La violencia salvaje de un grupo organizado en la protesta de los indignados el sábado pasado en Roma anuló el objetivo real de la marcha y puede poner en riesgo la posibilidad de manifestarse libremente en toda Italia. El ministro de Interior, Roberto Maroni, calificó de "terrorismo urbano" los actos violentos que dejaron 135 heridos en la capital durante una comparecencia en el Senado y anunció la necesidad de aplicar "normas concretas" para evitar nuevos disturbios, llegando al extremo de "pedir garantías patrimoniales a los organizadores para cubrir daños".

Maroni se quejó de que el actual marco jurídico "no permite a la Policía desarrollar de manera eficiente la prevención y el control" y, por eso, dijo que trabaja en un decreto legislativo para realizar arrestos preventivos, detener a personas sospechosas de haber llevado a cabo actos violentos hasta 48 horas después de una manifestación, prohibir la participación en protestas de personas con antecedentes violentos como ya sucede en los eventos deportivos y dar mayor cobertura legal a la Policía en sus actuaciones.

El Gobierno usa el argumento de los disturbios para aplicar mano dura

Aunque es difícil que haya algo más preventivo que un aval para poder manifestarse. Y todo para evitar un "nuevo otoño caliente", expresión que se refiere a las protestas sindicales de finales de los sesenta. Maroni defendió la actuación policial y explicó que no intervino cuando los violentos comenzaron a arrasar Via Cavour, al inicio de la marcha, para "garantizar la seguridad de los manifestantes". Pero teniendo en cuenta que "la inteligencia sabía de la presencia" de individuos peligrosos "relacionados con ámbitos anarco-insurreccionalistas de los centros sociales y ultras" cuyo objetivo "era atacar el Parlamento y el Senado" y que la noche anterior la Policía denunció a cuatro personas que portaban en una furgoneta "mazos, máscaras antigás y material para fabricar cócteles molotov", quizá su Ministerio podría haber evitado la batalla campal.

Maroni aseguró que en los actos vandálicos participaron 3.000 personas, que querían "recrear lo sucedido en Génova" durante la cumbre del G-8 en 2001. Y alertó de la manifestación del próximo domingo contra el tren de alta velocidad Turín-Lyon en Val di Susa. Hoy se decidirá si se permite la marcha, pero en Roma se han suspendido durante un mes las manifestaciones y sólo se permitirán las concentraciones.