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Israel y Hamás tendrán que rendir cuentas ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra

La Corte Penal Internacional tiene jurisdicción para investigar los presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel y Hamás en los territorios palestinos ocupados, lo que constituye un primer paso para acabar con la impunidad en Oriente Próximo. Aunque los procedimientos se prolongarán durante muchos años, la decisión solo incidirá en la resolución del conflicto si la comunidad internacional se la toma en serio.

Un miembro de las fuerzas de seguridad palestinas de Hamas camina frente a las ruinas de un edificio tras un ataque aéreo israelí. / REUTERS - MOHAMMED SALEM
Un miembro de las fuerzas de seguridad palestinas de Hamas camina frente a las ruinas de un edificio tras un ataque aéreo israelí. / REUTERS - MOHAMMED SALEM.

La decisión anunciada el viernes de que la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos en los territorios palestinos ocupados de la Franja de Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén oriental, abre el camino para investigar los atribuidos a Israel y Hamás.

Comienza así un proceso que sin duda será muy largo y que nada garantiza que vaya a tener repercusiones decisivas en el conflicto. Numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU continúan sin aplicarse décadas después de aprobadas simplemente porque Israel, con el respaldo de Estados Unidos, se niega a aplicarlas.

Israel no reconoce al tribunal de La Haya y aduce además que los palestinos no son un estado soberano y por lo tanto no pueden formar parte de la CPI. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha abierto fuego calificado al tribunal de "antisemita", una acusación que no realiza por primera vez y que se utiliza sistemáticamente contra todo aquel que denuncia la ocupación.

La fiscal Fatou Bensouda, sobre la que los medios hebreos han publicado artículos insidiosos y amenazantes, dictó en 2019 una opinión para examinar los siguientes crímenes: 1) los cometidos por Israel y Hamás en la guerra de 2014, 2) los cometidos por Israel durante las protestas continuadas de los palestinos a lo largo de la frontera de la Franja de Gaza a partir de 2018, y 3) los cometidos por Israel mediante la implantación de asentamientos judíos en Cisjordania.

Ahora Bensouda tendrá que anunciar el inicio formal de la investigación, un anuncio que no se sabe cuándo llegará aunque el mandato de la fiscal expira en junio. Una vez anunciado la investigación, Israel dispondrá de un mes para informar a la fiscal de que se propone abrir una investigación propia, una de las artimañas por las que intentará frenar la investigación de la CPI.

Si Bensouda inicia la investigación antes de abandonar la fiscalía, o si la inicia el siguiente fiscal, el primer paso consistirá en reunir el testimonio de las víctimas de los presuntos crímenes de guerra. Se da por seguro que Israel no colaborará con la CPI de modo que los testimonios tendrán que recogerse en La Haya o en terceros países.

Como lo más probable es que Israel tampoco autorice a sus soldados a declarar, existe la posibilidad de que algunos de ellos, disidentes, decidan participar por su cuenta y explicar a la CPI cómo actúa el ejército habitualmente en los territorios ocupados. Otros testigos podrían ser organizaciones de derechos humanos que han denunciado las actividades del ejército en los territorios ocupados, así como toda suerte de expertos.

Según expertos israelíes citados por Haaretz, la parte más difícil de la investigación será conectar los crímenes cometidos con las autoridades políticas responsables. Si se conectan, la fiscalía pedirá a la CPI que también emita órdenes de captura contra responsables políticos y no solo militares, incluido el primer ministro Benjamín Netanyahu, pero hasta llegar ese momento podrían transcurrir muchos años.

Netanyahu ha dicho que va a defender a sus soldados y políticos con todos los medios a su alcance. De hecho, los soldados de los escalafones más bajos no tienen mucho que temer, y el ministerio de Defensa ha redactado una lista para defender a centenares de militares de alto rango que podrían ser investigados por la CPI.

Para la organización de derechos humanos Human Rights Watch, la decisión de los jueces de la CPI "abre un camino muy esperado para la justicia a víctimas de graves crímenes israelíes y palestinas". Human Rights Watch ha denunciado el "persistente clima de impunidad" que reina entre quienes cometen crímenes de guerra en el conflicto entre Israel y los palestinos, de modo que considera "necesaria" la investigación.

La decisión de la CPI se ha producido después de que el tribunal de La Haya haya sufrido una "presión sin precedentes por parte de la anterior administración de Estados Unidos", que "ha impuesto sanciones sobre dos miembros de la CPI, incluida la fiscal Fatou Bensouda", recuerda Human Rights Watch, que añade que Netanyahu exigió esas sanciones.

La actual administración de Joe Biden condenó inmediatamente la decisión de la CPI a pesar de que el nuevo presidente demócrata indicó con anterioridad que revisará las sanciones contra los miembros del tribunal de La Haya.

Durante más de 50 años los sucesivos gobiernos israelíes han llevado a sus ciudadanos a las colonias judías de los territorios ocupados a pesar de que eso es ilegal conforme a la ley internacional. El resultado es la desposesión, discriminación, robo de tierras y violación sistemática de los derechos humanos de los palestinos, lo que constituye un crimen de guerra.

En la guerra de Gaza de 2014, el ejército israelí mató a más de 1.500 civiles y destruyó las viviendas de más de 100.000 ciudadanos de la Franja de Gaza, causando un enorme daño a infraestructuras de todo tipo, incluidos hospitales. Por su parte, las milicias palestinas mataron a cinco civiles israelíes y obligaron a miles de civiles a abandonar sus residencias temporalmente.

La Corte Penal Internacional se estableció con el Estatuto de Roma a finales de los años noventa y se completó en 2002. Estados Unidos e Israel se negaron a reconocer la jurisdicción del tribunal que sí han reconocido hasta ahora los 123 países que la han ratificado y la han incorporado a sus leyes nacionales.

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