La Comisión Europea puede llegar a imponer sanciones económicas al Gobierno húngaro si continúan los ataques al pluralismo de los medios de comunicación por parte del Ejecutivo del ultraconservador populista Viktor Orban. Las reformas legales de diciembre, que desembocaron el 1 de enero en una nueva Constitución, están siendo analizadas por las autoridades europeas, que tienen serias dudas sobre su compatibilidad con el derecho comunitario, y en especial con la Carta de Derechos Fundamentales que protege la libertad de prensa.

La comisaria de Agenda Digital, Neelie Kroes, consiguió a principios de 2011 cuatro cambios en la ley mordaza húngara que violaba las normas sobre el equilibrio de las informaciones, el registro y autorización de medios, y contra la ofensa. También el Constitucional húngaro señaló en diciembre otros elementos de la ley que debían ser eliminados, como la exigencia de que los medios escritos soliciten la aprobación de las personas que citan en sus textos antes de publicarlos.

"La ley de cualquier Estado miembro tiene que ser coherente con los valores básicos de la UE: los principios democráticos, el Estado de derecho y los derechos fundamentales", destacó ayer un portavoz de la Comisión. Bruselas puede ahora abrir un proceso de infracción y, si no hay rectificación, recurrir ante el Tribunal de Justicia de la UE, quien considerará multas económicas.

El nuevo paquete de medidas adoptado por Budapest, que incluye la retirada de la licencia a la principal radio opositora, Klubradio, volverá a ser objeto de examen el 25 de enero en el marco del recién creado grupo de alto nivel para controlar el pluralismo de los medios.