La ilegalización de partidos en Europa, una práctica en extinción con la mancha de Ucrania

Desde su irrupción en las instituciones democráticas, la formación ultraderechista Vox ha hecho campaña por la ilegalización de los partidos que promueven la independencia, como ERC o EH Bildu. Una medida que incluso llegó a deslizar el PP en 2017, en pleno auge del procés en Catalunya.

Con el año electoral marcando el paso en España, el partido de Santiago Abascal ha redoblado esta ofensiva en el Congreso de los Diputados, incrementando sus llamadas a prohibir la vida política de EH Bildu. ¿Se ilegalizan partidos políticos en Europa?

La vecina Portugal es uno de los países con las legislaciones más restrictivas de la UE. Los lusos prohíben la presencia de formaciones regionalistas que defiendan la separación del país. Un caso sui generis que no se aplica, por ejemplo, en Alemania, donde existe el partido que reivindica la independencia de Baviera. O en Italia, donde la ultraderechista Liga de Matteo Salvini nació con la ambición y la prioridad se secesionar el norte de Padania.

"La prohibición de partidos viene principalmente de formaciones de extrema derecha o izquierda, fundamentalistas religiosos o separatistas con vínculos a grupos terroristas", concluyen en su análisis los profesores Angela Bourne y Fernando Casal Bértoa.

El patrón que impera es el del veto a grupos políticos en periodos de transición donde se pasa del autoritarismo a la democracia. Así, la ilegalización en Alemania, Austria o Italia bebe de formaciones con raíces fascistas, y en Lituania o Moldavia, con filiaciones comunistas.

Sin embargo, hay excepciones. Es el caso del ultraderechista Bloque Flamenco, disuelto en Bélgica en 2004 por motivaciones racistas, o el Partido de los Trabajadores checo en 2010, que fue considerado por un tribunal como un "peligro para la democracia".

En el análisis de este dilema, el Consejo de Europa refleja que, por un lado, la ideología de partidos extremistas pone en aprieto los principios democráticos y los derechos humanos, pero estipula que los regímenes democráticos deben proporcionar las garantías de libertad de expresión y de asamblea. Por ello, aboga por encontrar un "equilibrio" entre ambos postulados.

En sus conclusiones, el organismo con sede en Estrasburgo subraya que "el pluralismo político es uno de los principios fundamentales de la democracia" y pide limitar las restricciones de los partidos a algo "excepcional" en caso de que exista una amenaza clara para el orden democrático del país. "Un partido político solo debe ser disuelto como última opción", reza.

Alemania

Ese argumento fue el que prevaleció en el dictamen del Constitucional alemán en 2017, cuando falló en contra de ilegalizar el partido Nacionaldemócrata (NPD) -el mayor partido nazi post 1945-, al que considera islamófobo y antisemita. La corte permitió su integración en la vida política esgrimiendo el poco riesgo, amenaza y trascendencia que supone.

El debate tomó fuerza tras la irrupción el mismo año de la extrema derecha de Alternativa por Alemania (AfD) por primera vez en el Bundestag tras cinco décadas. Sin embargo, las llamadas a su ilegalización han sido escasas.

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial y de la posterior Guerra Fría, Konrad Adenauer fijó la base legal para prohibir partidos de herencia nazi como el Partido Socialista del Reich. En 1956, se prohibió el Partido Comunista de Alemania.

Repúblicas exsoviéticas

Hace dos años y medio, Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, afirmó en Twitter que "ya son siete países europeos donde el comunismo es ilegal, todos los países que lo sufrieron". Esta es una afirmación falaz. En Eslovaquia, Chequia y Polonia, el Partido Comunista está legalizado y participa en los procesos electorales. No es el caso de Letonia y Lituania, donde la formación está vetada de la vida política desde 1991.

En plena deriva democrática y de restricción de los derechos fundamentales, el Partido Ley y Justicia (PiS), aliado de Vox en la Eurocámara, ha maniobrado para ilegalizar el Partido Comunista en el país.

Desde su aterrizaje en el poder en 2015, el Gobierno ultra polaco libra un choque con Bruselas, que le acusa de dilapidar la separación de poderes y la independencia del poder judicial. El fiscal general, muy ligado a los designios del Ejecutivo, pidió en 2020 la suspensión del Partido Comunista polaco, que recibe las siglas de KPP, algo que no se ha consumado. La Constitución polaca permite la participación de todos los partidos siempre y cuando no sean "fascistas, nazis o totalitarios".

Ucrania y Rusia

Apenas un mes después del inicio de la invasión rusa y aprovechando la ley marcial, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski suspendió la participación de once partidos políticos alegando cuestiones de seguridad nacional por sus presuntos vínculos con la Rusia de Vladimir Putin.

La mayoría de estos partidos eran formaciones pequeñas, pero también se encontraba uno de los mayores partidos de la oposición, la Plataforma por la Vida, que contaba por entonces con 44 asientos en el Parlamento. Su líder, Víktor Medvedchuk, es un oligarca con buenas relaciones con el presidente ruso.

Por aquel entonces, ya estaba ilegalizado en el país el Partido Comunista y pocos meses después llegó la del Partido Socialista en base a "vínculos prorrusos".

Tras el veto al Partido Comunista en 2015, Amnistía Internacional advirtió de que este movimiento sentaba "un peligroso precedente" y un "retroceso" de Kiev en el camino de las reformas y del respeto de derechos humanos. Los grupos de izquierda han denunciado que estos últimos movimientos suponen una afrenta a la democracia y los derechos civiles del pueblo ucraniano.

El Gobierno ruso, por su parte, también ha maniobrado para acallar a la oposición y la disidencia y sobre él se centran las sospechas del envenenamiento y posterior encarcelamiento de Alexei Navalni, principal líder de la oposición.

Irlanda

La prioridad del Sinn Féin, antiguo brazo político del Ejército Republicano Irlandés (IRA) pero cuyo nacimiento se remonta a 1905, es la separación del Reino Unido y la reunificación de Irlanda. La semana pasada, la formación que lidera Michelle O'Neill logró una victoria histórica en las elecciones municipales y allanó el camino para su triunfo en las generales de 2025.

El partido republicano es un actor clave en la vida política de Irlanda del Norte y su participación no es cuestionada por lo mucho que hay en juego: los acuerdos de paz de Viernes Santo.

Su caso es quizá el más próximo a EH Bildu: ambos cuentan con exmilitantes de antiguas organizaciones terroristas, pero todo lo que les une también les distancia. Ya que, a diferencia de España, la transición a la vía política se ha ido normalizando con una comunicación fluida y respetuosa del Sinn Féin tanto con el Gobierno irlandés como con el británico.