Los servicios secretos alemanes han designado al ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), el primer partido de la oposición, como organización objeto de seguimientos debido a las dudas sobre su constitucionalidad. La decisión supone un salto cualitativo en la presión de las fuerzas de seguridad sobre la formación, nacionalista y xenófoba, en pleno "superaño" electoral alemán, con seis comicios regionales -entre ellos en la ciudad-estado de Berlín- y las generales del 26 de septiembre.

En un paso inédito en Alemania, el partido ha sido designado como "caso sospechoso", según explicó el presidente de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), Thomas Haldenwang, a los responsables de los servicios secretos regionales en una videoconferencia que se ha filtrado a los medios.

La BfV y otras agencias de inteligencia pueden por tanto, más allá de seguimientos puntuales a individuos o a las secciones que hasta ahora se habían catalogado como objeto de observación, espiar de forma sistemática al partido en su conjunto, pinchar sus conversaciones telefónicas y emplear recursos económicos para lograr confidentes.

Los servicios secretos basan su decisión en un informe de mil páginas que incluye pruebas de supuestas violaciones contra el orden liberal democrático recopiladas por juristas y expertos desde comienzos de 2019. Entre ellas, varios centenares de discursos y declaraciones de miembros del partido. También se compilan como pruebas la influencia sobre la formación de su extinta corriente radical, a la que la propia dirección conminó el año pasado a disolverse tratando de esquivar a los servicios secretos y sus vínculos con varias organizaciones de extrema derecha.

Los seguimientos, sin embargo, no serán por el momento completos debido a una ola de querellas que ha presentado AfD en los últimos meses contra la BfV, consciente de los movimientos de los servicios secretos, en el Tribunal Administrativo de Colonia. El tribunal ha solicitado a los servicios secretos que, mientras se resuelven los distintos procesos, no espíe a los representantes del partido ultraderechista en el Bundestag (cámara baja), los parlamentos regionales y la Eurocámara. Tampoco a los candidatos designados para las próximas elecciones.

La BfV y el Ministerio de Interior no se han querido pronunciar en absoluto al respecto alegando que el proceso judicial está en marcha. Los servicios secretos no tienen por qué informar públicamente -ni a los afectados- de este tipo de decisiones internas.

La AFD irá a los tribunales

AfD ha cargado contra los servicios secretos y contra el Gobierno alemán al enterarse por los medios de la medida. Tino Chrupalla, copresidente de la formación, tachó este hecho en una rueda de prensa de "escandaloso" intento de "desacreditar" al primer partido de la oposición y de "instrumentalización política" de los servicios secretos.

El jefe del grupo parlamentario de AfD, Alexander Gauland, avanzó que el partido recurrirá la decisión ante la Justicia y que finalmente "el Tribunal Constitucional debería decidir si" en el sistema alemán "es posible una posición crítica ante el gobierno". El objetivo del Gobierno, argumentó, es que tras los seguimientos llegue una petición de ilegalización del partido. "Y eso acabará gracias a Dios en el Tribunal Constitucional", aseguró Gauland, que dijo sentirse "optimista".

Las instituciones alemanas competentes han tratado en dos ocasiones -en 2003 y 2017- de ilegalizar a una agrupación, el neonazi y minoritario Partido Nacionaldemocrático Alemán (NPD), y han fracaso en ambas en el Tribunal Constitucional por distintos motivos formales.

Las consecuencias electorales de la medida son difíciles de calibrar. AfD ha caído en las últimas semanas en los sondeos nacionales hasta entre el 9 y el 11 % de los votos (cuarta fuerza) y la mayoría de sus votantes son ya incondicionales. No obstante, la decisión abre una nueva grieta en un partido que atraviesa actualmente serias dificultades para presentar un perfil claro, tras coquetear con el negacionismo de la pandemia, y que sufre una larga y mal disimulada guerra interna entre el sector pragmático y la rama más radical. EFE