El Gobierno italiano ha aprobado este jueves en el Consejo de Ministros un decreto para exigir el pasaporte covid (o "pase verde", que es como se conoce en Italia) a todos los trabajadores. Esta medida, única en Europa, de momento, entrará en vigor el próximo 15 de octubre. 

El ministro italiano, Renato Bruneta, que ha comparecido después del Consejo Ministros, ha declarado que, de esta manera, "Italia se pone a la vanguardia en el mundo". Puesto que, con la nueva norma, pretende afrontar el invierno en mejores condiciones de seguridad para evitar nuevos cierres por la pandemia. 

El pase verde recoge que alguien ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, ha pasado la enfermedad o se ha sometido a una prueba con resultado negativo en las horas previas a mostrarlo. Y, hasta ahora, el pase verde ya se exigía en Italia para determinadas circunstancias: acceso al interior de bares y restaurantes, gimnasios, museos o convenciones. Ahora se pedirá a todos los empleados del sector público y privado.

Según ha informado El País, es una medida que afecta a todos los trabajadores, independientemente del sector en el que trabajen, a excepción de los autónomos que continuarán trabajando desde casa.

Y, en caso de que, una vez entre en vigor la norma, un empleado no tenga su certificado o presente una falsificación, no podrá ser despedido, como habían planteado, puesto que se trata de una medida inconstitucional. Por lo que se le impondrá una multa económica de hasta 1.000 euros y su sueldo quedará suspendido. 

Tensiones con la ultraderecha antivacunas

Esta iniciativa ha generado tensiones en las filas del Gobierno, especialmente con el partido ultraderechista, cuyo líder, Matteo Salvini, trata de ganar el favor de un sector de la población que se opone a la vacunación y sostiene que este pase sanitario es una manera de forzar a la gente a inocularse las dosis si no quiere someterse a pruebas moleculares o de antígenos continuas. 

La iniciativa cuenta con el apoyo de la patronal y también de los sindicatos para evitar nuevas restricciones. Sin embargo, el secretario general del mayor sindicato italiano, CGIL, Maurizio Landini, ha explicado que los representantes de los trabajadores habían pedido este miércoles, en una reunión con el presidente del Gobierno, Mario Draghi, que la vacunación se hiciera obligatoria, escenario que el Ejecutivo "no contempla, al menos por ahora". 

La ministra de Asuntos Regionales, Mariastella Gelmini ha declarado que "el objetivo es incrementar la seguridad en los lugares de trabajo". Además, ha explicado que reducirán el precio de las pruebas de coronavirus: serán gratuitas para quienes no puedan vacunarse, costarán de 8 euros para los menores de 18 años y 15 euros para el resto, frente a los alrededor de 20 euros que cuestan ahora.