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Los sin papeles en Bélgica ponen fin a su huelga de hambre y sed a esperas de dejar de ser ciudadanos fantasmas

Dos meses sin comer y cuatro días sin beber. Más de 400 personas que viven de forma irregular en Bélgica iniciaron en mayo una huelga para exigir que se regularizase su situación y dejar de ser ciudadanos fantasmas. 60 días después, el deterioro de su estado de salud físico y mental ha forzado al Gobierno a llegar a un acuerdo con ellos.

La Iglesia en la que están durmiendo las personas en huelga de hambre.
La Iglesia en la que están durmiendo las personas en huelga de hambre.

Malika suma 58 días en huelga de hambre. No puede más y se desploma entre lágrimas mientras llegan las ambulancias. La imagen que devuelve la iglesia de Béguinage, en el centro de Bruselas, es descorazonadora. A sus pies, cientos de botellas de agua dibujan un corazón y un mensaje de SOS. Dentro, cientos de personas resisten en una especie de campamento improvisado. 1,2,3 y así hasta 200 colchones enumerados se despliegan por las instalaciones con un cartel que describe la profesión de las personas que yacen tumbadas: "Soy tatuador". "Soy conductor de autobús". "Soy agricultor".

El 23 de mayo, 475 migrantes sin papeles comenzaron una huelga de hambre en la iglesia de la plaza Saint Catherine y en los campus universitarios ULB y VUB para pedir al Gobierno belga que regularice su situación al grito de "no somos ciudadanos fantasmas". Hace cuatro días, algunos de ellos dieron un paso más iniciando una huelga de sed. 

Uno de los responsables explicaba a Público que cuatro de ellos se encontraban en estado grave. La deshidratación, el cansancio, el dolor muscular o la insuficiencia renal comenzaban a hacer mella y habían provocado un trasiego incesante de ambulaciones y de bomberos para revisar sus constantes vitales sea incesante. En apenas dos horas, llegaron tres servicios médicos. "No tengo miedo", decía uno de los jóvenes a los que evaluaba un miembro de Cruz Roja.

En el aniversario del segundo mes de protesta, la salud física y mental de las personas que resistían en Béguinage se estaba deteriorando. Y el agotamiento había provocado incluso algún intento de suicidio. La situación estaba entrando en fase crítica y amenazaba con desatar una tormenta política en el país. Los partidos de coalición socialista y ecologista habían advertido al Ejecutivo que lidera el liberal Alexander de Croo que harían caer el Gobierno si fallecía uno de los huelguistas.

Por ello, tras intensas negociaciones, los migrantes y Gobierno llegaron el miércoles a un acuerdo para suspender la huelga, al menos de forma momentánea. "Hemos logrado concretar acuerdos, que aún tienen que ser validados. Esperamos que lo sean. Ya no hay más estrés y angustia dentro de la iglesia", anunció uno de los representantes entre aplausos, vítores y alguna lágrima de los simpatizantes.

"Cuando salga quiero ser libre no valiente", reza una de las muchas pancartas colgadas en el interior de la iglesia. "Mamá, te echo de menos", dice otra. La mayoría de ellos, hombres y mujeres, llevan años trabajando en Bélgica. Algunos han formado una familia, otros han perdido todo y a todos los miembros que le quedaban en su país natal. Naziha vive en Bélgica desde 2003. En su Marruecos natal ya no le queda ningún familiar. Marroquíes, argelinos, tunecinos o egipcios dicen sentirse belgas y solo demandan poder vivir en dignidad como tales. Pero en el día a día les persigue la clandestinidad, la invisibilidad y la incertidumbre. "¿Morir por papeles?" es el cartel desplegado por toda la ciudad.

La demanda inicial de los cientos de personas en huelga era una regularización colectiva de su situación para dejar de ser ciudadanos fantasmas. El Ejecutivo de De Croo siempre se ha opuesto a esta vía. Y tampoco lo hará ahora. El principio de acuerdo contempla, según recogen los medios belgas, acelerar la revisión de los casos de los huelguistas. Pero de forma individual. "No haremos acuerdos sobre la política de migración. Las normas están para cumplirlas. El procedimiento no cambiará porque es justo, adecuado y humano", explicó Sammy Mahdi, secretario de Estado de Asilo y Migración, en declaraciones que recoge la RTBF. La tregua es, sin embargo, frágil y los migrantes podrían retomar la huelga si lo pactado no se materializa.

Un problema estructural

Bélgica cuenta con unas 150.000 personas sin papeles. Muchas de ellas llevan décadas contribuyendo a la economía del país, pero están desamparadas sin asistencia médica, posibilidad de viajar o privadas de derechos fundamentales básicos como el acceso a la justicia, a la dignidad humana o a percibir un salario mínimo. La clandestinidad dificulta, además, prácticas habitualmente tan sencillas como la apertura de una cuenta bancaria. Todo ello, unido al miedo constante de ser detenido y expulsado, dispara los problemas de salud mental. 

"No vacation until regularisation" es la consigna que se desprende de la gran pancarta desplegada a las puertas de la iglesia. El proceso de regularización de personas indocumentadas que llegan por vías irregulares al país es complicado. Solo se activa por motivos humanitarios o médicos. Durante los primeros cinco años esta carta blanca solo tiene validez durante un año y está sujeta a condiciones.

Llamadas internacionales

La situación había llegado hasta la propia ONU. Oliver de Schutter y Felipe Gonzáles, relatores especiales de derechos humanos en Naciones Unidas, enviaron una carta abierta al Gobierno belga para que proteja la salud de los huelguistas y para que les conceda un permiso de residencia temporal. La misiva reclama la triple petición de crear un mecanismo permanente, independiente e imparcial para analizar las demandas de regularización; agilizar los procedimientos; y garantizar la protección de los derechos humanos de todas las personas sin papeles.

En paralelo, 90 eurodiputados han enviado otra carta a De Croo reclamando la regularización de todos los huelguistas y una política de asilo clara que "garantice que nadie es forzado a vivir como ciudadano de segunda clase en el territorio belga". El español Miguel Urbán, eurodiputado de Anticapitalistas e impulsor de la iniciativa, señala que este es un ejemplo más de "la política migratoria xenófoba y racista que ahonda en la construcción de esta Europa fortaleza".

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