Era difícil de imaginar que en pleno siglo XXI un presidente democráticamente elegido fuera secuestrado en su domicilio por el Ejército y trasladado en pijama a un país vecino. No es un pasaje de realismo mágico. Ocurrió en Honduras el 28 de junio de 2009. El establishment político, económico y militar perpetraba ese día un nuevo golpe de Estado en América Latina ante la estupefacción de algunos gobiernos latinoamericanos y la complacencia de Estados Unidos. Manuel Zelaya, expulsado a Costa Rica, pagaba así su adhesión al proyecto bolivariano de Hugo Chávez. El golpe dio paso a doce años de corrupción institucional bajo gobiernos del conservador Partido Nacional. Las elecciones de este domingo podrían acabar con esa impunidad si la candidata progresista Xiomara Castro, esposa de Zelaya, derrota al oficialista Nasry Asfura.

Honduras decide en las urnas mucho más que una sucesión presidencial. En juego está la supervivencia o el fin de un régimen que ha amparado al narcotráfico desde que Juan Orlando Hernández (JOH) llegara al poder en 2014. Una corte de Nueva York condenó en marzo de este año a su hermano, Juan Antonio Hernández, Tony, como operador privilegiado de los carteles de la droga. La sentencia del juez del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Castel, apuntaba a la connivencia del mandatario con el hampa: "Juan Antonio Hernández actuó como intermediario en los sobornos que los narcotraficantes brindaron a políticos de alto nivel en Honduras, como el propio Juan Orlando Hernández o el expresidente Porfirio Pepe Lobo, ambos del Partido Nacional". El magistrado consideraba probado que Tony aceptó una oferta del jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán (hoy encarcelado en Estados Unidos), de un millón de dólares para la campaña presidencial de JOH, "a cambio de una promesa de protección para sus cargamentos de droga".

A la luz de los juicios celebrados en Nueva York contra el hermano del presidente hondureño y varios narcotraficantes, el centro de investigación periodística InSight Crime ha concluido que las pruebas reunidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos dejan "pocas dudas de que los políticos más influyentes de Honduras, incluido el presidente -un importante aliado de Washington- reciben millones de dólares de los traficantes para financiar campañas y consolidar su poder".

"Autocracia electoral"

Para acabar con esa "autocracia electoral", como ha denominado a Honduras el Servicio de Investigaciones del Congreso de Estados Unidos, la oposición no solo tendría que hacerse con la presidencia sino asumir también el control del Congreso, cuyos diputados se eligen también este domingo.

Según las encuestas, Xiomara Castro (62 años) cuenta con posibilidades de convertirse en la primera mujer presidenta de Honduras. Al frente del partido Libre (Libertad y Refundación), fundado por Zelaya en 2011, Castro trenzó una alianza de última hora con Salvador Nasralla, un ex presentador de televisión que en 2017 estuvo a punto de derrotar a Hernández. Las últimas encuestas, publicadas hace varias semanas, otorgaban una ventaja a Castro (34% frente al 21% de Asfura, según la consultora Cespad). Otras encuestas más próximas al oficialismo mostraban una ligera ventaja de Asfura. En un alejado tercer lugar aparece el candidato del Partido Liberal, Yani Rosenthal, quien pasó tres años en una cárcel estadounidense por blanqueo de capitales.

En todo caso, la alianza entre Libre y el partido de Nasralla difícilmente logrará la mayoría en el Congreso, vital para la elección de un nuevo poder judicial. Con un programa de gobierno socialdemócrata, Castro plantea una lucha decidida contra la corrupción y una apuesta por la salud y la educación pública, entre otras medidas. "Honduras requiere una profunda refundación y eso pasa por un proceso de desmilitarización de la vida pública, una depuración de las fuerzas de seguridad del Estado, vinculadas con el crimen organizado, y una garantía de que la alta magistratura sea fruto de la meritocracia", explica a Público Joaquín A. Mejía, investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) de Honduras. Para Mejía, "se requiere la convocatoria de un gran diálogo nacional para la generación de un proceso de transformación democrática y la creación de un nuevo Estado. El primer paso es sacar al narcotráfico del poder".

Conocido entre sus seguidores como "Papi a la orden" o Tito Asfura, el candidato del oficialismo es un empresario de la construcción de origen palestino que ha sido alcalde de Tegucigalpa durante dos mandatos y defiende los postulados propios de su espacio político: un conservadurismo moral (es antiabortista) y una concepción neoliberal de la economía. Con Asfura en la presidencia, Hernández respirará tranquilo.

Hasta ahora, ha sentido el aliento del Departamento de Justicia estadounidense, pero otras instancias gubernamentales en Washington lo consideran todavía un aliado necesario. El Departamento de Estado, responsable final de que los golpistas hondureños se fueran de rositas en 2009 al avalar unas elecciones ese mismo año sin garantías democráticas, ha mirado hacia otro lado durante el mandato de Hernández. La situación estratégica de Honduras en Centroamérica ha hecho que sea un socio privilegiado de la Casa Blanca durante décadas por sus múltiples intereses en la región (políticos, económicos y de control de las rutas del narcotráfico).

"Van a ser unas elecciones muy reñidas. El Partido Nacional, que ha estado en el poder desde el golpe de Estado, no solo controla las instituciones, sino que ha ido tejiendo una red clientelar para obtener votos. Para ello y a través del presupuesto, el presidente ha aprobado, por ejemplo, la transferencia a un millón de personas de un bono de unos 200 euros con fines claramente electorales", asegura Mejía.

Pobreza, corrupción y violencia

En permanente crisis económica, Honduras es el segundo país más pobre de América Latina, solo por detrás de Haití, según datos del Banco Mundial. A las catástrofes naturales y la corrupción se han sumado ahora los estragos de la pandemia para espolear de nuevo las corrientes migratorias hacia Estados Unidos. La violencia, además, está desenfrenada. Según la oficina en Honduras del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, la violencia política preelectoral ha dejado ya una treintena de muertos, una cifra superior a la registrada hace cuatro años.

Las elecciones de 2017 estuvieron ya marcadas por la violencia y las acusaciones de fraude electoral. Hernández se proclamó presidente con una ventaja de poco más de un punto. El líder conservador se presentaba a un segundo mandato. Dos años antes, y gracias a su control del poder judicial, logró que la Corte Suprema anulara una disposición de la Constitución que impedía la reelección presidencial. La excusa de los golpistas para derrocar a Zelaya en 2009 fue precisamente el intento del entonces presidente de realizar una consulta para la elaboración de un nuevo marco constitucional que, entre otras medidas, abriera la puerta a la reelección.

Quien no tiene ninguna probabilidad de ser el próximo presidente de Honduras es otro candidato que ha pasado desapercibido entre la docena de aspirantes de la contienda. Se trata de Romeo Vásquez, al frente de la Alianza Patriótica Hondureña (APH). Su presencia en los comicios es una ironía más del destino y la prueba palmaria de que nada ha cambiado en la tierra de la eterna primavera. Quien recorriera las calles de Tegus (como llaman los hondureños a su capital) entre julio y noviembre de 2009, nunca podrá olvidar la presencia amenazante del Ejército, los disparos a los manifestantes pro Zelaya, el asesinato de aquel joven que se parapetó en la valla del aeropuerto para recibir a un presidente derrocado que, en otra escena digna del realismo mágico, pretendía aterrizar en la pista principal y ser llevado en andas por miles de simpatizantes. El general al mando de ese ejército golpista y criminal era Romeo Vásquez.