La crisis de seguridad en Chile ha golpeado tan fuerte al Gobierno de Gabriel Boric, que incluso el nuevo proceso constituyente –donde los chilenos deberán elegir este 7 de mayo a los 50 miembros del consejo constitucional– ha pasado a segundo plano: según la Encuesta Criteria apenas el 31% de la población está interesado en la posible Nueva Constitución que reemplazaría a la de 1980, tras el contundente rechazo del primer texto constitucional en septiembre del año pasado.

La muerte del carabinero Daniel Palma, en un procedimiento policial el jueves pasado en Santiago de Chile, justo en medio de la aprobación en el Congreso de leyes que dan mayores atribuciones a la institución que ya lamentaba dos fallecimientos este año, ha enrarecido la Semana Santa al punto que Boric debió pedir una "tregua" a los partidos de derecha para lograr acuerdos para controlar esta oleada de violencia donde el país registra 4,6 homicidios por cada 100 mil habitantes. Una cifra que, a pesar de ser de las más bajas de la región, para el país trasandino son récord y que la derecha asocia, sobre todo, con la migración de extranjeros por pasos no habilitados.

La relación entre carabineros y el Gobierno de Chile ciertamente no está pasando por un buen momento. En marzo, la ministra del interior Carolina Tohá tuvo que pedirle al general director Ricardo Yáñez que cuidara sus palabras al referirse a la clase política que, según él, tenía "amarrada de manos" a sus funcionarios exigiendo un marco legal donde "carabineros no tengan que dudar, donde los carabineros no tengan miedo a tener que enfrentar a delincuentes y hacer uso de todos los elementos que la ley les entrega".

Todo esto a propósito de la muerte del cabo primero Alex Salazar, atropellado en la ciudad de Concepción –en el centro de Chile–, hecho que conmocionó a un país donde tradicionalmente la cifra de carabineros fallecidos es baja o incluso nula. Tohá además de ratificarle que el Gobierno apoya a su institución y que no era bueno sembrar dudas al respecto, señaló en una entrevista que "hubo una época en Chile de mucha discordia sobre la actuación de carabineros, de muchas cosas, tuvimos una explosión social y cuestionamientos a las instituciones, pero lo que tenemos hoy no es que exista un clima en la sociedad chilena que le amarre las manos a carabineros".

Represión y corrupción

Con esto se refería claramente a la violencia institucional durante las grandes protestas de 2019 que dejó a más de 300 personas con daño ocular producto de las balas de goma que las Fuerzas Especiales utilizaban para contenerlos y una decena de fallecidos. Pero también por el caso de corrupción más grande de la historia del país donde más de 130 funcionarios se habrían embolsado más de 42 millones de dólares, en lo que se conocerá como Paco-gate. Un juego de palabras entre el nombre coloquial con que los chilenos se refieren a los carabineros ("pacos") y el caso Watergate.

Este conflicto con la institución se reflejó precisamente en el caso de la periodista chilena Paulina de Allende Salazar que mencionó la palabra "paco" frente a un general que se negó a entregar un comunicado sobre la muerte de Palma hasta que ella se retirara. Aunque ella corrigió al instante la expresión y pidió las disculpas del caso, su canal –Mega– terminó despidiéndola. Por otra parte, ha habido protestas ciudadanas frente a La Moneda por la situación de carabineros, donde algunos incluso le piden la renuncia a Boric, mientras éste fue abucheado en el velatorio del carabinero donde asistió junto a los ex presidentes Michelle Bachelet, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, y terminó arrodillado frente a la viuda. Si la idea de sus asesores, que gustan de generar imágenes cinematográficas, era demostrar su capacidad de empatía, para sus críticos significaba otra cosa: que el Gobierno está de rodillas en el suelo.

Sin embargo, Boric a través de un mensaje a los chilenos destacó las nuevas medidas implementadas, entre ellas, aumento de penas por portación de armas en lugares altamente concurridos, la creación del delito de extorsión en gendarmería y el aumento de 1.500 millones de dólares de presupuesto para la creación del plan "Calles sin violencia".

"A la delincuencia la enfrentamos como Estado y sociedad organizada. En esto no existen izquierdas o derechas. Estamos unidos en esta cruzada y como Gobierno de Chile seguiremos hablando con hechos. No dejaremos que nuestras policías ni ciudadanos sigan expuestos a la delincuencia".

Otro plebiscito más

Todo esto sucede en medio del estreno de la franja del Consejo Constitucional: cincuenta ciudadanos que escribirán la propuesta de la nueva constitución y dividida en espacios para el pacto Chile Seguro (que representa a la derecha); Unidad por Chile (oficialismo); Todo por Chile (centro), representantes de pueblos originarios y dos partidos políticos: Partido Republicano y Partido de la Gente, ambos situados en la derecha más extrema o "libertaria". Como es de esperar el tono de los representantes de la derecha es crítico a la gestión de Gabriel Boric además de asociarse al triunfo del rechazo y el tema de la delincuencia. Mientras tanto la franja oficialista se ha centrado en los derechos sociales y la necesidad de una constitución "que abra las grandes alamedas" parafraseando la conocida frase de Salvador Allende.

De todas formas, la adhesión a este proceso es baja, como señalan las encuestas. Aunque la votación de los representantes como de la constitución serán obligatorios, un 54% de los chilenos no tiene clara su opción, frente a un 28% que rechazará y un 18% que aprobará. Y es que tras un estallido social, la pandemia, un fallido primer proceso constitucional y la difícil instalación de un gobierno que concentró altas expectativas, es casi natural que el país esté agotado.