Varias organizaciones de defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa han pedido a la nueva administración de los Estados Unidos, liderada por el presidente Joe Biden, que se retiren los cargos contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, después de que la magistrada Vanessa Baraitser, rechazara la demanda de extradición presentada por EEUU el pasado 4 de enero.

El australiano, de 49 años, está detenido en el Reino Unido debido a que la jueza británica a denegado su puesta en libertad bajo fianza y en arresto domiciliario a la espera de un recurso contra la denegación de su extradición a Estados Unidos.

La justicia estadounidense pretende juzgarlo por espionaje y condenarlo a 175 años de prisión en aislamiento total, a raíz de la difusión a partir de 2010 de más de 700.000 documentos clasificados sobre las actividades militares y diplomáticas estadounidenses, principalmente en Irak y Afganistán en donde se demuestran una infinidad de crímenes de guerra cometidos por EEUU.

La petición ha sido firmada por un total de 24 organizaciones entre las que se encuentran Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras, afirman que el procesamiento "amenaza la libertad de prensa" y crearía un precedente que "criminalizaría" las prácticas periodísticas.

Assange fue procesado bajo la presidencia de Donald Trump, a quien los partidarios de Assange habían pedido en vano que lo indultara.

Bajo el mandato de Barack Obama, que tenía como vicepresidente a Joe Biden, la justicia estadounidense renunció a procesar al fundador de WikiLeaks.

Hace diez años, Biden afirmó considerar a Assange más como un "terrorista de alta tecnología" que como un heredero de los "papeles del Pentágono" que revelaron las mentiras de Estados Unidos sobre la guerra de Vietnam en la década de 1970.