Las listas de Estados Unidos son una especialidad de la casa. El país las promueve para encasillar a Gobiernos que no se disciplinen a su política global. Las más conocidas son las de aquellos países que considera 'patrocinadores del terrorismo' (Cuba, Irán, Corea del Norte y ahora impulsa el mismo status para Rusia). Por otro lado, están aquellas donde se incluye a los países que denomina 'narco-estados' (Venezuela es su blanco principal). Pero además mantiene otras para regiones específicas.

Cuando se creó la llamada lista Engel el 27 de diciembre de 2020 – en rigor, una ley que toma su nombre del excongresista demócrata estadounidense Eliot Engel – apuntó al llamado Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador. La Ley de Compromiso Reforzado entre los Estaods Unidos y el Triángulo Norte, es una herramienta para contrarrestar la corrupción en la región centroamericana. Funcionarios de esas tres nacionalidades que hubieran participado en prácticas corruptas o antidemocráticas según la mirada de EE UU, serían sancionados de diversas formas. Hasta la fecha, 63 personas de estos tres países (la gran mayoría funcionarios públicos en activo) han sido incluidos en la lista. 

El último en incorporarse a la lista es el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, extraditado a Washington el jueves pasado, quien se enfrenta a un juicio por narcotráfico a gran escala. Esto reabre el debate: ¿Cuál es el alcance de la superpotencia estadounidense para imponer sus propias leyes a nivel mundial? ¿Hasta dónde llega el poder coercitivo de las listas que elabora con países soberanos y las personas que considera extraditables?

Triángulo Norte

La lista Engel no es otra herramienta que la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte votada en el Congreso de Estados Unidos. Su autor tuvo una trayectoria de 32 años en el Parlamento y en 2020 cuando su partido perdió las Primarias, salió del Congreso pero su norma se aprobó. Su proyecto no era nuevo. Lo había presentado sin éxito en mayo de 2019.

La ley es prima hermana de la estrategia omnipresente del Comando Sur que se define como "Promesa duradera para las Américas". La estrategia va orientada hacia las acciones militares de EE UU, en principio,  para contrarrestar las amenazas en América Latina y el Caribe y establecer vínculos sólidos para la seguridad con los distintos Gobiernos de la región. Esta doctrina coloca la corrupción al mismo nivel que otras amenazas para la seguridad nacional de
EE UU: el narcotráfico, las migraciones, los crímenes violentos y la influencia nociva de los estados. 

Una interpretación posible de la aplicación de esta norma es que sirva como ejemplo para disuadir a las naciones que conforman el Triángulo Norte. Realmente, esta ley se ha aprobado para llegar a las causas de la migración irregular de centroamericanos hacia EE UU. Por lo tanto, con este nuevo fichaje a la lista, EE UU reafirma buscar aliados y el compromiso necesario de estos países para evitar la inmigración masiva hacia Estados Unidos. Un problema derivado del deterioro de la situación socio-económica y la violencia que trae aparejada en este territorio. 

El caso del expresidente Hernández es paradigmático. Hasta el 1 de julio de 2021 no había sido incluido en la lista Engel, aunque ya entonces se le acusaba por delitos de narcotráfico. Su hermano Juan Antonio 'Tony' Hernández cumplía condena a cadena perpetua en EE UU desde marzo del año último por el mismo delito. Por tanto, se ha cerrado el círculo sobre el político ahora extraditado que había gobernado durante los últimos 8 años en Honduras, bajo el visto bueno de Washington. 

La inclusión en la lista Engel de Hernández y otros funcionarios actuales de El Salvador y Guatemala se enmarca en los fundamentos de la ley de 2020. Existen tres causas por las que se puede entrar en la lista: ciudadanos extranjeros que, con conocimiento de causa, son partícipes de acciones que socavan procesos democráticos; los que intencionalmente participen en casos de "corrupción significativa" y los que obstruyan investigaciones de lavado de activos, soborno, corrupción y extorsión, entre otros delitos.

La embajada de Estados Unidos en El Salvador publicó en su página oficial que "para ser incluida cada persona nombrada en la lista debe ser identificada bajo uno o más de estos criterios específicos y debe estar vinculada a un acto que esté documentado por al menos dos fuentes creíbles". Además, recordó: "El presidente debe imponer restricciones obligatorias de visas a todas las personas incluidas en esta lista, lo que cancelará cualquier visa existente y hará que las personas incluidas en la lista no sean elegibles para visas o cualquier otro beneficio de inmigración durante tres años".

Hasta noviembre de 2021, 62  personas de las tres nacionalidades formaban parte de la lista que alcanza el extenso brazo del sistema penal estadounidense. La mayoría ocupaba cargos públicos cuando fueron juzgados en los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. El caso más significativo es el de la familia completa del expresidente hondureño Porfirio Lobo. A su esposa Rosa Elena Bonilla y a sus tres hijos se les prohibió entrar a EE UU el año pasado. La mujer fue condenada en Honduras por corrupción y Fabio Porfirio, uno de los hijos, tiene un largo historial vinculado al mundo del narcotráfico. En 2016 se le declaró culpable de meter cocaína ante un tribunal de EE UU.

Cuando el clan Lobo fue incluido en la lista Engel por Estados Unidos en julio del 2021, les sucedieron otros 55 funcionarios y exfuncionarios. Actualmente ocupan la lista 21 de Honduras más el expresidente recientemente incorporado, 20 de Guatemala y 14 de El Salvador. La nómina de personas indeseables para EE UU la aportó el secretario de Estado, Antony Blinken y además de la familia Lobo, mencionaba a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras y al secretario general del Ministerio Público de ese país, Ángel Pineda. La lista también está formada por cinco jueces de la Corte salvadoreña desde el 1 de mayo de 2021, momento en el que el presidente Nayib Bukele derrotó al anterior y echara al fiscal general Raúl Melara.

La gran preocupación de Washington por la situación en los tres países de Centroamérica deviene de un memorando firmado por el presidente Joe Biden. El 3 de junio del 2021 el texto señalaba que la corrupción es "un interés central de la seguridad nacional de los Estados Unidos" y ordenaba "reforzar significativamente la capacidad del gobierno de los EE UU" para combatirla.

Su argumento era que "contribuye al extremismo y la migración y proporciona los medios necesarios para que los líderes autoritarios socaven las democracias y amenacen el estado de derecho". La vicepresidenta de Biden, Kamala Harris, en su primer viaje a México y Guatemala se encargó sobre el terreno el discurso con el objetivo central de su gobierno: ponerle un freno a la inmigración hacia sus fronteras.

La Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte es una de las tantas herramientas que tiene a mano la Casa Blanca para lograr sus objetivos en la región más castigada de América Central. Esta le confiere el poder de policía casi internacional para poder vetar la entrada al país a funcionarios y exfuncionarios, pero no modifica la matriz del problema. Esto es, la hegemonía de Estados Unidos nunca ha resuelto la pobreza en los tres países, ni las causas por las que siguen existiendo tales delitos; independientemente de las listas que se creen al respecto.