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La marihuana se extiende por América Latina

De norte a sur, avanza la legalización de la marihuana para uso personal y medicinal y para reclamar el cese de la criminalización de sus consumidores y productores

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Un manifestante por la legalización de la marihuana durante una marcha reciente en México. REUTERS/Henry Romero

Decenas de miles de personas se manifestaron este año en América Latina, como cada primer sábado de mayo desde 1999, por la legalización de la marihuana. En algunos países fueron una multitud, reflejando una sensibilidad que se ha ido abriendo paso en sociedades a menudo muy conservadoras.

Perú, Argentina, México y Colombia ya cuentan con legislaciones que de un modo u otro legalizan el uso de esta droga con objetivos medicinales. Y el pequeño Uruguay es el primer país del mundo en haber adoptado una ley que regula, bajo control estatal, la producción y venta de la droga con fines recreativos. Aprobada a finales de 2013, la norma uruguaya tuvo un largo proceso de discusión posterior y estuvo a punto de naufragar por falta de regulación de parte del Poder Ejecutivo. El presidente Tabaré Vázquez, opuesto a la ley -adoptada bajo la gestión de su predecesor José Mujica, también perteneciente al centroizquierdista Frente Amplio-, anunció en octubre de 2015, siete meses después de asumir, que la aplicaría, pero tuvo que pasar casi año y medio para que todos los mecanismos fueran definidos.

Este mes de mayo se terminó de implementar el sistema de acceso legal a la marihuana, con la regulación de la venta en farmacias. Desde julio, quienes prefieran comprar su maruja por esa vía (a 1,30 dólares el gramo y hasta 10 gramos semanales) deberán inscribirse en un registro. En el primer día de apertura se apuntaron algo menos de 600 personas, que se sumaron a los 6.617 autocultivadores ya censados que plantan la marihuana a domicilio y a los 2.300 integrantes de los 51 clubes canábicos (de un máximo de 45 socios cada uno) hoy en funcionamiento. Los clubes cooperativos, las farmacias y el autocultivo son las tres vías de que disponen los uruguayos para acceder a la marihuana. Los consumidores deben optar por una sola, pero pueden pasarse de una a otra. Dos empresas privadas fueron a su vez autorizadas por el Estado a cultivar marihuana para venderla en farmacias. Una comprobada eficacia terapéutica

El millar de personas que participó en la versión uruguaya de la Marcha Mundial de la Marihuana puso el acento en “lo que falta” para que el circuito marihuanero se cierre: la autorización del uso médico de la droga, reclamada por madres de niños epilépticos, por ejemplo.

En el otro país del Río de la Plata, Argentina, el Congreso autorizó su comercialización con objetivos terapéuticos, pero, como el cultivo está penalizado, para obtenerla hay que ingresar en circuitos clandestinos. Mamá Cultiva, una asociación de madres cultivadoras, fue una de las organizaciones que convocaron a las marchas argentinas del 6 de mayo, que reunieron a unos 180.000 manifestantes en 26 ciudades. Su presidenta, Valeria Salech, considera que mientras que no esté en vigencia una disposición que obliga al Ministerio de Salud a proveer gratuitamente -y a autorizar la producción local- de aceite de cannabis a los pacientes que lo necesiten, miles de personas no podrán acceder a tratamientos de “ya probada eficacia”. Importar ese aceite cuesta unos 350 dólares al mes, algo prohibitivo para la mayoría de los bolsillos argentinos.

En el ultraconservador y católico Perú, fue el presidente Pedro Pablo Kuczynski quien dio el puntapié inicial para un proyecto de ley que será presentado próximamente y que autoriza el suministro de productos a base de marihuana para pacientes de enfermedades como epilepsia, esclerosis múltiple, Alzheimer, asma, artritis y ciertos tipos de cáncer. En abril, el Congreso colombiano había tomado una decisión similar, en un país en el que el consumo (no la producción) de marihuana con fines recreativos está autorizado desde hace más de 20 años con ciertos límites.

Una persona fuma un porro de Marihuana en México. REUTERS/Henry Romero

El 2016 fue en México un año de debate nacional sobre la marihuana y su posible legalización con objetivos terapéuticos. El debate había sido lanzado en diciembre de 2015 por el presidente Enrique Peña Nieto, que hasta entonces se oponía a su legalización (“es una droga nociva para el desarrollo de la juventud”, había dicho), pero que se resignó a iniciar la discusión cediendo a la presión de la sociedad civil. Unos meses después, Peña terminó aceptando lo que médicos y académicos presentaron como una evidencia: que en determinados niveles de concentración los componentes activos de la marihuana tienen propiedades curativas. A mediados de 2016, el Parlamento comenzó a tratar un texto que regula, bajo control del Ministerio de Salud, la producción (por instituciones estatales), posesión y comercialización de marihuana únicamente con fines médicos y científicos y prevé la capacitación específica de profesionales de la salud. La adoptó a fines de abril pasado.

Cambio de enfoque

La ley mexicana supone una evolución en un país en el que ha prevalecido un enfoque muy cercano al estadounidense: que hay que hacer la guerra al consumo y a la producción de sustancias psicotrópicas. Literalmente. Desde que el presidente Felipe Calderón militarizara el “combate a las drogas” en 2006, han muerto o desaparecido en hechos relacionados con el narcotráfico alrededor de 200.000 personas. “No se ha reducido un ápice el consumo y México se convirtió en una gigantesca necrópolis”, comentó recientemente el escritor Juan Villoro. La legalización de la marihuana con fines médicos es apenas un paso para modificar el rumbo.

A pesar de los avances, quedan en esta región huesos duros o muy duros de roer: Paraguay, Brasil e incluso Chile. En Brasil, la ley vigente no penaliza, en principio, a los usuarios, pero, como no aclara a partir de cuándo (cuántos gramos) un usuario deja de serlo para ser considerado un traficante, los abusos (judiciales y policiales) son moneda corriente. Con la actual composición ultraconservadora del Parlamento (el mismo que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff) y del Poder Ejecutivo, es muy poco probable que haya cambios radicales a corto plazo por esas vías.

Una esperanza, al menos para los usuarios con fines terapéuticos, apareció en enero, cuando la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria dio vía libre a la venta de un medicamento basado en el tetrahidrocannabinol, el principal componente psicoactivo de la marihuana. Y no falta mucho para que el Supremo Tribunal Federal se pronuncie sobre si legaliza o no el cannabis para consumo recreativo, un proceso que inició en 2015. Tres de sus once jueces se han pronunciado a favor. En la Marcha da Macohna del 6 de mayo en San Pablo había carteles en los que se denunciaba a la guerra contra las drogas como causante de los centenares de asesinatos que se producen cada año en las favelas. “Legalización o muerte”, decía uno.