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Shell La Justicia neerlandesa responsabiliza a la filial de Shell en Nigeria de los derrames de crudo en el delta del Níger

El Tribunal de Apelación neerlandés dio la razón a la organización Milieudefensie. Los cuatro agricultores nigerianos que deberán ser indemnizados por la filial de Shell perdieron todas sus tierras agrícolas y sus cultivos.

Un avión sobrevuela una estación de servicio de Shell en Londres. REUTERS/Toby Melville
Un avión sobrevuela una estación de servicio de Shell en Londres. — REUTERS

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La Justicia neerlandesa consideró a la filial nigeriana de la multinacional Shell "responsable" de varios derrames de crudo en el delta del Níger, pero absolvió a la matriz británico-neerlandesa, y dictó indemnizaciones para cuatro agricultores nigerianos que presentaron la denuncia contra la petrolera.

El Tribunal de Apelación neerlandés dio la razón a la organización Milieudefensie, que representó a los denunciantes en este caso ante la Justicia de Países Bajos, aunque no consideró que la empresa matriz, con oficina central en La Haya, fuera directamente responsable de los daños provocados por su filial en el delta del Níger, en el sur de Nigeria.

Los cuatro agricultores nigerianos que deberán ser indemnizados por la filial de Shell (el monto se determinará en una decisión posterior) perdieron todas sus tierras agrícolas y sus cultivos, así como los estanques de peces donde faenaban hace unos 16 años, cuando empezaron las fugas de petróleo que destruyeron la fauna y las tierras de la zona.

Dos de los cuatro agricultores que denunciaron el caso han fallecido estos últimos años.

Esta sentencia reafirma el derecho y la capacidad de ciudadanos de los países en desarrollo a exigir ante terceros Estados respeto a sus derechos humanos y a su medio ambiente frente a las multinacionales. Es también un precedente judicial para que otros afectados reclamen una indemnización.

Los demandantes denunciaron los derrames producidos cerca de las aldeas de Oruma, Goy y Ikot Ada Udo. La matriz defendió no ser responsable de los errores que cometió su filial nigeriana y consideró que el caso no corresponde a la Justicia neerlandesa, pero al tener la multinacional Shell el 100% de las acciones de su subsidiaria y tener sede en La Haya, el tribunal de Países Bajos se declaró competente para pronunciarse sobre el caso.

15 años sin cosecha ni peces

Aunque la demanda contra Shell por este caso comenzó en 2008, los derrames se remontan a 2004 y las denuncias aseguran que las consecuencias de lo ocurrido siguen visibles porque dejaron una zona circundante cercana a la aldea cubierta de barro negro y maloliente, y las aguas del río son visiblemente grasientas.

En 2013, la Justicia neerlandesa decidió que la subsidiaria de Shell en el país africano debía pagar a uno de los cuatro agricultores de esta demanda una compensación, aunque no a los otros tres denunciantes, por lo que todos, incluida la propia Shell, apelaron toda la decisión judicial, en uno de los varios casos que tiene la petrolera en los tribunales.

Sabotaje, no probado

Shell siempre argumentó que no es responsable directa de los daños causados por el crudo en el delta y señaló a los ladrones que provocaban agujeros en los oleoductos para hacerse con el petróleo, además de marcar distancia con la contaminación visible en el río Níger porque, añadió, la gestión del día a día está en manos de la filial nigeriana.

Sin embargo, la Justicia consideró que Shell debía demostrar "más allá de cualquier duda razonable" que los derrames fueron causados realmente por actividades de sabotaje de ladrones de la zona, pero el informe pericial no es lo suficientemente convincente para los jueces, lo que hace que al menos la subsidiaria sí sea responsable.

El petróleo total derramado alcanzó unos 24.000 litros, según los denunciantes, una cantidad que se esparció por el agua y llegó a los campos agrícolas y los estanques.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el agua potable del delta del Níger contiene sustancias cancerígenas, lo que, advirtió, supone graves consecuencias para los residentes, tanto financieras como sanitarias: los niños que nacen dentro de un radio de 10 kilómetros de área contaminada tienen casi el doble de posibilidades de morir antes de cumplir un mes.

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