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Sanciones a Venezuela La ONU pide levantar las sanciones a Venezuela por sus "efectos devastadores"

La relatora que ha vistado el país ha constatado Venezuela afronta una carencias en sectores como maquinaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gas, alimentos y medicinas. Los activos del país congelados en los bancos de EEUU y Europa representan 6.000 millones de dólares.

Un vecino de la parroquia 23 de enero prepara la cena con productos del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) en su apartamento. JAIRO VARGAS
Un vecino de Caracas prepara la cena con productos del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), una cesta básica de alimentos subvencionada por el Gobierno venezolano ante la inflación desmedida en el país. JAIRO VARGAS.

La ONU pidió este viernes levantar las sanciones económicas que varios países han impuesto a Venezuela los últimos años ante los "efectos devastadores" que han tenido sobre la vida de los ciudadanos, mientras la oposición acusó a la relatora de Naciones Unidas Alena Douhan de prestarse a la "propaganda del régimen".

El exhorto lo hizo la relatora especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, al término de una visita de 12 días al país en la que se entrevistó con decenas de personas para entender, dijo, una "situación muy compleja y alarmante".

Si bien las observaciones presentadas en rueda de prensa son de carácter preliminar, aclaró la relatora, estas surgieron de un "diálogo franco y abierto" en el que hubo "exhaustivas consultas con una amplia gama de interlocutores".

El diagnóstico 

Venezuela afronta una carencia en sectores como maquinaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gas, alimentos y medicinas, mientras que los activos del país congelados en los bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal representan 6.000 millones de dólares.

Más de 2,5 millones de personas que sufren de inseguridad alimentaria severa, según la ONU

El informe, que la relatora leyó en primera persona frente a decenas de periodistas, estima también que desde 2015 el número de venezolanos que han abandonado el país en busca de una vida mejor oscila entre uno y cinco millones, si bien la propia ONU estima que son 5,4 millones de emigrantes en este momento.

Según el escrito, los servicios públicos, que presentan desde hace años numerosos fallos, han tenido una merma del 30 al 50 % de su personal, mientras que hay más de 2,5 millones de personas que sufren de inseguridad alimentaria severa.

"Cuatro años de hiperinflación han traído como consecuencia la total devaluación de la moneda nacional", señaló Douhan, para luego recordar que cerca del 90 % de la población recibe menos de diez dólares mensuales, lo que alcanza para menos del 1 % de la cesta alimentaria y les condena a la pobreza extrema.

Los problemas de transporte, causados entre otros por la escasez de gasolina, así como la falta de electricidad y una reducida cobertura de telefonía móvil e internet ponen en peligro el disfrute del derecho a la educación.

Las sanciones

"Las sanciones unilaterales impuestas, cada vez en mayor medida, por los Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y otros países han exacerbado las calamidades (en Venezuela)", explicó Douhan, quien mencionó que el país hoy percibe menos del 1 % del ingreso que tenía antes de que comenzaran las medidas coercitivas.

Principalmente desde Estados Unidos, pero también desde otros países americanos y europeos, se han aplicado cientos de sanciones contra funcionarios de la llamada revolución bolivariana y sobre el sistema financiero nacional.

Las sanciones "violan el derecho internacional" y la "soberanía del país", apunta la relatora

Este embargo económico incluye la prohibición de hacer negocios con la estatal petrolera Pdvsa o la congelación de activos del Banco Central de Venezuela (BCV), pero también el hecho de que EEUU ha tratado de impedir que Venezuela reciba combustible de Irán y de que ha habido "amenazas" y "presiones" para que terceros no suscriban contratos con Caracas.

También en el marco de las sanciones, que en su mayoría están sustentadas en acusaciones de que el Gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura, Venezuela, o al menos el Ejecutivo, no ha podido acceder a dinero público depositado en el extranjero.

La relatora subrayó que sancionar sectores económicos como el petróleo, oro, minería y otros, la aerolínea estatal y la industria de la televisión estatal constituyen "una violación del derecho internacional y su ilicitud no se excluye con hacer referencia a las contramedidas".

En este sentido, recordó que los activos del BCV y los bienes utilizados para funciones públicas pertenecen al Estado venezolano y no al Gobierno y, por lo tanto, la congelación de estos recursos "viola los derechos soberanos del país e impide a su Gobierno ejercer su deber de garantizar las necesidades de la población".

Recomendaciones

Douhan concluye que las sanciones impuestas al país "afectan al pueblo venezolano" y "han exacerbado las calamidades económicas y humanitarias existentes", lo cual "ha tenido un efecto devastador en toda la población".

Esto, además, deja a las personas cada vez más dependientes de la ayuda social de un Gobierno que tradicionalmente ha usado las importaciones para saciar las necesidades de comida y salud, y que ahora no es capaz de sufragar estas demandas, entre otras razones, por la merma casi total de su poder adquisitivo.

La relatora subrayó la "inadmisibilidad de la aplicación de sanciones extraterritorialmente", e instó al Gobierno de EEUU a "reconsiderar y levantar las sanciones impuestas al sector público venezolano", así como "revisar y levantar las sanciones secundarias impuestas a terceros países", relacionadas con la tirantez entre Caracas y Washington.

El exhorto también se dirigió a todos los Estados para que revisen y levanten las sanciones selectivas "para garantizar que los funcionarios del Gobierno de Venezuela puedan representar al Estado con base al principio de igualdad soberana".

Asimismo, se insta al Gobierno de Maduro a que, junto a agencias de la ONU, negocie un acuerdo para "garantizar la distribución transparente, justa y no discriminatoria de los bienes esenciales y la ayuda humanitaria bajo el control de las instituciones internacionales sin distingos".

Douhan se declaró preocupada por la falta de personal sanitario y de medicamentos en Venezuela, por lo que lamentó que los intentos por liberar los fondos congelados del país en el extranjero hayan sido infructuosos pues, remarcó, estos serían usados para paliar esta situación.

De igual modo, se mostró alerta ante "la vigilancia y enjuiciamiento" del personal de las ONG involucradas en el trabajo humanitario y la ausencia de normas provisionales que regulen el trabajo de estas asociaciones en el país, por lo que cree necesario que se establezca un marco legal claro y no discriminatorio al respecto.

Las elecciones

La oposición venezolana acusó a la relatora de seguir la narrativa del Gobierno sobre las sanciones económicas a su país, si bien Douhan aseguró en la rueda de prensa que su trabajo se rigió por un independencia total.

"Lamentamos que una relatora de ONU se preste para la propaganda y narrativa que excusa al régimen de su responsabilidad en la Emergencia Humanitaria y la violación de DDHH en el país", dijo el exparlamentario Miguel Pizarro en Twitter.

El opositor indicó que la relatora cometió imprecisiones pues, según dijo, no mencionó "temas como corrupción, ineficiencia, violencia política y uso del hambre como herramienta de control social y político".

Maduro, por su parte, reconoció que la crisis humanitaria de Venezuela es "enorme", y reiteró su denuncia de que es causada por las sanciones, pese a que la situación crítica comenzó años antes de que el país fuera sancionado.

"Hoy la relatora ha hecho un llamado al Gobierno de Estados Unidos, al Gobierno de la Unión Europea (UE) a que revisen las sanciones y levanten las sanciones contra Venezuela porque han exacerbado una crisis humanitaria gigantesca, enorme, contra el pueblo", dijo Maduro, que hasta mediados de 2019 negaba la existencia de la urgencia humanitaria.

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