Con Luiz Inácio Lula da Silva a pocos meses de concluir su segundo y último mandato, la reforma agraria sigue pendiente en Brasil.

Un sindicalista al frente de un Gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) parecía la mejor de las noticias para el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) brasileño, la organización social más importante de este país de 190 millones de habitantes que sigue contando con una de las estructuras agrarias más latifundistas del planeta.

Pero la tibieza de Lula para afrontar el reto de la reforma agraria ha llevado a un cierto distanciamiento entre los dos aliados. En este contexto, las mujeres campesinas han tomado la iniciativa. Dicen que ellas son las más perjudicadas por el estancamiento de la reforma agraria, pues trabajan mayoritariamente en la agricultura familiar. De ahí su militancia cada vez más activa: el pasado marzo se produjeron simultáneamente en varios estados del país marchas protagonizadas por mujeres y ocupaciones de tierras, hasta llegar al Ministerio de Agricultura en Brasilia.

Las agricultoras creen que Lula se ha rendido a los latifundistas

Han puesto sobre la mesa que apenas un 13% de los beneficiarios por los tímidos avances de la reforma agraria en Brasil son mujeres.

Y que en el mundo, según la FAO (la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación), apenas un 1% de las propiedades de tierra está en manos femeninas.

"Lo que está en juego es una disputa entre dos modelos, el agronegocio y la pequeña agricultura, y el Gobierno de coalición de Lula ha optado por dar prioridad a los intereses del latifundio y las multinacionales", sostiene con contundencia Marina dos Santos, de la coordinación nacional del MST. Y ello implica, dice, subordinar el empleo de los recursos naturales del país al lucro de empresas como Bunge, Cargill y Monsanto, que copan el mercado mundial de las semillas y tienen importantes negocios en Brasil, el segundo país del mundo tras Argentina en área de cultivo de transgénicos. Frente a este modelo de desarrollo, el bastión femenino del MST pretende convencer a la sociedad de que existen alternativas viables, como la pequeña agricultura ecológica y cooperativista.

Agricultura familiar

La agricultura familiar es responsable en Brasil del 85% de la producción alimentaria total y emplea al 85% de los trabajadores rurales. "Con estos datos en la mano, ¿cómo se justifica que el agronegocio de latifundistas y transnacionales reciba el 43,6% de los recursos públicos para la producción?", se pregunta Marina, que cifra en cuatro millones las familias campesinas brasileñas que carecen de tierras. De ellas, unas 90.000 están acampando a la espera de que se les asigne un terreno. Su situación no ha mejorado tras dos legislaturas de izquierdas.

Miles de personas trabajan en Brasil en condiciones análogas a la esclavitud

Nadie dijo que fuera fácil: la reforma agraria y el mandato constitucional que consagra la función social de la tierra en Brasil se enfrenta a los intereses de latifundistas y multinacionales que tienen, además, una sólida representación parlamentaria: la llamada bancada ruralista.

Pero se esperaba mucho más de Lula.

La promesa de tierras expropiadas

El Gobierno asegura haber cumplido su promesa de asentar a 500.000 familias en tierras expropiadas, pero en el MST califican estas cifras de "fantasiosas". Y no parecen tener muchas esperanzas de que la cosa mejore si la candidata de Lula y actual jefa del Gabinete, Dilma Rousseff, gana las elecciones presidenciales de octubre. Por eso aseguran que no entrarán en campaña y subrayan que "el éxito de la reforma agraria dependerá más de la movilización de la sociedad que de los resultados electorales", en palabras de Marina dos Santos.

Ya han sido asesinados 1.500 campesinos, incluido el líder de los Sin Tierra en Pará

Para los Sin Tierra, la acción de Lula en materia de asentamientos no sólo ha sido tímida, sino también equivocada. Según las cifras oficiales, dos de cada tres familias asentadas han sido ubicadas en la llamada Amazonia legal, y no en el sur y el sureste del país, donde se concentran los intereses del agronegocio. "La política de asentamientos es asistencial: busca solventar conflictos aislados y no resolver el problema de la distribución de la tierra. Mientras, en el sur sigue aumentando la concentración del latifundio", explica Marina.

Expropiación de terrenos baldíos

No es la única crítica al Gobierno que han expuesto las campesinas. Han recordado que Lula no ha emprendido la actualización de los índices de productividad de la tierra, que permanecen inamovibles desde 1975 y que constituyen la herramienta legal para garantizar la función social de la tierra; esto es, la posibilidad de que sean expropiados los terrenos baldíos. En la práctica, es casi papel mojado.

Esa función social de la tierra está muy lejos de cumplirse en el caso de la producción de celulosa, por ejemplo. Según el MST, las multinacionales están expandiendo en Brasil el "desierto verde": el monocultivo de especies como pinos y eucaliptos que arrasa la biodiversidad. Y junto a las cuestiones medioambientales, están las sociales: hay miles de personas que trabajan en situaciones análogas a la esclavitud. El Ministerio de Trabajo rescató a más de 4.000 personas en esa situación en 2009. Un reciente informe del Departamento de Estado de EEUU denunciaba que en los cañaverales brasileños se emplea mano de obra esclava e infantil, y añadía una lista negra de 165 patronos que esclavizan a sus obreros.

Y luego está la violencia. Según el MST, en los últimos 25 años 1.500 agricultores han sido asesinados, casi siempre impunemente. La última de estas muertes fue la de Pedro Alcántara de Souza, líder de los Sin Tierra en el estado de Pará, tiroteado en abril de 2008.