El comienzo del ciclo lectivo en Argentina tras el verano austral suele ser un dolor de cabeza para el presidente de turno, pues los sindicatos docentes son uno de los primeros colectivos en negociar los aumentos salariales que regirán durante el resto del año para compensar la inflación, que en 2016 superó el 40 %.

Lejos de llegar a un consenso, el presidente Mauricio Macri avanza sin freno hacia una colisión con los maestros de la educación pública al atrincherarse en su negativa de abrir, como cada año, una discusión nacional que defina el salario mínimo docente en todo el territorio.

Los sindicatos advirtieron que iban en serio cuando convocaron una huelga de 48 horas el pasado 6 de marzo, día en que estaba previsto el comienzo del curso escolar. El paro repercutió en todo el país, con una vistosa demostración de fuerza en las calles de Buenos Aires durante una manifestación que convocó a decenas de miles de personas.

A esta medida de fuerza siguieron cuatro días más de huelga nacional, dos la semana pasada, y otras dos este martes y miércoles.

El conflicto se agrava en la provincia de Buenos Aires, donde vive el 40 por ciento de la población. La mayoría de los colegios de primaria y secundaria en la jurisdicción más importante del país acumulan once días de huelga, lo que repercute en las clases de más de cuatro millones de alumnos.

Como parte del pulso que el Gobierno sostiene contra los sindicatos docentes, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció una paga extra para los profesores que no se sumaran a la huelga, y convocó a voluntarios para brindar apoyo escolar, lo que hizo hervir de ira a los sindicatos.

En línea con la postura adoptada por el presidente, Vidal también ha comenzado a descontar del sueldo de los maestros los días de clase perdidos. El castigo afecta a unos 100.000 profesores, uno de cada tres docentes de la provincia.

Este intento de quebrar el apoyo a la huelga se mantiene en un claro desafío a la justicia, que hace unos días intimó a la provincia a que devuelva las retenciones salariales que aplicó contra docentes por participar en una huelga en agosto del año pasado.

El Ejecutivo nacional, mientras tanto, se escuda en el carácter federal del país para rechazar una discusión nacional de los aumentos, y recuerda que son las provincias las que pagan los sueldos de los profesores.

Los gremios reclaman una mejora salarial del 25 % para este año, más un 10 % que compense la caída del poder adquisitivo en 2016, mientras que la jurisdicción de Buenos Aires, que marca la pauta de las negociaciones que seguirán en el resto de los distritos, dejó en claro su predisposición al diálogo al ceder y aumentar su oferta salarial del 18 % al 19 %, en tres cuotas y ajustable según la inflación.

El colmo para los sindicatos llegó este martes. En coincidencia con la huelga de 48 horas que comenzaban los maestros, Macri presentó los “dolorosos” resultados de un informe sobre el nivel educativo de los alumnos argentinos.

“Cuatro de cada diez chicos de sexto grado de la escuela pública no comprende textos, pero en la privada son dos de cada diez”, informó el presidente. “Eso marca la inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada contra aquel que tiene que caer en la escuela pública”.

En un Gobierno donde banqueros y gerentes empresariales encontraron su vocación política, la frase que deja en evidencia la estima de Macri por la educación que brinda Estado encontrará su respuesta en las calles de la capital argentina.

Columnas provenientes de distintas zonas del país confluyen durante estas horas en la ciudad de Buenos Aires para demostrar al Gobierno que están muy lejos de conformarse con la precariedad general que afecta al sistema educativo de Argentina, uno de los más prestigiosos del continente hace décadas.

La manifestación amenaza con agravar una de las peores crisis políticas que ha tenido el Ejecutivo durante sus quince meses de gestión. Sumado a las movilizaciones que en los últimos días han sacado a la calle a miles de personas, sea de la mano de los maestros, o de la Confederación General del Trabajo (CGT), el Gobierno tiene pocos días para contrarrestar el caldo de cultivo que se está generando de cara al próximo 6 de abril, cuando se celebre la primera huelga general contra Macri.