Maduro se enroca ante un posible descalabro electoral en Venezuela
La inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado desata una nueva tormenta diplomática entre Washington y Caracas, cuando se cumplen 25 años del ascenso de Chávez al poder
Hace 25 años, un 2 de febrero de 1999, Hugo Chávez asumía como presidente de Venezuela tras su victoria electoral con el Movimiento Quinta República. Su revolución democrática arrancaba con el apoyo masivo de las clases populares. Hoy, un cuarto de siglo después, la revolución bolivariana agoniza mientras Nicolás Maduro, fiel escudero del Comandante, se enroca en el Palacio de Miraflores y emite señales preocupantes para la ansiada normalización política del país.
Si hace apenas tres meses el Gobierno de Maduro y la oposición se encaminaban hacia un pacto político para sentar las bases de una convocatoria electoral consensuada, en los últimos días todo parece haber saltado por los aires. Los acuerdos de Barbados, precedidos por unas conversaciones secretas de Doha, pusieron a mediados de octubre los cimientos de esa aproximación con la bendición de Estados Unidos. La arrolladora victoria de María Corina Machado en las elecciones primarias de la oposición, celebradas cinco días después de la firma de Barbados, encendió una luz de alarma en el oficialismo.
Machado pertenece al sector más intransigente de la disidencia. Pero no era eso lo que le quitaba el sueño a Maduro. La dirigente derechista es tremendamente popular y encabeza todas las encuestas electorales. Su ventaja sobre el mandatario es escandalosa. La carta que se guardaba bajo la manga el Gobierno era la inhabilitación que pesa sobre su adversaria para presentarse a unos comicios. Machado fue inhabilitada en 2015 por un año por aceptar la acreditación como "embajadora alterna" de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, un foro en el que denunció violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas callejeras de 2014.
Esa inhabilitación fue ampliada a 15 años recientemente. La Contraloría General (Tribunal de Cuentas) consideró en 2021 que la dirigente de Vente Venezuela formaba parte de la trama de corrupción orquestada durante el liderazgo opositor de Juan Guaidó, el expresidente del Parlamento. Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Legislativa, ya se mostró inflexible en octubre sobre la posibilidad de suspender la sanción a Machado. Sus palabras sonaron entonces a una simple bravata porque el restablecimiento del diálogo entre Washington y Caracas dependía de la celebración de elecciones con todos los actores políticos del país.
Pero la ratificación ahora de la inhabilitación de la líder opositora por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) indica que el chavismo ha sopesado los pros y contras de una posible medida de gracia y ha decidido jugarse el todo por el todo. La respuesta de la Casa Blanca no se ha hecho esperar y las sanciones vuelven a planear sobre Venezuela. De entrada, el Departamento del Tesoro estadounidense ha revocado una de las licencias de explotación de oro en las minas del sur del país. Y hará lo propio con las licencias otorgadas en el sector del gas y el petróleo si Maduro no rehabilita políticamente a Machado antes de abril.
Así se lo recordó esta semana al Gobierno bolivariano John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca: "Tienen decisiones que tomar: permitir a los partidos y candidatos de la oposición participar adecuadamente y liberar a los presos políticos". Se da de esta manera marcha atrás a los pactos que el chavismo y la oposición habían esbozado para perfilar una hoja de ruta electoral. Maduro lo expresó así: "Los acuerdos de Barbados están heridos de muerte".
Esos acuerdos derivaron en la suspensión de algunas sanciones por parte de Washington y, al mismo tiempo, propiciaron la entrega a Caracas de Alex Saab, uno de los más estrechos colaboradores de Maduro con juicio pendiente en Miami, a cambio de la liberación de varios ciudadanos norteamericanos detenidos en Venezuela y algunos presos políticos. Saab, un empresario colombiano al que se le acusa de blanqueo de capitales, fue, hasta su caída en Cabo Verde, el hombre que gestionaba las operaciones de negocios internacionales del Gobierno venezolano para sortear las sanciones impuestas por Estados Unidos. Maduro lo ha colocado ahora al frente de una suerte de súperministerio, el Centro Internacional de Inversiones de Venezuela.
La retórica antiimperialista
De momento, el chavismo ha replicado con contundencia a las advertencias de la Administración de Joe Biden. "Tienen hasta abril, dicen. ¡Ahórrense el lapso, yanquis de mierda!", fue la airada respuesta de Jorge Rodríguez. Y su hermana, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, emitió un comunicado en el que amenaza con suspender de manera inmediata los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos, una de las medidas acordadas en octubre y con la que Biden alivia en parte la tensión migratoria en su país, un asunto de capital importancia de cara a las elecciones de noviembre en Estados Unidos.
El regreso de la retórica antiimperialista, muy en boga en los primeros años de Hugo Chávez, y las denuncias de nuevas conspiraciones para atentar contra Maduro (ha habido más de 30 detenciones y una purga en las filas el Ejército), muestran el nerviosismo del Gobierno. La debilidad de Maduro es manifiesta. Su popularidad no supera los 20 puntos de aprobación. En el Palacio de Miraflores son conscientes de que ir a una batalla electoral contra María Corina Machado implicaría una derrota casi por descontado. Junto a Machado también está inhabilitado otro peso pesado de la oposición, Enrique Capriles.
Perteneciente a una corriente más moderada, ya fue candidato presidencial en 2012 y 2013, y cayó derrotado primero por un Chávez carcomido por el cáncer y después por un Maduro que todavía gozaba de crédito político por su fidelidad a su mentor. El sucesor de Chávez pudo ganar cómodamente en las urnas en 2018 gracias a que una parte de la oposición desestimó presentarse a las elecciones. Poco después, con Guaidó autoproclamado "presidente encargado" del país con el reconocimiento de Estados Unidos y la Unión Europea, la disidencia volvía a apostar por la desestabilización permanente para tumbar a Maduro.
Esa estrategia acabó entre acusaciones cruzadas de corrupción en el seno de una oposición que, al cabo de un tiempo, limó asperezas entre sus integrantes. La Plataforma Unitaria surgida hace un par de años quiso recuperar el espíritu de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la coalición que le endosó al chavismo su más severa derrota en las elecciones legislativas de 2015. Carismática y popular, Machado se erigía en octubre como candidata de consenso de la oposición.
Todavía no ha renunciado a sus aspiraciones y ha emplazado a Maduro a negociar con ella, mano a mano. Sin Machado ni Capriles, la disidencia no cuenta a día de hoy con otros candidatos competitivos. Si acaso cumple ese rol Manuel Rosales, gobernador del populoso estado de Zulia. Antigua bestia negra del chavismo, ya sabe lo que es perder unas presidenciales. Cayó derrotado en 2006 frente al imbatible ideólogo del socialismo del siglo XXI.
Maduro se encuentra ahora ante una encrucijada. Si mantiene la inhabilitación de Machado, su reconciliación con Washington pasará a mejor vida, la oposición probablemente rechazará el proceso electoral y los comicios, de celebrarse en la segunda mitad del año, como está previsto, serán repudiados por una parte de la comunidad internacional.
La alternativa parece incluso más sombría. Una derrota en las urnas ante Machado, una líder ultraconservadora, supondría un punto final demasiado amargo para el chavismo. Una tercera opción, menos probable, pasa por que el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) elija a otro candidato, una figura menos desgastada que la de Maduro. En los mentideros políticos de Caracas se barajan varios nombres: los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez; el eterno "número dos" del oficialismo, Diosdado Cabello, y el gobernador del estado de Carabobo, Rafael Lacava, entre otros.
El Gobierno se ha comprometido a anunciar el cronograma electoral la semana que viene mientras los vientos de normalización política se alejan del Caribe y Venezuela continúa sumida en una crisis social gigantesca. La diáspora venezolana roza los ocho millones de migrantes (con una población que ronda los 30 millones de habitantes). De aquella revolución bolivariana emprendida por Hugo Chávez hace 25 años para dar voz y dignidad a los más vulnerables apenas queda hoy el recuerdo de un audaz intento de transformación social en un país tan rico en recursos naturales como desigual en la distribución de esa riqueza.
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