Las autoridades del Estado de Florida, en el sureste Estados Unidos, van a ejecutar este martes a un hombre, Paul Howell, después de que su abogado se olvidara de presentar dentro del plazo el recurso de apelación, razón por la cual las autoridades judiciales federales han rechazado la revisión del caso y el aplazamiento de la sentencia, según ha advertido la organización Amnistía Internacional (AI). Está previsto que Paul Howell sea ejecutado a las 18:00 horas locales del martes (medianoche en España) por el asesinato de un agente de la Policía Federal en 1992. El 19 de febrero, el Tribunal Supremo de Florida se negó a suspender la ejecución.

Los abogados que representan a Howell en la actualidad continúan presionando para que un tribunal paralice la ejecución a fin de que puedan presentar pruebas que demuestran que la asistencia letrada que recibió durante el juicio fue deficiente. Según sus actuales representantes, su primer abogado tenía un "conflicto de intereses" relacionado con el caso y el segundo abogado interpuso el recurso de apelación demasiado tarde, por lo que ningún tribunal federal ha revisado la sentencia.

"Aunque Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, hasta los partidarios de este castigo deberían estar preocupados por la calidad de la asistencia letrada dispensada, durante el juicio y durante la apelación, a un hombre acusado de un delito punible con la muerte", ha señalado el investigador de Amnistía Internacional sobre Estados Unidos, Rob Freer.

En febrero de 1992, Paul Howell fue acusado del asesinato del agente Jimmy Fulford, de la Policía Estatal de Florida, que murió a causa de la explosión de una bomba fabricada por el procesado. Al mismo tiempo Howell se enfrentaba a otros cargos con arreglo a una ley federal sobre narcotráfico. Aunque se asignó el mismo abogado defensor para ambas causas, posteriormente el abogado se retiró de la causa federal relacionada con el narcotráfico alegando que su esposa había recibido una llamada telefónica amenazadora.

Varios comentarios perjudiciales sobre su cliente vertidos por el abogado ante el tribunal federal (llegó a afirmar que creía que Paul Howell sería condenado y que su cliente estaba relacionado con la llamada telefónica amenazadora) fueron  citados más tarde por la fiscalía para que se retirara al abogado de la causa por asesinato. El juez se negó y el abogado siguió representando a Paul Howell en el juicio.

El 10 de enero de 1995, Howell fue declarado culpable y condenado a muerte, y se encuentra desde entonces en el corredor de la muerte. Según los abogados que lo representan actualmente, Paul Howell fue condenado sin que se llevase a cabo una investigación sustancial sobre sus antecedentes, que habría sacado a la luz una serie de factores atenuantes que el jurado habría debido conocer antes de tomar una decisión de vida o muerte. Entre estas circunstancias atenuantes, los abogados quieren demostrar que Howell sufre daños cerebrales causados por traumatismos craneoencefálicos y por la exposición a pesticidas cuando era niño, sustancias químicas que están prohibidas en Estados Unidos desde entonces.

Poseen asimismo pruebas que demuestran que sufrió numerosos abusos durante su infancia en Jamaica, donde nació y creció. Dos expertos que han examinado el caso han llegado a la conclusión de que estos abusos han podido dar lugar a un trastorno de estrés postraumático. Sus abogados citan además otros síntomas de enfermedad mental, como alucinaciones auditivas que se manifestaron cuando Howell sirvió durante su juventud en el Ejército estadounidense.

Según Amnistía, el abogado designado para representar a Paul Howell en la fase de apelación no presentó, dentro del plazo de un año establecido por la legislación estadounidense, la petición de hábeas corpus ante un tribunal federal. El 1 de diciembre de 2004, el tribunal federal de primera instancia resolvió que no existían "circunstancias extraordinarias" que justificaran la presentación fuera de plazo de la petición, por lo que desestimó la apelación. En 2005, el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito confirmó la decisión del tribunal federal de primera instancia y, en 2006, el Tribunal Supremo no quiso ocuparse del caso.

De ser ejecutado, según AI, Paul Howell se convertiría en el primer condenado a muerte de Florida que es ejecutado sin una revisión judicial federal sobre el transfondo de su causa. Aunque en los últimos años las condenas de muerte en Estados Unidos han ido disminuyendo, reduciéndose en dos tercios desde el periodo culminante en la década de los noventa, Florida es uno de los estados que no sigue esta tendencia. El año pasado se dictaron en Florida 22 condenas de muerte, más que en ningún otro año desde 1998.