El consorcio a cargo de la ampliación del Canal de Panamá, que lidera la constructora española Sacyr, se ha comprometido a procesar sus reclamaciones según lo establecido en el contrato y a iniciar un diálogo con la administración de la vía en busca de una solución al conflicto contractual, anunció este lunes la ministra española de Fomento, Ana Pastor.

"El compromiso del consorcio es que todas las reclamaciones van a ir por la vía dentro del contrato (...) por lo tanto ya ahí hay un primer acuerdo. También que se van a sentar para hablar y a dialogar para intentar resolver todos los problemas", dijo Pastor a los periodistas tras un reunión con el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli.

El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que se adjudicó las obras de ampliación en 2009 y que lidera Sacyr, anunció la semana pasada que suspendería las obras el próximo día 20 si la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) no reconoce "sobrecostes" por más 1.600 millones de dólares. Sin embargo, este primer acuerdo para negociar las posturas evita, al menos de momento, la paralización de los obras.

Así lo ha dado a entender la ministra, que ha explicado que las reuniones tienen como fin que "las partes se sienten" para que esta obra "tan importante" continúe "a buen ritmo" y pueda terminarse en el periodo de tiempo "más corto" posible. Pero ha matizado en la línea de las declaraciones del embajador español en Panamá, Jesús Silva, que este es "un problema entre entidades privadas y una entidad que la constitución panameña recoge como una entidad independiente", por lo que el Estado no aportará financiación para que continúe la construcción.

La ACP ha señalado que la cláusula citada por el contratista para paralizar las obras no se aplica al caso, que el reclamo económico no está justificado debidamente, y ha instado al GUPC a que continúe las obras y paralelamente presente sus peticiones por los canales previstos en el contrato y no intente eventuales negociaciones fuera de ese marco.

En declaraciones a los periodistas ante el palacio presidencial de Panamá, Pastor recalcó que aunque se trata de un conflicto entre un ente autónomo del Estado panameño y un grupo de empresas, entre ellas una española, Madrid ha intervenido de buena fe en busca de que las partes "lleguen a acuerdos, porque el acuerdo y el entenderse será bueno para todos". La ministra se declaró "satisfecha" por la "buena disposición" del GUPC y la ACP para dialogar. 

Martinelli, por su parte, dijo estar "totalmente de acuerdo" con lo expresado por la ministra española, a la que agradeció públicamente su "muy atinada intervención" y su "muy significativa ayuda".

"No creo que tenga mucho más que añadir (a lo dicho por Pastor) salvo que la ACP y el GUPC, entre ellos, tienen que resolver todos sus problemas según el contrato firmado entre las partes. Estamos seguros que producto de las reuniones que se están dando entre ellos, van a resolver cualquier conflicto que pudiesen tener", afirmó el mandatario.

"Lo que más queremos todos los Gobiernos del mundo, el de Panamá, de España, es que el Canal de Panamá se termine y se expanda según los términos estipulados en el contrato", reiteró el jefe del Estado.

La ministra Pastor se encuentra este lunes en Panamá con el objetivo de mediar para que las partes en conflicto logren acuerdos que permitan llevar adelante el proyecto de ampliación de Canal, una de las mayores obras de ingeniería del mundo.

"ACP y el GUPC tienen que resolver todos sus problemas según el contrato" A primera hora de este lunes sostuvo un encuentro privado con representantes del GUPC, tras lo cual se reunió con Martinelli, y en la tarde hará lo mismo con los responsables de la ACP. "El primer acuerdo, y es importante este avance, es que GUPC acepta presentar sus reclamos por los canales que establece el contrato", resaltó la ministra española en rueda de prensa en la sede de la Embajada de España. Agregó que, en segundo lugar, se acordó que era necesario que "pronto" se reúnan las instancias independientes de resolución de reclamaciones contenidas en el contrato, o sea la Junta de Resolución de Conflictos (DAB, por sus siglas en inglés) y la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en Miami (EEUU).

El GUPC se adjudicó en 2009 el proyecto de ampliación por un valor global de 5.250 millones de dólares, de los cuales 3.118 millones corresponden al contrato para la construcción de las esclusas. El consorcio ha dicho que la ACP le entregó información geológica equivocada y que esa es la principal causa de la petición de más de 1.600 millones de dólares extras, que representan cerca del 50% del costo de las nuevas esclusas que permitirán el paso de buques con hasta el doble de carga de lo actual.

El administrador de la ACP, Jorge Quijano, ha advertido que la Autoridad no será "rehén" de un contratista y sostenido que el contrato establece mecanismos para que la Autoridad, en última instancia, culmine la obra, aunque ha conminado al GUCP a que termine su trabajo según establece el contrato.