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Hungría Del 'Hi dictator' a la ley anti-LGTBi: la deriva de Orbán que la UE no ha frenado a tiempo

Los líderes europeos se han preguntado durante la última cumbre europea cómo Víktor Orbán ha pasado de ser un líder liberal que allanó el camino de Hungría a la UE en la gran china en el zapato del bloque comunitario. Su deriva no es nueva y Bruselas recoge los frutos de no haberla frenado a tiempo.

El primer ministro húngaro Viktor Orban.
El primer ministro húngaro Viktor Orban. EFE / OLIVIER MATTHYS

Corría el año 2015 cuando Jean-Claude Juncker, entonces presidente de la Comisión Europea, saludó al primer ministro húngaro a la voz de "Hi, dictator". El líder del Fidesz ya había dejado de ser el luchador libertario con el que inició su carrera política. Durante la última cumbre europea, marcada por la nueva ley homofóbica del enfant terrible de la política europea, muchos líderes europeos se han preguntado qué ha pasado durante este tiempo. "Antes eras liberal, ¿qué ha ocurrido?", le preguntaba el presidente francés Emmanuel Macron. "Hace cinco o seis años comí con Orbán y mi marido en Budapest. Hoy no lo reconozco. No es el mismo y es muy triste", señalaba el primer ministro luxemburgués Xavier Bettel.

Lo que ha ocurrido es que el líder ultranacionalista ha ido progresivamente haciendo de la política identitaria su máquina de votos y de odio, frente a la impotencia de las instituciones europeas. 2015, con Europa sumida en la mayor crisis migratoria en sus fronteras desde la Segunda Guerra Mundial, le dio el escenario perfecto para acentuar su nacionalismo y su choque con Bruselas. Para hacer frente al drama migratorio, la UE selló un acuerdo de reparto de refugiados equitativo entre los Estados miembros. Hungría se plantó y desobedeció al grito de que "el islam pronto será mayoría en Europa y occidente se hundirá" y de que "la última esperanza de Europa es el cristianismo".

Esta negativa lo ha sentado ante el Tribunal de Justicia de la UE. El país magiar arrastra innumerables casos ante la corte de Luxemburgo por sus sistemáticas violaciones del acervo comunitario y de los valores europeos fundamentales. "Los gobiernos iliberales hacen grandes esfuerzos para aparentar que todo lo hacen de acuerdo con la ley. Lo que hace el caso húngaro diferente es que las violaciones de derechos humanos atienden a las emociones, a las políticas identitarias y al nacionalismo como medida de unidad para excluir a los que son diferentes", explica Petra Bard, académica húngara, en el webinar ¿Qué puede y debe hacerse bajo el Artículo 7?.

A la medida anti-LGTBi en el sistema educativo se une la ley para impedir adoptar a personas homosexuales, otra que condena el vivir en la calle, el cierre de medios de comunicación independientes o la expulsión de la universidad centroeuropea (CEU) de Budapest. Recientemente, Orbán también ha abogado por el desmantelamiento del Parlamento Europeo. "Solo aquellos a los que la democracia le desagrada piensan en derribar parlamentos", le respondió David Sassoli, presidente de la cámara.

"Durante los últimos dos días solo se habla de la ley LGTBi, pero esta no puede hacerse sin desmantelar el Estado de Derecho. La muerte del Estado de Derecho es una provocación vergonzosa y brutal progresiva en el país. Hungría no es un Estado de Derecho, no hay equilibro en la separación de poderes. Tras 10 años, el proceso autoritario ha terminado. No es como las dictaduras del pasado, sino un sistema autoritario porque cuenta con instituciones legales pero no respeta ninguno de los derechos de la oposición y ni los valores europeos fundamentales", detalla Zoltán Fleck, investigador de la Universidad de Lorand en el citado encuentro virtual.

Ha sido, precisamente, la nueva normativa que prohíbe hablar de homosexualidad en las aulas la que ha puesto a Orbán contra las cuerdas de sus socios comunitarios. No se recuerda un debate tan frontal en una cumbre europea de una gran mayoría de Estados miembros contra otra. Ni tan emocional. La legislación húngara ha traspasado numerosas líneas rojas y la reacción ha sido tal, que algunos Estados como Países Bajos le han enseñado a Budapest la puerta mara marcharse. "Si no respeta los valores europeos, no tiene cabida en el bloque comunitario", señaló Mark Rutte.

Pero los tratados no permiten expulsar a un socio del club. La única vía es que el país active de forma voluntaria el Artículo 50 pidiendo su retirada, como hizo en su momento el Reino Unido. Pero Hungría no quiere ni le interese abrir la puerta de salida. La modernización del país ha venido de mano de los fondos europeos, de los cuales es un gran beneficiario. Orbán se nutre, además, del choque con los que considera los burócratas de Bruselas para tener un responsable directo al que acusar cuando las cosas marchas mal en casa.

¿Qué puede hacer la UE?

El gran instrumento que vela por el respeto de los derechos y valores europeos fundamentales es el Artículo 7. El conocido como botón nuclear retira el sagrado derecho de voto y de veto en la mesa de negociación del Consejo Europeo. Pero para consumar su activación precisa de unanimidad entre los 27, algo que a corto plazo no ocurrirá. Hungría no está sola. El Parlamento Europeo inició este procedimiento en 2018, pero pocos meses antes, Polonia se convertía en el primer país en la historia de la UE bajo este mecanismo, esta vez impulsado por la Comisión Europea.

Una de las grandes bazas que el club tiene para presionar ante las tendencias autoritarias es el dinero

Sin embargo, más de tres años después, no solo nada ha cambiado, sino que la situación de los derechos humanos en Varsovia y Budapest ha empeorado bajo la mirada laxa de Bruselas. La Comisión Juncker no paró esta deriva a tiempo y la que abandera Ursula von der Leyen ha recogido esta herencia envenenada con todavía más laxitud.

Una de las grandes bazas que el club tiene para presionar ante las tendencias autoritarias que arraigan en el este es el dinero. El acuerdo sobre el Fondo de Recuperación Europeo condiciona por primera vez la llegada de las ayudas al respeto del Estado de Derecho, pero los supuestos y su implementación todavía son vagos. La otra pata para defender los valores comunitarios es el TJUE, la máxima instancia judicial europea que tiene primacía sobre las cortes nacionales. Pero desde que se inicia un procedimiento de infracción hasta que se dirime en Luxemburgo pasan meses, y en la mayoría de los casos, años, lo que da a las democracias iliberales la banda ancha necesaria para seguir desmantelando sus Estados de Derecho.

¿Qué no ha hecho?

A la UE le ha faltado reaccionar con contundencia y rapidez a los ataques sobre los medios de comunicación, la oposición o los derechos de las minorías en Hungría o Polonia, que son derechos atacados sobre todos los europeos. "La capacidad de reacción ante lo que pueden ser incumplimientos flagrantes de obligaciones jurídicas de los Estados miembros no es fácil. Tiene unas dinámicas que para muchos son muy lentas. No cabe duda de que el Artículo 7 no ha sido eficaz porque en el fondo es un planteamiento más declarativo que dispositivo", reconocen fuentes diplomáticas.

La Comisión Europea reacciona con contundencia a temas sobre, por ejemplo, competencias o prácticas antimonopolio. Pero se hace más pequeña a la hora de defender los valores europeos. Von der Leyen debe su puesto a las capitales, ya que no fue designada por los líderes europeos y no por el mecanismo de Spintzenkadidaten que exigía el Parlamento Europeo. La alemana, en línea de la pragmática Angela Merkel, ha evitado el choque con los rebeldes de Visegrado (el grupo compuesto por Hungría, Polonia, Chequia y Eslovaquia). Bien por falta de voluntad, por miedo a su reacción o por no pegarse un tiro en su propio pie. La falta de contundencia ha sido interpretada por los Gobiernos en deriva cleptocrática, como el de Orbán, como una carta blanca para seguir debilitando la separación de poderes y atacando los derechos fundamentales.

La cumbre europea de esta semana ha puesto en evidencia que alzar la voz y condenar de forma férrea los abusos puede tener más implicaciones a corto plazo que los engorrosos procedimientos de infracción. Orbán no se esperaba esta dureza por parte de sus socios comunitarios. Y se ha quedado aislado bajo el solo amparo de su aliada Polonia. Aunque se mantiene firme en no dar marcha atrás a su ley anti-LGTBi, algo ha cambiado en su regreso a Budapest. Sin embargo, poco hace entrever que vaya a ser algo más que un susto. El dictator afronta unas elecciones cruciales en 2022 y sabe que su choque con Bruselas en nombre de la soberanía magiar es una buena máquina de votos.

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