adoptan una conducta sexual distinta a la heterosexualidad e incompatible con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano”.

La amenaza de cárcel contra quien sufra un aborto involuntario es solo una de las restricciones que incluye el proyecto de ley. En el resto de casos, se prevé un fuerte incremento de las penas. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que interrumpan su embarazo, la condena será de entre cinco y diez años de prisión, cuando actualmente el castigo estaba entre uno y tres. Para quien cause un aborto consentido por la mujer, entre seis y doce años (el doble en el caso de que este sea un médico), cuando actualmente está entre uno y tres. Además, incluye un nuevo apartado en el que señala que “quien en forma pública o privada, directa o indirectamente, por sí mismo o por conducto de terceras personas, con finalidad lucrativa o no, promueva o facilite medios para la realización del aborto, será sancionado con prisión de seis a diez años”.

También se incluyen limitaciones al aborto terapéutico. Ahora, serán dos, y no uno, los médicos que tengan que dar su visto bueno. Algo que afecta especialmente a las comunidades más pobres, donde en ocasiones ni siquiera cuentan con un galeno, o tienen que realizar largos desplazamientos para acceder a la atención básica. En Guatemala, seis de cada diez habitantes sufre condiciones de pobreza o pobreza extrema, según la última Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), de 2014.

En relación a la educación sexual, el artículo 15 señala que “se prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas, promover en la niñez y adolescencia, políticas o programas relativos a la diversidad sexual y la ideología de género o enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad o que sean incompatibles con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano”.
Por último, el matrimonio es definido como “la unión de hecho de un hombre y de una mujer, así nacidos”, en referencia a las personas transexuales, y se “prohíbe expresamente la declaratoria de unión de hecho entre personas del mismo sexo”.
Multitudinaria marcha apoyada por católicos y evangélicos
“Se trata de un proyecto de control, para que el Estado no pueda educar en diversidad sexual; de castigo, porque aumenta las penas por aborto; y de prohibición, porque veta el matrimonio igualitario”, denuncia Sandra Morán, diputada de la coalición de izquierdas Convergencia e impulsora de iniciativas de ley para el reconocimiento de la identidad de género o para la protección de menores que han sufrido violencia sexual.

“Estamos ante una ofensiva de los grupos antiderechos que ven cómo las leyes avanzan en otros países de Latinoamérica y no quieren que este movimiento llegue a Guatemala”, afirma Paula Barrios, de Mujeres en Movimiento.

Está previsto que la ley se discuta por tercera vez en el Congreso esta semana. Según explica Sandra Morán, el objetivo de quienes se oponen al proyecto es lograr que este decaiga por falta de cuórum en la votación. Sin embargo, ya ha sido aprobado en otras dos ocasiones, por lo que es probable que obtenga los 80 votos de 158 miembros del Congreso necesarios para que salga adelante. En ese caso, las organizaciones feministas y de Derechos Humanos prevén interponer recursos de inconstitucionalidad y ante instancias internacionales. Argumentan que muchas de las disposiciones de la ley violentan tanto la Carta Magna guatemalteca como los tratados internacionales suscritos.

El debate del proyecto de ley llega en un contexto convulso en el país guatemalteco. El viernes, el presidente, Jimmy Morales, anunció que no renovará el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una agencia anticorrupción dependiente de la ONU que le ha señalado en diversas ocasiones por financiación ilegal de su partido, FCN-Nación. En su alocución, rodado de militares, el mandatario se guardó un as en la manga. Cerró su intervención apelando a la “vida y la familia”, ubicándose en el campo contrario al aborto y al matrimonio igualitario. De este modo, trataba de evadir el debate sobre la corrupción para ubicarse en un terreno que para él es más favorable, el de las posiciones reaccionarias, en país donde el peso de la religión, tanto católica como evangélica, es muy fuerte. Existe un intento de aprovechar la situación por parte de Morales, cierto, pero tampoco hay que restar importancia a la existencia de una agenda anti derechos por parte de organizaciones fundamentalistas.

El domingo, miles de personas abarrotaron la plaza de la Constitución de Guatemala. Lo hicieron convocados por el lema “Guate por la vida y la familia”, en una marcha que recibió el apoyo de las grandes iglesias del país. Aunque los convocantes no hicieron mención explícita, se trata de una exhibición de fuerza de los partidarios de una ley que recorta los ya exiguos derechos sexuales y reproductivos existentes en el país centroamericano.