La muerte de una niña de 14 años por un aborto clandestino reabre el debate sobre su despenalización en Marruecos

La muerte en septiembre de una menor marroquí de 14 años a causa de un aborto clandestino ha desatado la polémica en Marruecos sobre la necesidad de despenalizar esta práctica muy recurrente en el país, con entre 600 y 800 casos diarios, según los datos manejados por las ONGs.

Meriem falleció el día 7 en la localidad rural de Boumia, en la provincia sureña de Midelt, como consecuencia de la hemorragia causada por la operación, que se habría practicado en la casa de un joven de 25 años con el que no estaba casada, en un país que penaliza las relaciones extramatrimoniales.

Desde entonces, el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, solo permitida en Marruecos cuando la salud de la madre corre peligro, está en las redes y medios marroquíes, donde se pide al menos desbloquear el proyecto de reforma del Código Penal que se presentó en 2015 (ahora en revisión) y que contemplaba excepciones como la violación, el incesto o enfermedad mental de la madre.

"Sabemos que la marroquí es una sociedad conservadora, pero pedimos, por razones exclusivamente sanitarias, que se despenalice la interrupción voluntaria del embarazo", explica a la Agencia Efe el presidente de la Asociación Marroquí para la Lucha contra el Aborto Clandestino (AMLAC), Chafik Chraibi.

"Exigimos que la interrupción del embarazo la regule el Código de Salud y no el Código Penal, porque esta práctica forma parte de la política pública sanitaria y de la salud reproductiva de las mujeres", precisa por su parte Atifa Timjerdine, coordinadora del colectivo Primavera de la Dignidad, que agrupa a veinticinco asociaciones feministas.

Abortar cuesta entre 280 y 1.400 euros

Según Chraibi, en Marruecos se registran diariamente entre 600 y 800 abortos clandestinos. Una parte de estas interrupciones voluntarias del embarazo no se realiza en quirófanos sino en consultas médicas que no cuentan con anestesistas, que no están debidamente esterilizadas y no siempre las lleva a cabo un médico especialista.

El activista, que ejerce también de ginecólogo, subrayó que realizar un aborto en una consulta médica cuesta entre 3.000 y 15.000 dirhams (entre 280 y 1.400 euros) y que una parte de las mujeres que no disponen de ese dinero recurre al aborto tradicional, que supone "un gran peligro".

La práctica de abortos en condiciones inadecuadas, explica el médico, puede causar desgarros uterinos, infecciones graves, por tétanos, por ejemplo, hemorragias e intoxicaciones por el empleo de hierbas peligrosas. Todo eso puede derivar en el fallecimiento de la mujer, como fue el caso de Meriem.

Según la OMS, 47.000 mujeres mueren cada año en todo el mundo a causa de interrupciones del embarazo y esos fallecimientos se producen en su totalidad, según este especialista, en los países cuyas leyes no autorizan un aborto seguro.

"El caso de la niña Meriem es solo un ejemplo de cientos de tragedias que se producen en la sociedad marroquí a causa de la penalización del aborto", lamenta la activista feminista Timjerdine.

Persecución a las mujeres y a quien las ayuda a abortar

El código penal marroquí castiga a la persona que ayuda a una mujer a abortar con penas de hasta cinco años de prisión y, en el caso de que fallezca, se elevan a entre 10 y 20 años. Si una mujer se somete a un aborto se arriesga a un pena de entre seis meses y dos años de cárcel.

Según Chraibi, los activistas que defienden el derecho al aborto han constatado en los últimos años que las autoridades han endurecido sus medidas contra las consultas médicas que realizan esa práctica.

"Ahora hay más médicos y enfermeros en prisión por practicar abortos ilegales que hace unos años. Esa persecución hace que muchos médicos ya no quieran realizarlos, lo que empuja a las mujeres a recurrir al aborto tradicional", lamenta.

Recientemente, un tribunal de Fez condenó a un ginecólogo a un año de prisión y a otras cinco personas a seis meses de cárcel por realizar un aborto y otro de Marrakech sentenció a tres médicos y a otras tres personas a penas de entre tres meses y dos años y medio.

Chraibi recuerda que las mujeres recurren al aborto en embarazos fruto del incesto o de violaciones, o cuando la madre descubre que el embrión sufre malformación. Otras abortan cuando su situación económica no les permite mantener al niño, en un país donde el abandono de bebés no deseados es un problema social.

Y es que las consecuencias de quedar embarazada fuera del matrimonio pueden ser fatales para una mujer marroquí: "Hay chicas que se quedan embarazadas de una pareja con la que no llegan a casarse. Entonces, si no abortan, sus familias las echan de casa", explica Chraibi.

Para Chraibi, las excepciones contempladas por la reforma legal presentada en 2015 no son suficientes. "La única solución es la despenalización del aborto para que la suspensión del embarazo sea segura, la realice un médico especializado en el quirófano de un hospital o de una clínica, con un servicio de anestesia y óptimas medidas higiénicas".