"No se permitirá ninguna expropiación de tierras poseídas por un árabe en el Estado judío (ni por un judío en el Estado árabe)". "Los ciudadanos palestinos que residan en Palestina (...) gozarán de plenos derechos civiles y políticos, desde el momento en que quede reconocida la independencia". "No se hará discriminación de ninguna clase entre los habitantes por motivos de raza, religión, idioma o sexo". Las citas son de la resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La primera del organismo sobre la causa palestina, emitida en 1947. La primera que reconoció la creación del Estado de Israel, pero también la existencia del Estado palestino. La primera –de muchas– que incumplieron los sucesivos gobiernos de Tel Aviv.

Los debates se prorrogaron durante casi veinte días sobre la moqueta verde de la ONU. Los representantes de la comunidad judía intervinieron en cuatro ocasiones. Los de la población palestina hablaron menos de la mitad. El encuentro culminó con la división del enclave en dos Estados: uno árabe, otro judío. "Esta solución fue profundamente colonial. La ONU repartió Palestina sin consultarlo antes con el pueblo palestino y legitimó el proyecto europeo en tierras árabes. Israel se quedó con el 54% del territorio, pero tras la Nakba de 1948 consiguió el 78%. Y actualmente ni siquiera reconoce este plan de partición como referencia válida", sostiene Itxaso Domínguez de Olazábal, profesora de Geopolítica de Oriente Próximo en la Universidad Carlos III de Madrid. La población judía ni siquiera representaba entonces una tercera parte del total de los residentes en Palestina. 

Israel aceptó la partición, es decir, aceptó su configuración como Estado. "Esta es la única parte de la resolución que acataron los israelíes", explica en una conversación con Público el abogado gazatí Raji Sourani. El Estado palestino todavía es una ilusión, cada vez más difusa, cada vez más difícil. La balanza empezó desequilibrada. Y está a punto de tocar suelo tras casi ocho décadas de incumplimiento "sistemático" de los dictámenes y resoluciones de organismos internacionales. "La tortura, las detenciones administrativas, la expropiación de tierras, la construcción de asentamientos, las carreteras de circunvalación en Cisjordania, la segregación social, los homicidios intencionados, la demolición de casas y hospitales y los desplazamientos forzosos son violaciones diarias y flagrantes del derecho internacional", insiste el también fundador del Centro Palestino de Derechos Humanos (PCHR). 

Las fuentes consultadas por este diario reconocen que la actual situación de emergencia humanitaria en la Franja de Gaza ha llevado a "muchas personas" a conectar "por primera vez" con la causa palestina, pero ponen de relieve la necesidad de "conocer bien" la historia y, sobre todo, sus orígenes. "El proyecto sionista arranca con un planteamiento absolutamente colonial. El Estado de Israel nació sobre una limpieza étnica: hubo expulsiones y matanzas. Los refugiados que entonces tuvieron que huir de sus casas todavía no han podido regresar. Y esto no podemos olvidarlo, por mucho que ahora las circunstancias sean otras y los crímenes de lesa humanidad, junto al genocidio, lo hayan dejado en un segundo plano", reivindica Montserrat Abad Castelos, catedrática de Derecho Internacional Público y miembro de la plataforma Juristas por Palestina.  

Esta es precisamente una de las cuestiones que contempla la resolución 194 de la Asamblea General de la ONU, difundida en diciembre de 1948. El texto menciona de manera explícita el "derecho al retorno" de los refugiados palestinos que fueron expulsados de sus pueblos tras la creación del Estado de Israel. Lo establece además como una condición que hay cumplir "lo antes posible". La realidad es que han pasado 77 años. Y ningún refugiado palestino pudo volver aún a lo que seguramente sus padres o abuelos llamaron hogar. "Esta resolución sigue siendo el corazón del derecho internacional en Palestina y un punto irrenunciable para la liberación del pueblo palestino. Israel no solo no la ha cumplido, sino que ha legislado en la dirección contraria", desliza Itxaso Domínguez de Olazábal. 

La resolución 242 también es una de las más conocidas. La Asamblea General de Naciones Unidas exige en este dictamen la retirada del Ejército de Tel Aviv de los territorios ilegalmente ocupados. El resultado vuelve a ser el mismo que en las disposiciones anteriores: Israel lleva haciendo caso omiso desde su aprobación. "La ocupación en sí misma es un crimen de agresión, así es como lo describe el Estatuto de Roma", precisa el abogado Raji Sourani. "Los israelíes se oponen sistemáticamente y responden diciendo que los territorios ocupados tampoco estaban antes bajo soberanía palestina, sino jordana y egipcia, por eso hablan de territorios contestados –es decir, zonas sobre las que dos o más países reclaman soberanía–. El fin de la ocupación nunca ha ocurrido", señala Itxaso Domínguez de Olazábal. 

La ONU ha ido acumulando decenas de resoluciones en esta dirección. El Consejo de Seguridad declaró nulas las anexiones de Jerusalén Este y los Altos del Golán entre 1980 y 1981. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) consideró "ilegal" el levantamiento de un muro en Cisjordania. Estimó, de hecho, que atentaba contra el derecho internacional. El tribunal le pidió al Gobierno de Israel suspender su construcción y reparar los daños causados. El muro tiene siete metros de altura. Lleva casi dos décadas funcionando. Es la viva imagen del apartheid contra el pueblo palestino. Las resoluciones no terminan aquí. El Consejo de Seguridad volvió a manifestarse en 2016 contra los asentamientos israelíes en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Israel, una vez más, ignoró los reproches. 

"La Corte Internacional de Justicia confirmó el año pasado que la ocupación de los territorios palestinos vulneraba el derecho internacional. Esto viene a recordar que no por el hecho de mantener algo en el tiempo adquiere tintes de legalidad", matiza la catedrática Montserrat Abad Castelos. Los pronunciamientos en los que los organismos internacionales exigían el "cese inmediato de todos los actos de violencia" en la Franja de Gaza también han sido habituales a lo largo del último medio siglo. Las fuentes consultadas por Público aseguran que "el problema es que todas las resoluciones carecen de mecanismos de cumplimiento y sanción" y resumen el cronograma de la siguiente manera: "Israel lleva casi ochenta años de exigencias claramente desatendidas y que documentan un patrón sistemático de colonialismo y de apartheid". 

¿Qué puede hacer la comunidad internacional?

La respuesta no es sencilla. Sudáfrica, Irak o Rusia sí han recibido "sanciones duras" por vulnerar el derecho internacional y humanitario a lo largo de la historia. Israel ha conseguido esquivarlas, pese a acumular decenas de resoluciones por sus políticas criminales contra el pueblo palestino, pese a negarles el derecho a la autodeterminación, pese a estar cometiendo un genocidio. ¿Por qué goza de esta impunidad? "Los palestinos hemos perseguido a los presuntos criminales de guerra israelíes desde principios de los 2000. Lo hicimos en muchos países, pero sin éxito. Europa entonces nos bloqueó, seguramente sin darse cuenta de que el conflicto palestino-israelí es el mejor documentado de la historia moderna", recuerda Raji Sourani. 

Human Rights Watch, Amnistía Internacional e incluso B'Tselem, la principal organización de derechos humanos de Israel, han reconocido abiertamente las políticas genocidas de Benjamín Netanyahu. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Por qué no se mueve ficha a nivel político? El problema está en el organigrama de la ONU. "Estados Unidos controla el Consejo de Seguridad y muchas veces, la mayoría, impone su veto. Cuando no lo hace, opta de manera calculada por la abstención y permite que se aprueben resoluciones críticas, pero sin contenido coercitivo, es decir, sin sanciones ni mecanismos de aplicación", sostiene Itxaso Domínguez de Olazábal. La también profesora recuerda lo sucedido con la resolución 3379 de la ONU, un texto en el que se declaraba el sionismo como una forma de racismo, es decir, "un triunfo del movimiento anticolonial". Washington y Tel Aviv presionaron hasta que, 16 años después de que viera la luz, consiguieron firmar su revocación. Naciones Unidas rara vez hace movimientos de este tipo.

"Las grandes potencias nunca se han portado demasiado bien con Palestina. Israel siempre ha tenido aliados occidentales que han normalizado su impunidad, incluso ahora, cuando está cometiendo los crímenes más graves que contempla el derecho internacional. Esta doble vara de medir se ha hecho especialmente evidente al coincidir en el tiempo el genocidio en Gaza con la invasión de Ucrania. Y lo que funciona para unos, tiene que funcionar para todos, porque si no quien sale perdiendo es el derecho internacional", resume Montserrat Abad Castelos. Esta es una máxima que también defiende Itxaso Domínguez de Olazábal, contundente al ser preguntada por la imagen de los organismos internacionales: "Israel no solo viola el derecho internacional, sino que lo está vaciando de contenido para asegurar que su proyecto colonial pueda seguir siendo intocable".