Santiago Pedraz, titular del juzgado de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional, da por concluida la investigación judicial por el secuestro y torturas de cuatro opositores del régimen de Teodoro Obiang, presidente de Guinea Ecuatorial, exiliados en España. Por estos hechos están siendo investigados el hijo del dictador y jefe de la seguridad Exterior del país, Carmelo Ovono Obiang, así como otros dos altos cargos del Gobierno africano, Nicolás Obama e Isaac Nguema.

A pesar de la voluntad del juez de cerrar el caso, la última palabra deberá tomarla la Sección 3º de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Desde que esta decretara el paso de las diligencias previas a sumario ordinario en enero de 2024, tal y como reclamaba la acusación desde hacía meses, es la única con potestad para dar por cerrada la investigación.

En el escrito de este lunes 15 de abril, Pedraz también deniega el recurso presentado por la acusación en el que le pedía continuar practicando diligencias, algunas de las cuales consideran que estaban "vinculadas a consolidar aún más elementos de jurisdicción territorial". Entre ellas estarían las declaraciones de miembros del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU que visitaron Guinea Ecuatorial, testigos protegidos, o la solicitud información técnica del avión con el que se llevaron a cabo los secuestros. También, la solicitud de la propia Sala de investigar el dinero en efectivo introducido por Carmelo Ovono en España, y que podría haberse destinado a la desaparición de los cuatro opositores.

La decisión del juez evidencia su intención de no continuar investigando los hechos ni a los acusados, y suma un tiempo más al partido de tenis que juega con la Sala desde hace meses. Después de que esta tomara las riendas del caso y lo transformara en un procedimiento sumario, ha frenado o revocado todas las decisiones del juez instructor, con las cuales buscaba darle carpetazo al caso.

Así ocurrió con la solicitud de declarar en rebeldía a los acusados después de que estos no acudieran a dar su testimonio ante el juez el 28 de marzo de 2023. Este era el paso previo a formalizar unas órdenes de busca y captura contra los tres altos cargos de Guinea Ecuatorial. Pese a la oposición inicial de Pedraz, el 19 de febrero de este año la Sala aprobó las órdenes de detención internacional contra los acusados.

No es el único aspecto en el que ambos órganos judiciales han contrapuesto criterios. En enero de este año Pedraz decidió cerrar la investigación en España y cederla a Guinea Ecuatorial, cuya Justicia reclamaba para sí la jurisdicción del caso. La acusación vio en este movimiento una estrategia de la defensa para apartar del caso a España y librar de las potenciales condenas al hijo de Obiang y a sus otros dos altos cargos.

En aquel auto, el instructor aseguró que "lo que se investiga son unos hechos muy concretos, no al régimen guineano ni a su poder judicial". Pedraz reincide en esta idea en su nuevo escrito y argumenta que "no puede poner en duda (...) que el procedimiento [abierto por Guinea Ecuatorial en su territorio] adolezca de falta de imparcialidad, o sea meramente instrumental".

El 8 de abril, la Sala revocó la decisión de Pedraz de ceder el caso a Guinea Ecuatorial, obligando al juez a continuar con la investigación. 
La respuesta del régimen africano ha sido llamar a consultas a su embajador en Madrid, Miguel Edjand Ange, tal y como anunció en X [antes Twitter] el también hijo de Obiang y vicepresidente del Gobierno, Teodoro Nguema.