Evo Morales, expresidente de Bolivia, estuvo en el poder desde el 2006 hasta la denominada 'Crisis de política de 2019'. En ella, se sucedieron 21 días de protestas contra su gobierno porque un sector de la población le acusaba de haber cometido un fraude electoral en las elecciones generales de octubre. Tras perder el apoyo más contundente que tenía, el de las Fuerzas Armadas, el líder del Movimiento al Socialismo se vio obligado a dimitir. Al mismo tiempo, mantuvo encuentros en más de una ocasión con Mauricio Macri, por aquel entonces presidente de Argentina.

El pasado mes de julio, se publicaron noticias sobre el envío de munición de Mauricio Macri a la sucesora de Morales, Jeanine Añez en el año 2019. Alberto Fernández, actual presidente argentino, se disculpó con el Gobierno y el pueblo boliviano por el comprobado envío de munición antimotines que realizó su predecesor. En este contexto, cobra valor y relevancia un nuevo testimonio de un trabajador de la embajada argentina en Bolivia.

Jorge Bernardo Salinas Berrios lleva trabajando allí más de 20 años. Cuando se produjo el golpe de Estado contra Evo Morales, él era el jefe de seguridad de la representación diplomática en el país. Por eso, fue uno de los testigos privilegiados de la llegada del famoso avión argentino Hércules con un eventual número de oficiales militares. El pretexto del envío de estos refuerzos policiales era la protección al embajador y de las dependencias a su cargo.

No obstante, Salinas presenció el momento en el que la Policía y la Fuerza Aérea de Bolivia tomaron las balas de goma procedentes del Gobierno de Macri y se las repartieron. El trabajador de la embajada declaró ante el Ministerio Público de Bolivia la semana pasada por el supuesto envío de armas. Su declaración revela cómo fue el momento en el que las fuerzas armadas golpistas se repartieron en el mismo aeropuerto la munición enviada por la administración argentina.

En la madrugada del 13 de noviembre de 2019, familiares de diplomáticos y funcionarios se alojaron en el hotel Radisson de La Paz. Ante el ambiente de crispación y la escalada de tensión, era necesario que la Policía boliviana los escoltara hasta el aeropuerto. Salinas fue uno de los encargados de coordinar junto con la Policía de La Paz cómo sería el traslado para hacerlo de forma segura. Lo cierto es que, a la llegada de las fuerzas de seguridad bolivianas, se les trasladó en un autobús (y no con los vehículos oficiales de la embajada) que fue escoltado con otras furgonetas de las fuerzas de seguridad. Según su declaración, el trayecto fue corto y sobre las 5:35 de la madrugada llegaron al aeropuerto.

Cómo se descargaron y repartieron las municiones

El Hércules argentino estaba estacionado sobre la pista de aterrizaje de la unidad militar especial Diablos Negros (encargada del transporte aéreo a las instituciones y organismos que trabajan contra la lucha del narcotráfico). Cuando llegó la comitiva argentina, Salinas Berrios fue a saludar a los gendarmes acompañado de Adolfo Caliba, el adjunto de los agentes de La Paz. Caliba ha sido señalado como el responsable de coordinar la entrega del armamento. "Fue en ese momento en el que vi que estaban bajando unas cajas en un montacargas. Las mismas fueron llevadas a la entrada de una plataforma donde se procedió a cargar el montacargas a una camioneta de la Policía", relató el empleado de la embajada argentina en la sede de la Fiscalía.

"Me llamó la atención que varias personas levantaban las cajas que aparentemente no eran grandes. Curiosamente pregunté qué es lo había dentro de ellas para que pesen tanto, y me dijeron los policías que estaban cargando, que los gases y las municiones eran pesados", añadió Salinas Berrios. Según su testimonio, cuando terminaron de cargar el resto de las cajas, el montacargas lo guardaron en el depósito de la Fuerza Aérea Boliviana, al lado del estacionado avión Hércules.

La declaración del trabajador de la embajada coincide con las que previamente realizaron efectivos de la Fuerza Aérea y de la Policía. Todo indicaría que la Policía se llevó 26.900 balas del calibre 12/70 (más habitual) desde el aeropuerto y lo guardaron en un almacén ese mismo día. Por su parte, la Fuerza Aérea se quedó con 40.000 cartuchos de ese tipo. Cuando comenzó la investigación, un testigo anónimo (empleado también de la embajada), comentó que el reparto de la munición fue motivo de una acalorada discusión entre Caliba y el agregado militar de la Armada argentina.

Horas después de la llegada del primer contingente policial, el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, envió una carta al embajador argentino, Normando Álvarez García, en señal de agradecimiento por la entrega del material. Durante ese mismo día, el entonces jefe de la Gendarmería argentina, Gerardo Otero, mandó un sobre cerrado a través de la embajada de Bolivia en Buenos Aires al jefe de la Policía local. Las fuentes apuntan a que Otero le detallaba qué municiones había enviado Argentina.

Se desmorona la versión del Gobierno de Macri

Ni uno de los 70.000 cartuchos que la Gendarmería sacó como complemento a la Agencia Nacional de Materiales Controlados regresó al país cuando volvieron los efectivos desplegados en Bolivia. La versión oficial es que se habían utilizado en entrenamientos. Sin embargo, las autoridades judiciales sospechan que tal cantidad de cartuchos puedan ser utilizados en prácticas. Más sospechoso aún fue para ellos que el Grupo Alacrán, un cuerpo de élite de la Gendarmería, utilizase balas de goma.

Hasta el momento, el juez que investiga el contrabando de armas en Argentina, Alejandro Catania, tomó declaración a una veintena de agentes que estuvieron en los dos últimos cargamentos enviados a La Paz. Se prevé que a finales de este mes, Catania comenzará a tomar declaración a los militares que viajaron en el Hércules y llegaron a Bolivia el 13 de noviembre de 2019. El denominador común de todas las declaraciones es que los gendarmes no tuvieron contacto con esas balas y mucho menos hubo tiempo para entrenamiento.

El fiscal Claudio Navas Rial encargado del caso, imputó a Macri, al exjefe de Gabinete Marcos Peña, a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, al exministro de Defensa Óscar Aguad, al excanciller Jorge Faurie, el exembajador Álvarez García y a un grupo de policías como Otero y Caliba.