"Hemos hecho todo lo posible para detener este proyecto de ley", afirma Tamás Dombos, portavoz de Hátter, organización húngara en defensa de los derechos LGTBI. "Pero no ha servido para nada". Se refiere a la propuesta debatida por el Parlamento húngaro el pasado 4 de mayo en la que el partido en el Gobierno, el Fidesz de Víktor Orbán, pedía cambiar las leyes húngaras para impedir que las personas transexuales puedan cambiar de género legalmente, fijando el género designado al nacer como el único posible ante la administración. "El secretario del comité de Justicia llegó a afirmar durante el debate que lo que piensen las personas afectadas por esta ley es irrelevante para aprobarla o no", lamenta Dombos.

Pero, ¿cómo protestó Hátter? El debate se realizó en el Parlamento húngaro, situado en Budapest, que es el único municipio en toda Hungría que no ha salido aún del confinamiento en plena desescalada. Al ser considerado principal foco de infección –la ciudad concentra la mitad de los 3.150 contagiados y 383 fallecidos por covid-19 en el país al cierre de esta información–, el Gobierno de Orbán, que obtuvo poderes especiales a finales de marzo con la llamada ley Habilitante para gobernar por decreto sin control parlamentario por tiempo ilimitado, decidió mantener la parálisis de la capital.

Las razones médicas pueden ser obvias, pero la oposición también ha señalado las políticas: en Budapest gobierna Gergely Karácsony, político ecologista líder de una coalición de todas las fuerzas de la oposición contrarias al Fidesz. Su victoria el pasado otoño se interpretó como un indicio de la táctica a seguir por la oposición democrática al régimen de Orbán. La crisis económica siguiente a la pandemia será imposible de paliar con los fondos municipales, volviendo al consistorio más dependiente del Gobierno central.

Al mismo tiempo hace bastante más difícil protestas como las de diciembre de 2018, cuando miles de húngaros colapsaron la plaza Kossuth Lajos, sede del Parlamento, para protestar contra una nueva legislación laboral finalmente tumbada. El pasado 20 de abril el único conato de protesta en las calles de Hungría respetando las normas del confinamiento fue una manifestación de coches haciendo sonar el claxon en el centro de los principales municipios del país. Protestaban por la "evacuación" de más de 36.000 camas de hospital para hacer sitio a los enfermos por covid-19 –recordemos, apenas 3.150 confirmados en todo el país– que dejaban sin tratamiento a personas operadas recientemente o ingresadas pocos días antes.

Hátter no ha hecho nada tan espectacular pero sí "todo lo posible", explica Dombos a Público. "Iniciamos un debate con el Gobierno, presentamos una opinión por escrito, trabajamos con miembros del Parlamento, informamos a organizaciones internacionales de derechos humanos y lanzamos la campaña en las redes sociales #drop33". Los esfuerzos para crear conciencia tuvieron éxito: "Tanto los medios de comunicación húngaros como los internacionales informaron sobre los acontecimientos, y varios órganos del Consejo de Europa, la Unión Europea y las Naciones Unidas condenaron el proyecto de ley". Pero "al gobierno de Hungría no parece importarle".

No solo los Derechos Humanos de las personas trans y la comunidad LGTBI se ponen en cuestión aprovechando la parálisis de las movilizaciones por el confinamiento durante la pandemia. El mismo 5 de mayo, el Parlamento magiar también aprobó una declaración por la cual decidía que el país no incorporará los principios legales del Convenio de Estambul en la lucha contra la violencia machista.

Esta votación fue duramente criticada por Amnistía Internacional, que ha lanzado una campaña internacional de condena buscando la presión de Bruselas. David Vig, director de la organización en Hungría, recordó que los casos de violencia machista registrados en el país se han duplicado desde que comenzó el confinamiento y que decisiones políticas de este tipo "no sólo ponen a las mujeres y las niñas en peligro, sino que también transmite a los maltratadores el mensaje de que sus actos no serán perseguidos judicialmente".

La ONG estadounidense Freedom House pasó este mismo abril a considerar a Hungría como "un régimen híbrido o gris" entre la democracia liberal y la autocracia, categoría que no otorga a ningún otro país de la UE y que en Europa solo reciben también Ucrania y Georgia.

En Polonia se retrasan las normas contra el aborto y la educación sexual

El pasado 14 de abril en Polonia la protesta de las feministas eslavas sí tuvo más éxito. Se convocaron manifestaciones guardando la distancia de seguridad, con mascarillas, guantes y solución alcohólica para lavarse las manos con cierta regularidad ante el Parlamento polaco, además de una campaña online, #ProtestAtHome, en la que se subieron fotografías del edificio con carteles y otros eslóganes, que fue apoyada por organizaciones de todo el mundo, incluida España o el movimiento de los pañuelos verdes en Argentina.

Los dos proyectos de ley que el partido Ley y Justicia (PiS) decidió posponer, que no paralizar, restringían por una parte los supuestos en los que el aborto es posible en la ley polaca –según Amnistía Internacional, "hasta hacerlo casi imposible"– y, por otro, eliminaban la educación sexual de las escuelas. Hasta el punto, según denuncian las asociaciones en defensa de los derechos de las personas LGTBI, de proponer el encarcelamiento con penas leves de los docentes que impartiesen dichas clases.

En este caso se trata también de una disputa del Gobierno polaco con el de su capital. En Varsovia gobierna Rafal Trzaskowski, quien inauguró su mandato en febrero de 2019 firmando una declaración en la que el Ayuntamiento de Varsovia defendía los derechos de la comunidad LGTBI e iniciaba una serie de programas educativos y sociales para protegerlos. El actual regidor varsoviano sucedió en el cargo a Hanna Gronkiewicz-Waltz, referente del partido Plataforma Cívica que creó Lech Walesa y al que pertenece el ex primer ministro polaco y expresidente del Consejo Europeo Donald Tusk, y con mayor potencia simbólica por ser una mujer alcaldesa en un país donde también retroceden los derechos de la mujer.

Polonia ha retrasado también la celebración de las elecciones presidenciales previstas para el domingo 10 de mayo, de momento sin nueva fecha, aunque será "la primera posible". La alternativa era celebrar los comicios completamente con voto por correo, debido a las restricciones de la cuarentena. Se trata de otra derrota para el PiS debida a la presión social, ya que los ultraconservadores polacos temen que las consecuencias a largo plazo de la pandemia de covid-19 afecten a la reelección del actual jefe de Estado, Andrzej Duda.