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La entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí' convierte en delito insultos como los del Colegio Mayor Elías Ahuja

La nueva norma, que entra en vigor este 7 de octubre, modifica aspectos del Código Penal. A partir de ahora cualquier relación sexual sin consentimiento será considerada agresión sexual. 

Solo sí es sí
Manifestación contra la sentencia de 'La Manada' (archivo). EFE

La ley de libertad sexual, más conocida como la del solo sí es sí, ha entrado en vigor este viernes. Entre sus postulados, no sólo cambia de forma radical la manera de entender los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, sino que incluye otros nuevos que a partir de ahora serán aplicables. Entre ellos existe un apartado que considera el delito de acoso y que persigue los insultos por razón de género o lo que comúnmente se califica "acoso callejero" y que castigará a quienes "se dirijan a otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones sexuales o sexistas", cuando "creen en la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad".

Con esta ley en vigor a partir de este viernes, insultos como los vertidos por un centenar de jóvenes del Colegio Mayor Elías Ahuja sobre sus compañeras del Colegio ​Mayor Santa Mónica serían un delito. El requisito necesario para que esto se convierta en un castigo, es que las mujeres a las que van destinadas las humillaciones, las denuncien.

Tal como explican diversas juristas y como ha asegurado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, este articulado no se puede usar con retroactividad, por lo que no sería aplicable a este caso aunque alguna de las alumnas quisieran denunciar los hechos, pero un hecho similar a partir de ahora podría ser considerado un delito por esta ley.  Se trataría de un delito menor, con penas de multa, de localización permanente o de trabajos en beneficio a la comunidad

Educación obligatoria afectivo-sexual

Otra de las novedades que incluye la ley es la obligación de implantar la enseñanza afectivo-sexual adaptada en las distintas etapas educativas. Un requisito que recordó la ministra de Igualdad, Irene Montero, nada más conocer los sucesos en el colegio mayor. "Creo que esto demuestra que necesitamos educación sexual integral en nuestro país, para que los niños, niñas y adolescentes aprendan que tratar bien está bien y que tratar mal está mal. Que aprendan sobre la cultura del consentimiento y que no sigamos reforzando una cultura de la violación y del terror sexual que trata a las mujeres como objetos sexuales. Esta es la muestra más evidente de que en este país hace falta educación sexual y que desde las instituciones dejemos de legitimar los discursos machistas que niegan la violencia y la igualdad de derechos de las mujeres", afirmó Montero en sede parlamentaria.

El objetivo de la ley del solo sí es sí es la protección integral del derecho a la libertad sexual de todas las personas, así como la erradicación de todas las violencias sexuales, unas violencias que de manera desproporcionada afectan a las mujeres. 

Su entrada en vigor este 7 de octubre implica que también se empieza a aplicar la redacción del nuevo Código Penal en el que se considera agresión sexual a todas aquellas conductas que atenten contra la libertad sexual sin el consentimiento de la otra persona.

La ley amplía delitos contra la libertad sexual

Uno de los cambios fundamentales de la nueva norma es que a partir de este viernes en España se entenderá como violencia sexual cualquier acto sexual no consentido, incluyendo la agresión sexual, el acoso sexual, la explotación por prostitución ajena, la mutilación genital femenina, el aborto forzado... Todas las violencias contenidas en el Convenio de Estambul, un tratado de derechos humanos de las mujeres elaborado por el Consejo de Europa y ratificado por España en 2014.

La nueva norma realiza un cambio de paradigma en el tratamiento de las violencias sexuales y pone el consentimiento en el centro. Hasta ahora, para denunciar una agresión sexual era necesario demostrar que los agresores habían utilizado la fuerza o la intimidación. Así ocurrió, por ejemplo, en el juicio de la joven víctima de La Manada de 2016, cuyas protestas fueron la semilla de esta nueva ley.

Se elimina el abuso y todo será considerado agresión sexual

La norma también elimina el abuso sexual del Código Penal. Toda relación sexual sin consentimiento será a partir de ahora una agresión sexual, que tendrá penas o castigos que dependerán de los agravantes o atenuantes ahora incluidos en la norma. Un agravante, por ejemplo, es ahora la agresión sexual dentro de la pareja sentimental. Otro es la violación por sumisión química. 

La ley establece la necesidad de una atención integral, especializada y accesible a las víctimas de violencia sexual. En este sentido, la norma viene a igualar en prestaciones a las víctimas de violencias sexuales con los derechos que tienen reconocidos en la ley contra la violencia de género (la que se produce dentro de la pareja y expareja).

Atención y reparación ante la violencia

Otra de las claves de la nueva ley es que se centra en medidas de prevención y sensibilización, en la formación y la educación, así como en la atención integral a las víctimas y en la reparación. La norma estipula la puesta en marcha de los centros de crisis 24 horas, con atención permanente a las mujeres víctimas de violencia sexual. Cada provincia deberá contar con al menos uno de estos centros -algo que Igualdad ya ha puesto en marcha- y tendrán que estar funcionando en 2023. La ley promueve, además, las conocidas como Casas de Niños y Niñas, un espacio de atención especializado para la atención de menores víctimas de violencias sexuales, que estarán dotados de equipos multidisciplinares.

Al mismo tiempo, comenzará a ser obligatoria la especialización en violencia sexual de las unidades de valoración forense integral que asisten a los juzgados de violencia sobre la mujer, entre otras medidas.

Aunque gran parte de la norma entra en vigor este viernes, el Titulo IV de la ley sobre el derecho a la asistencia integral especializada y el Título VI que aborda el acceso y la obtención de justicia serán de aplicación a partir de octubre de 2023. El Gobierno tiene un año para establecer el mecanismo para que estas víctimas de violencia sexual sean atendidas en los juzgados especializados en violencia de género ya existentes o decidir si será necesario una mayor dotación de los mismos. 

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