Más de un centenar de juristas y activistas expertas en derechos de las mujeres y una treintena de organizaciones han firmado un manifiesto en el que instan al Gobierno y a todos los grupos representados en el Congreso y el Senado a apoyar únicamente las modificaciones de la Ley de Libertad Sexual que garanticen la centralidad del consentimiento en los delitos sexuales. En el llamamiento, que está abierto a adhesiones, se oponen a la forma y el fondo de la reforma planteada por el Partido Socialista y muestran su "máxima preocupación" porque la proposición de ley que se debate y se vota previsiblemente el jueves 20 de abril con el apoyo del Partido Popular, además de no ser eficaz para el objetivo que se propone, "suponga revertir el modelo de la Ley de Libertad Sexual basado en la centralidad del consentimiento".

"La utilización y manipulación de las víctimas de violencias sexuales ha posibilitado apelar a los miedos y terrores sexuales más estructurales construyendo un debate en torno a una alarma social que se configura como una estrategia reaccionaria implacable. La proposición de ley no va evitar las reducciones de condenas que crearon esa alarma, pero sí evita centrar el debate en la praxis judicial que ha originado la mayor parte de las decisiones de rebaja de penas en los últimos meses", argumentan en el documento.

Las juristas firmantes (113 hasta el momento) recuerdan en el manifiesto que la gran mayoría de las rebajas que se han producido desde la entrada en vigor de la ley se han dado en "resoluciones que no reconocían el elemento de la violencia y la intimidación, y la revisión de penas ha venido derivada del viejo automatismo de la imposición de las penas mínimas en delitos sexuales en las conformidades y de la falta de motivación suficiente de la pena en las sentencias". Resaltan que, frente a este análisis, la proposición de ley del PSOE "se revela ineficaz porque, sobre todo en los delitos del artículo 178, eleva la pena en la parte alta de la horquilla (manteniendo el mismo mínimo), cuando concurren violencia, intimidación o anulación de la voluntad, si bien el grueso de las revisiones se ha producido en casos en los que no se acreditaron ni la violencia ni la intimidación, y la pena impuesta era la más baja de la horquilla".

Advierten de que, de ser aprobada, la reforma de la ley tendría un fuerte impacto eliminando la centralidad del consentimiento como elemento de definición de los delitos contra la libertad sexual porque "la reforma introduce elementos adicionales en la definición de las agresiones sexuales, incluida la violación, que reducen el papel que juega el consentimiento en la definición de estas violencias. Por ello, el argumento de que la PL no afecta a la definición de 'consentimiento positivo' del artículo 178.1 del Código Penal no es correcto.

El documento lamenta que la la ley del solo sí es sí no haya contado con el tiempo suficiente para poder desplegar sus efectos: las facilidades en el acceso a la denuncia, la regulación de nuevas conductas y el abordaje desde el consentimiento positivo. Y critican que ante los múltiples ataques que ha recibido la norma se ha generado una necesidad de propiciar "una reforma exprés con más voluntad de tranquilizante social que de técnica legislativa". Con todo, la situación de urgencia actual necesita de apoyo expreso a las enmiendas formuladas a la PL del PSOE para tratar de mantener una mejor aplicación de los delitos contra la libertad sexual, preservando el paradigma del consentimiento y fomentando una línea jurisprudencial que supere el modelo anterior en el cual la credibilidad de la víctima se definía a partir del ejercicio de la violencia física.

Las organizaciones firmantes, además, hacen un llamamiento a la ciudadanía a movilizarse en las calles el próximo miércodes 19 de abril en rechazo de las modificaciones a la ley, la víspera en la que el Congreso tiene previsto votar la reforma.