El Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (Confer) alcanzaron este miércoles un acuerdo “para la reparación y reconocimiento” de las víctimas de pederastia en el seno de la Iglesia católica. Se trata de un acuerdo “histórico”, subrayan desde el Ministerio de Justicia, por cuanto supone un sistema de reparación mixta supervisado por el Estado, en último término, desde la institución del Defensor del Pueblo que encabeza Ángel Gabilondo. Ha sido encomiable -y así lo han agradecido las víctimas- el empeño personal de Gabilondo por sacar adelante este plan aun con una cúpula eclesiástica empeñada en ser jueza y culpable de uno de los delitos más infames que se pueden cometer: la agresión sexual a niños que esperan educación y protección del criminal.   

Cualquier víctima de abuso sexual que lo haya sido en cualquier momento por parte de algún integrante de la Iglesia católica podrá solicitar su reparación (un decir, teniendo en cuenta que hablamos de traumas muy profundos o irreparables) y será la Iglesia quien corra con los gastos de las indemnizaciones, siempre insuficientes por elevada que sea la cuantía que se asuma. Será la Iglesia quien pague, pues, con su elevadísimo patrimonio o con lo que recaude de sus fieles, pero también quien lo haga gracias al fondo de la cuestión que subyace en este dolorosísimo asunto: los privilegios de la religión católica en España, los mismos que han permitido la impunidad de sus pederastas, protegidos y mimados por el franquismo en España, primero, y los partidos políticos democráticos, después; fuera de la vigilancia de las leyes de todos y todas, y amparados criminalmente por sus iguales y superiores en la organización religiosa.

Sin duda, hay que reconocer y agradecer el empeño del Gobierno -del ministro de Justicia, Félix Bolaños, en particular- y del Defensor del Pueblo en sacar adelante este acuerdo, que coloca a la Conferencia Episcopal en el vergonzoso pódium de ser la Iglesia católica que más se ha resistido en el mundo a reconocer su pederastia estructural, primero, y a reparar a sus víctimas, después, disfrazando de piadosas intenciones lo que fue el maquillaje obsceno del llamado PRIVA, el plan fracasado con el que la Iglesia española pretendía remediar y dar consuelo a quienes hirió (y hasta mató por la vía del suicidio) con sus propios delitos.

Tras una lucha no exenta de mucho sufrimiento, indiferencia e, incluso, desprecio social, las víctimas de la pederastia católica tienen derecho a emprender un camino de sanación y apoyo en la medida de lo posible, y es un camino que nos incumbe a todas/os para que el Estado -que ha mirado para otro lado durante décadas, como mínimo- no se olvide de ellas ni permita que la jerarquía eclesiástica lo haga; para que la vigilancia y la denuncia estén siempre al máximo nivel de efectividad y escucha, respectivamente.

Todos estos compromisos y buenos propósitos, sin embargo y además de cumplirse, tienen que derivar en una reflexión democrática de base que, como decíamos, parte del hecho de que los privilegios católicos han facilitado y encubierto los crímenes de pederastia y otros, como los robos de bebés, que merecen asimismo muchos capítulos del relato histórico sobre las infamias cometidas en nombre de un dios.

Los ejercicios de fe son muy respetables en la vida privada de cada uno, pero elevados al plano institucional corren el riesgo de conceder un estatus privilegiado a los criminales que usan esa fe como escudo para protegerse, esconderse y autojuzgarse, o sea, absolverse por todas las vías. Cuando Zapatero llegó al poder en 2004 se comprometió a revisar los acuerdos de la Santa Sede (1979) y aquí seguimos, hablando de “democracia plena” en pleno resurgimiento de los autoritarismos y con un presidente de la Conferencia Episcopal que pide elecciones al mismo Gobierno de coalición progresista que acepta los privilegios de la Iglesia que mandata. Las víctimas merecen toda la reparación posible, pero todos los demócratas necesitamos que nos garanticen instituciones sin privilegios que permitan a sus representantes delinquir impunemente, se llamen monarquía parlamentaria o Iglesia católica.