Italia propuso este miércoles a la OTAN el cese inmediato de los bombardeos sobre Libia y la creación de un corredor humanitario que permita a los organismos internacionales aliviar las necesidades más básicas de la población civil después de cuatro meses de conflicto. La idea fue presentada en el Parlamento italiano por el ministro de Exteriores, Franco Frattini, en la víspera del Consejo Europeo que se celebra hoy en Bruselas y concuerda con las últimas peticiones de la Liga Árabe y la Unión Africana. Pero Frattini recibió de manera inmediata una rotunda negativa por parte de Reino Unido, Francia y de la propia Alianza, que por medio de su secretario general, Anders Fogh Rasmussen, aseguró que parar ahora las operaciones provocaría una situación humanitaria aún peor.

Según Frattini, el alto el fuego "permitiría evitar que se consolide la división de Libia en dos partes, como teme el Consejo de Transición Nacional". Pero además daría "total acceso a las localidades libias más aisladas donde la situación humanitaria es dramática, como en Misurata".

Franco Frattini propone sin éxito crear un corredor humanitario

El presidente de la Unión Africana, Jean Ping, en una entrevista con la agencia Reuters, insistió también este miércoles en esta posibilidad. "Hay un riesgo de división entre la zona Cirenaica y la Tripolitana" en Libia, dijo, y abogó por un alto el fuego porque, según él, la misión de la OTAN ha fracasado: "Pensaban que iba a ser cuestión de 15 días". Asimismo, el martes, el líder de la Liga Árabe, Amr Musa, dijo al diario The Guardian que ha llegado el momento de "hacer todo lo que sea posible para alcanzar una solución política que empiece con un cese inmediato de las hostilidades bajo supervisión internacional".

El primero en negar estos términos fue el ministro de Exteriores francés, Alain Juppé, que en un comunicado dijo ser "contrario a cualquier tipo de pausa en Libia porque permitiría a Gadafi ganar tiempo y reorganizarse". Lo mismo piensa el primer ministro británico, David Cameron, que durante su comparecencia semanal en el Parlamento aseguró que "es vital seguir aumentando la presión sobre Gadafi. El tiempo está de nuestra parte y concluiremos las operaciones de una manera satisfactoria". Por su parte, el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, aseguró en un videomensaje que la Alianza "seguirá con la misión porque si paramos ahora morirán un número incalculable de civiles".

Reino Unido y Francia presionan para continuar con la campaña militar

Todas estas reacciones provocaron que el Ministerio de Exteriores italiano tratara de dar marcha atrás. En una entrevista con la cadena qatarí Al Yazira, el portavoz de la diplomacia italiana, Maurizio Massari, aclaró que lo de Frattini "se trataba de una hipótesis".

Hipótesis que quizá fue tan sólo un guiño a la xenófoba Liga Norte, partido que sostiene al Gobierno de Silvio Berlusconi y que el domingo exigió el fin de los bombardeos para frenar la llegada de refugiados a la isla de Lampedusa. En cualquier caso, la aportación italiana en Libia es clave porque la mayor parte de las bases disponibles para la OTAN están en Italia y por su relación histórica con el régimen libio.

La propuesta de Frattini puede ser interpretada síntoma de una fractura en las relaciones entre los aliados y llega en el momento más delicado para la misión. El domingo, la Alianza reconoció que al menos cinco personas habían muerto por error durante un ataque y el martes el régimen acusó a los cazas aliados de matar a otros 19 civiles.

"Si paramos ahora morirán muchos civiles", dice Rasmussen

Una encuesta publicada por el Financial Times mostraba el pasado lunes que el apoyo al "cambio de régimen" en Libia entre la población europea es bastante consistente. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos se decía contrario al bombardeo de objetivos no militares. El principal reto para la OTAN es reducir a cero la muerte de ciudadanos libios porque buena parte del éxito de las operaciones está en convencer a la opinión pública de que esta es realmente una guerra para proteger a los civiles. Sólo así podrán justificar los costes de la intervención, que en el caso de España supera los 14 millones de euros al mes.