El Gobierno francés ha aceptado discutir la inclusión en la programada reforma de la Constitución de cuestiones para la autonomía de Córcega, cuyas instituciones están controladas por los nacionalistas, que tienen mayoría absoluta desde las elecciones regionales de diciembre.

Esa fue la conclusión destacada este viernes por el presidente del Consejo Ejecutivo de Córcega, el autonomista Gilles Simeoni, y por el presidente de la Asamblea, el independentista Jean-Guy Talamoni, al término del encuentro mantenido en Ajaccio con la ministra francesa Jacqueline Gourault, encargada por el Ejecutivo.

Gourault se mostró evasiva ante los medios y no quiso entrar en materia, pero Simeoni y Talamoni se declararon satisfechos de este primer contacto con la representante del presidente, Emmanuel Macron, tras asumir los cargos el pasado martes.

"Se trabajará sobre la revisión constitucional y sobre la forma de tener en cuenta las demandas de Córcega en esta revisión constitucional", afirmó Talamoni.

"Por tanto -añadió-, estamos claramente en un desbloqueo de la cuestión constitucional, lo que no está mal y es un buen augurio".

En la misma línea, Simeoni señaló que juntos habían establecido "la necesidad de enmarcar nuestro diálogo en la perspectiva de la revisión constitucional general que está prevista".

La coalición nacionalista Pè a Corsica (Por Córcega) que lideran Simeoni y Talamoni logró un 56,5 % de los votos en la segunda vuelta de los comicios regionales el 10 de diciembre, lo que se ha traducido en 41 de los 63 escaños de la Asamblea regional.

Sus principales reivindicaciones a París son un estatuto cooficial de la lengua corsa, la creación de un estatuto de residente en la isla, con prioridad por ejemplo en el acceso a la propiedad, la transferencia de competencias fiscales y una revisión de la situación de los independentistas encarcelados por haber participado en el pasado en acciones terroristas.

Todo eso con la vista puesta en la obtención de un estatuto de autonomía en el plazo de tres años para que pudiera aplicarse de forma plena en un horizonte de diez años.

El primer ministro francés, Edouard Philippe, que el próximo día 22 debe recibir en París a Simeoni y Talamoni, hasta ahora se había mostrado muy reticente con las demandas de los nacionalistas, e incluso el 12 de diciembre había hecho notar que tendrían que ser "conformes al marco constitucional".