DACCA.- A Firoz, después de 14 años trabajando como conductor en la misma compañía textil en Bangladesh, un día a finales de 2015 su patrón decidió despedirlo. "Me dijeron que no hacía falta que regresara al día siguiente", lamenta. No hubo indemnización alguna ni agradecimiento por los servicios prestados. La fábrica para la que trabajó, ubicada en la localidad adyacente a Dacca de Narayanganj, es una de las más de 3.000 factorías exportadoras que hoy siguen sin tener representación sindical, tres años después de que más de 1.100 personas fallecieran en el complejo textil Rana Plaza en un derrumbe que sacudió al sector y obligó a profundas reformas.

Firoz quiere justicia, aunque en realidad no sabe qué debería recibir por los perjuicios ni tampoco cómo conseguirlo. Tiene un escaso conocimiento de sus derechos. Pero no es el único. "La mayoría de los líderes sindicales no tienen experiencia, ni liderazgo, ni capacidad. Ni siquiera conocen adecuadamente la ley laboral", subraya Alonzo Glenn Suson, director de Centro de Solidaridad en Bangladesh, una ONG que defiende los derechos de los trabajadores de la industria de la confección, el principal motor exportador nacional con unos de 25.500 millones de dólares de ventas en el ejercicio 2014-15.

La industria de la confección es el principal motor exportador de Bangladesh con unos 25.500 millones de dólares de ventas en el ejercicio 2014-15

En noviembre de 2012 se incendió la fábrica Tazreen Fashions y en abril de 2013 se colapsó el Rana Plaza. La combinación de los siniestros, ambos ocurridos a las afueras de Dacca, arrojó un balance de más de 1.240 víctimas mortales y cientos de heridos. La ola de presión sobre patrones, autoridades y multinacionales llevó al Gobierno bangladesí a aprobar en verano de 2013 una enmienda de la ley laboral que, entre otras cosas, flexibilizó la creación de sindicatos y abrió el terreno para regular tiempo después aspectos como el abono de dos pagas extraordinarias por vacaciones. Más recientemente se aprobó el registro de sindicatos incluso en las zonas de procesamiento de exportaciones, conocidas como EPZ por sus siglas en inglés y que tradicionalmente han tenido un sistema de regulación paralelo, mucho más opaco. 

¿Y a qué ha llevado esto? En los últimos tres años han surgido muchos sindicatos y una mayor conciencia obrera. Según datos de Centro de Solidaridad, hace un lustro apenas una docena de sindicatos que se habían registrado en años anteriores estaban en funcionamiento. En cambio, desde 2013 se han aprobado 330 nuevos, agrupados en treinta federaciones distintas.

Sólo tienen o han tenido representación sindical en torno a un 10% de las casi 3.500 fábricas exportadoras de Bangladesh

Analizados así, los datos son buenos, aunque la estadística extrapolada demuestra que sólo tienen o han tenido representación sindical en torno a un 10% de las casi 3.500 fábricas exportadoras de Bangladesh, para las que trabajan unos 4,4 millones de trabajadores, en su mayoría mujeres. Además, cerca de un centenar de esos jóvenes sindicatos o bien se acabaron disolviendo al poco tiempo por el cierre de la fábrica o se volvieron inactivos. Y lo que es más preocupante, la efervescencia de los dos primeros años se invirtió en 2015, periodo en el que casi tres veces más licencias fueron rechazadas (148) que aceptadas (61), una tendencia que ha continuado en 2016.

"Solo en la zona metropolitana de Dacca, el 75% de las solicitudes fueron rechazadas el año pasado. Es un nivel de rechazo altísimo. La explicación más probable es que se conciba a los sindicatos ahora como más independientes y eso cause el recelo de los propietarios", analiza el activista Suson. "No estamos en contra de los sindicatos", refuta Faruque Hassan, vicepresidente de la principal patronal del textil (BGMEA). Esgrime que las causas más probables para denegar permisos sean "técnicas" y vaticina que el objetivo de Bangladesh es que cada factoría llegue a tener al menos un comité sindical, "algo que -agrega- no sucede en ningún lugar del planeta".

Una empresaria española argumenta bajo anonimato que, pese a la "necesidad de que haya sindicatos", la realidad es que Bangladesh es un país sin cultura sindical en el que fácilmente podría darse una "politización" de los mismos. "Los empresarios tienen pánico. Necesitamos líderes sindicales que sean capaces de ejercer control. La mayoría de las huelgas tienen lugar, de hecho, en aquellas fábricas que ya pagan más de lo habitual. Tiene que darse también una protección de los intereses del empresario ante el chantaje".

¿Cómo de importante es entonces que los trabajadores tengan representación sindical? Al activista Suson se le ocurren muchas razones, pero destaca una: "hay una correlación evidente entre la seguridad ocupacional y la existencia de sindicatos". Es decir, en conseguir que el entorno laboral esté libre de riesgos. Y esto es algo muy importante en un momento de catarsis en el sector, en el que prácticamente la totalidad de las fábricas textiles se están viendo obligadas a acometer grandes y costosas reformas en los ámbitos estructural, eléctrico y de seguridad antiincendios para evitar que vuelven a suceder siniestros mortales.

Aunque todas las fábricas exportadoras han sido ya inspeccionadas desde el colapso del Rana Plaza, solo 26 han completado correctamente de momento los arreglos contemplados en los planes de viabilidad. Estas factorías están en su mayoría bajo el paraguas de Alliance, organismo supervisor que agrupa a los talleres que producen para las firmas norteamericanas, y dos de ellas están vinculadas a Accord, ente que representa a las grandes marcas europeas fundamentalmente, según los últimos informes de esos grupos.

Aunque todas las fábricas han sido inspeccionadas desde el colapso del Rana Plaza, solo 26 han completado correctamente de momento los arreglos contemplados en los planes de viabilidad

Comparativamente, el número de fábricas con las que estos organismos han suspendido relaciones por incumplimiento de planes es más del triple: 84. Y pese a que Alliance mantiene que el 49% de las reformas en sus 650 fábricas han sido ya implementadas, en Accord solo el 20,8% de las mismas en sus 1.676 talleres han recibido la pertinente aprobación y 1.488 de ellos (casi nueve de cada diez) llevan retardo en la implementación de los planes de viabilidad o este no ha recibido visto bueno.

Existe una tercera iniciativa inspectora, liderada por el Gobierno bangladesí y apoyada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que engloba a las factorías que no producen para firmas punteras y que avanza con mucha mayor lentitud, sin vías de financiación aún para pagar ingenieros que monitoricen las reformas.

El pasado enero, un alto cargo de la Unión Europea de visita en Bangladesh aseguró a este periodista que el proceso de lavado de cara de la industria se prolongaría seguramente durante más de una década y debería de ser llevado de la mano constantemente, más allá de la fecha de 2018 a la que aspiran los organismos supervisores financiados por las grandes marcas occidentales.

"Poner una fecha solo creará problemas", justifica Syed Ahmed, inspector general del DIFE, organismo supervisor gubernamental dependiente del Ministerio de Trabajo. "Definitivamente hemos hecho muchas cosas y vamos en la dirección correcta, el escenario es más seguro hoy".

Hassan, de la patronal BGMEA, secunda su postura. "Es verdad que pocas fábricas han completado la remediación, pero muchas han acometido la parte más crucial. En 2015 hubo por ejemplo muy pocos incendios en el sector y ninguna víctima", mantiene Hassan, mientras se muestra preocupado por los obstáculos con que se topan muchos empresarios para obtener liquidez, mediante préstamos bancarios ventajosos, que les permitan aplicar las reformas.

Y agrega que la transformación ha llegado en una época complicada para un sector muy competitivo, fundamentado sobre todo en la ley de los precios, en el que otros países emergentes como Etiopía, Birmania o Vietnam están irrumpiendo con fuerza. "Las principales divisas extranjeras se han devaluado frente al taka (moneda nacional bangladesí) en los últimos años", añade. Sin ir más lejos, el euro ha caído un 20% desde principios de 2012, lo que encarece notablemente el producto bangladesí. Y ahí aparece un cisma de grandes magnitudes.

Pese a que el salario
mínimo se ha doblado
desde el derrumbe del Rana
Plaza, "no es todavía un
sueldo digno", admite  el vicepresidente de la principal patronal del textil 

Por un lado, las grandes marcas quieren fábricas seguras en Bangladesh, pero no están dispuestas a pagar sus reformas a unos empresarios que en muchos casos se han amasado grandes beneficios durante décadas de laxitud y abogan por un precio más justo para su textil. Por otro, en el escenario planea la siempre velada amenaza de una deslocalización de la producción. "A las pequeñas empresas las están ahogando, mientras que las de mayor tamaño salen más boyantes. Se están pidiendo cosas que no se hacen ni en España", sostiene la empresaria española.

Y en medio de esta disputa se sitúan los trabajadores. Pese a que el salario mínimo se ha doblado desde el derrumbe del Rana Plaza, bien es cierto que tras muchos años congelado, en el seno obrero subyace la demanda de que tiene que seguir aumentando por encima de los 5.300 takas actuales (60 euros), que suelen llegar a redondearse en cerca de cien con horas extras.

"Hay presión para aumentarlo. No es todavía un sueldo digno", admite Hassan. Y entonces repite el mantra: "Esperamos seguir creciendo, pero nos estamos viendo obligados a reducir precios y costes". La guerra de costes, parece, seguirá prevaleciendo sobre otros elementos.