Un millar de casos de desaparición forzada en Perú están en riesgo por una fiscal general investigada por corrupción

La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, en el cargo desde julio de 2022 y afín a la presidenta Dina Boluarte, tiene por costumbre anular los nombramientos de fiscales provisionales para prorrogarlos por un tiempo corto, sometiendo a los magistrados a la incertidumbre laboral y así minar su independencia. Esto se traduce en continuos cambios en los equipos fiscales de casos emblemáticos de violación de derechos humanos y de corrupción.

Esa forma de gestionar el Ministerio Público, advierten los expertos, afecta a la gestión de las pruebas recolectadas y los juicios relacionados con crímenes perpetrados por militares en el período 1980-2000, durante la guerra interna entre el Estado y el grupo maoísta Sendero Luminoso.

Pero también afecta a las investigaciones de los 50 asesinatos y ejecuciones extrajudiciales cometidos por las fuerzas del orden en manifestaciones antigubernamentales entre diciembre y marzo últimos. Patricia Benavides es una aliada de la coalición autoritaria gobernante que encabeza Dina Boluarte y está bajo investigación por tres casos de corrupción.

Perú vivió bajo el terror durante 20 años, cuando Sendero Luminoso emprendió una guerra contra el Estado, y las Fuerzas Armadas y la Policía respondieron con tácticas de tierra arrasada, torturas y masacres. Un documento desclasificado esta semana por el Gobierno de Estados Unidos señala que, a mediados de los años ochenta del siglo pasado, el Ejecutivo dispuso destruir cualquier intento de llegar a la verdad sobre las masacres cometidas por el Ejército.

En consecuencia, hubo más de 21.918 personas desaparecidas en 20 años de violencia. La búsqueda en fosas y otros enterramientos, desde 2003, ha dado como resultado el hallazgo de restos pertenecientes a 910 personas.

Desde que Benavides asumió como fiscal general, no fueron atendidos los pedidos de presupuesto del Equipo Forense Especializado, que sin insumos químicos no puede identificar los restos óseos de cientos de víctimas de desaparición forzada, y tomar muestras de ADN de los familiares.

El 11 de agosto pasado, Benavides anunció que proveería fondos para que, hasta fin de año, el equipo forense identifique los restos de 400 personas, mientras que las 500 restantes quedarían para el próximo año.

Pero la realidad es otra. Los productos que necesitan los laboratorios forenses tardan un par de meses en llegar a los almacenes, y entre noviembre y diciembre no podrán identificar 400 muestras. Esa meta se podría haber alcanzado si hubieran tenido insumos desde marzo.

La impresión de quienes están en contacto con los forenses es que les han restringido recursos para que no avancen en la identificación de restos, que en ciertos casos son evidencia de carpetas fiscales, para poder entregarlos a los familiares.

En julio, la fiscal general anunció que cumplirá una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de diligencia en las investigaciones de violaciones a los derechos humanos, e informó que dotaría un presupuesto de 26 millones de dólares para crear fiscalías de derechos humanos e interculturalidad.

La fiscal ha creado esos despachos, pero en distritos donde no ocurrieron la mayoría de los crímenes del período 1980-2000. Tampoco donde los cometidos las fuerzas del orden desde que asumió Dina Boluarte como presidenta, destaca el exfiscal supremo Víctor Cubas Villanueva, el magistrado que investigó el caso de los nueve estudiantes, y un profesor de la Universidad La Cantuta, desaparecidos en 1992 por un destacamento militar creado por el régimen de Alberto Fujimori.

Según Cubas, una convocatoria para 288 empleados en dichos despachos -la mitad de ellos médicos-, llega tarde porque ya han sido elaborados los peritajes sobre los crímenes cometidos entre diciembre y marzo por policías y militares: "Es un festival de nombramientos, de captación de personal provisional que no se justifica en esos distritos fiscales: van a estar en los pasadizos sin hacer nada", apunta el jurista.

El Ministerio Público no tiene locales en las ciudades donde ha creado las nuevas fiscalías

El exfiscal advierte de otro "inconveniente" sobre el destino del presupuesto. El Ministerio Público no tiene locales en las ciudades donde ha creado las nuevas fiscalías. "Va a tener que gastar en alquilar ambientes, equipar, comprar mobiliario, camionetas, equipos informáticos y de comunicaciones. Ello puede dar lugar a malversar fondos", explica a Público.

Gisela Ortiz, familiar de uno de los estudiantes desaparecidos en la Universidad La Cantuta –uno de los crímenes más emblemáticos de la era Fujimori–, señala para este reportaje que hace cinco meses esperan la continuación de la búsqueda de restos en un terreno al este de Lima, donde los militares enterraron y quemaron algunos de los cuerpos.

"La diligencia debió reiniciarse en marzo pero está pendiente por falta de presupuesto del Ministerio Público. En estos dos últimos meses han muerto dos de los familiares de las víctimas”, precisa Ortiz.

Sin garantías para investigación fiscal

Desde inicios de agosto, Benavides retiró a tres fiscales del Equipo Especial del 'Caso Cabitos' y la semana pasada el fiscal principal fue notificado de su traslado a otro despacho.

Dicho equipo investigaba unos 370 casos de torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas entre 1983 y 1992 en el cuartel principal del Ejército en la capital de Ayacucho, más conocido como Los Cabitos, en la región con más víctimas en el período de violencia 1980-2000.

Ahora las pesquisas estarán a cargo de personas que no conocen los casos y que saben que su continuidad en los puestos depende de estar alineado con la fiscal Benavides, quien se ha colocado a favor de las fuerzas del orden cuando cometieron entre diciembre y marzo asesinatos y ejecuciones extrajudiciales de 50 personas.

La fiscal general dejó que se perdieran evidencias, colocó como cabeza del subsistema de derechos humanos a una fiscal neófita en ese rubro y trasladó a Lima todas las carpetas de investigación fiscal desde los distritos donde ocurrieron los hechos, para que un equipo también amateur, que ella designó, la asumiera.

Solo una de las fiscales de ese equipo tenía experiencia en indagar violaciones de derechos humanos. El resto, incluida la jefa, ha recibido capacitación vía internet para estas tareas.

"Estas situaciones de incertidumbre que genera la fiscal con sus decisiones administrativas y políticas, son muy preocupantes. Quitarle las investigaciones a fiscales que conocen de derechos humanos para dárselas a fiscales nuevos, designados a dedo -no sabemos con qué objetivos- nos hace desconfiar y nos pone en alerta", comenta Ortiz.

"Todo parece indicar que estaría empezando el desmantelamiento del sistema de investigaciones de derechos humanos que nació tras el informe de la Comisión de la Verdad", anota el profesor de antropología de la Universidad de Rutgers e investigador de la violencia en el período 1980-2000, Isaías Rojas, a raíz de estos hechos recientes.

El exfiscal Cubas destaca que lo ocurrido con el equipo especial de fiscales del 'Caso Cabitos' atenta contra garantías que la Constitución señala para el trabajo de los fiscales: la independencia para investigar y la inamovilidad en el cargo, independientemente de si son provisionales o titulares.

"La fiscal Benavides además hace unos meses sacó una resolución para dar por concluidos nombramientos de fiscales de otro caso emblemático y luego los vuelve a nombrar hasta fines de septiembre, manteniéndolos en la incertidumbre.

Lo grave es que con ello atenta contra el ejercicio independiente de la función", sostiene el también profesor universitario de Derecho. Cubas se refería a magistrados que investigan a la mafia de los Cuellos Blancos, formada por jueces, fiscales, otros operadores del sistema de justicia y empresarios, que hasta 2018 intercambiaban decisiones judiciales a cambio de dinero o nombramientos en cargos.

En otro caso complejo y largo, la matanza de presos del penal de El Frontón cometida por la Marina de Guerra (como se llama en Perú a la Armada) en 1986, el abogado Carlos Rivera también lamenta que cambiaron al fiscal. "En pleno juicio oral han cambiado al fiscal superior, que desconoce mucho del caso pese a que es un juicio duro, y habíamos pedido que designe a un fiscal con experiencia", refiere Rivera.

Fiscal general bajo investigación

El organismo que nombra y sanciona a los magistrados en Perú, la Junta Nacional de Justicia, investiga desde hace un año a la fiscal general por tres causas.

Benavides, tan pronto llegó al cargo, retiró de la investigación a la fiscal Bersabeth Revilla que indagaba sobre los sobornos que habría cobrado su hermana jueza, Enma Benavides, a capos del narco para liberarlos. Reemplazó a Revilla por un fiscal de su confianza. La fiscal general hizo esa modificación pese a que cuando hizo el examen para ascender, preguntada por el caso de su hermana, dijo que jamás interferiría si llegara a ser fiscal general.

Otro motivo de indagación que podría traducirse en un proceso disciplinario y sancionador contra la fiscal general es una condecoración que ella aceptó este año de manos del alcalde de Lima, el ultraderechista Rafael López Aliaga, quien afronta una investigación fiscal por lavado de activos.

Adicionalmente, la Junta Nacional de Justicia la investiga por sus llamadas telefónicas con un empresario miembro de la red de corrupción conocida como 'Cuellos Blancos'.

Pero una jueza no titular ha concedido este martes una medida cautelar a favor de la fiscal general Benavides con un argumento insostenible y ha ordenado a la Junta Nacional de Justicia que cese las investigaciones.

El exfiscal Cubas señala que hay varios peligros "al ejercer la función fiscal fuera de control". Esa es la situación que vive Perú desde hace meses debido a la falta de independencia de poderes y con un régimen negacionista de las violaciones de derechos humanos. Una línea liderada por el fujimorismo con el respaldo del empresariado y los jefes militares y policiales.

La fuerza política de los negacionistas del régimen de Boluarte es tal que este martes, durante una caminata por el Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada, Javier Roca, padre de Martín Roca, estudiante universitario torturado y desaparecido en una sede del Ejército durante el gobierno de Fujimori, fue categórico.

"Pese a la sentencia que halló culpables a Nadal Paiva y Oliveros Pérez, no están presos. No los están buscando, están protegidos. La ley no es igual para todos: quien tiene poder aquí roba y mata".