La pelea judicial que mantiene Inmaculada Fuentes para poder ver a su hijo que está siendo tratado de un linfoma (un tipo de cáncer), acaba de dar una vuelta de tuerca más en su contra. La Fiscalía de Álava ha decretado que madre e hijo seguirán sin poder verse ni tener ningún tipo e contacto hasta que el menor no termine el tratamiento, y cuando se evalúe su estado de salud. 

El escrito de la fiscalía, al que ha tenido acceso este periódico, es la respuesta a la petición urgente de la madre el pasado 25 de mayo para que se flexibilizara la orden de alejamiento que le impuso el juzgado en febrero pasado y poder atender a su hijo durante el tratamiento de la enfermedad. A esta madre, incluso, se le había prohibido el acceso a los partes médicos y a tener conocimiento del estado del menor, a pesar de que nunca perdió la patria potestad de su hijo.

Sin entrar en más consideraciones, la Fiscalía responde al escrito de la madre denegando la posibilidad de que Fuentes pueda tener contacto con su hijo aduciendo "​que la medida cautelar de prohibición de comunicación acordada lleva implícita la imposibilidad de realizar las visitas de la madre investigada con el menor perjudicado mientras esté en vigor dicho régimen de visitas, sin que quepa en principio excepcionar tal prohibición".

El Ministerio Fiscal arguye que "dado que las condiciones de salud del menor no permiten su realización en la Unidad de Visitas de manera supervisada, en presencia de un tutor o supervisor, no se considera pertinente la realización de las visitas dado que en esas circunstancias no parece viable la supervisión". Pero la fiscalía va más allá e indica que aunque esta supervisión fuera posible, "tampoco se considera procedente la realización de las visitas si las mismas pudieran suponer un riesgo para la salud del menor dedo su estado de salud".
Sin embargo, la fiscalía no detalla ni investiga de ninguna forma si dichas visitas podrían suponer un riesgo para la salud del niño o un beneficio. 

En base a esta respuesta del Ministerio Fiscal, la jueza Blanca Ester Díaz Pulido, del juzgado de instrucción número 2 de Vitoria-Gasteiz acordó dejar sin efecto el auto de 1 de febrero de este año en el que se le concedía un régimen de visitas de la madre acordado en la vía civil "que debía llevarse a cabo en un Punto de Encuentro Familiar en tanto no concluya el tratamiento médico al que está siendo sometido el perjudicado menor de edad".

El menor no fue escuchado

El drama de esta madre se extiende ya a varios años. Un informe emitido por los servicios del área del menor y familia de la Diputación de Álava, decretó el "desamparo" del niño y que ella ejercía "interferencias", una forma camuflada de denominar al falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), por la que se culpabiliza a la madre de que el menor no quiera ver al otro progenitor, basado en una teoría acientifica y prohibida por la legislación española. Basándose en ese informe y en una denuncia del padre del niño, en la que acusa a esta madre y a su hija mayor de maltrato psicológico hacia el hijo menor, el juzgado le impuso a Fuentes una orden de alejamiento y la prohibición de comunicación con el niño. Desde el mes de noviembre de 2021, tal como relata la madre, no ha tenido posibilidad de ver a su hijo más que con cuentagotas. Cuando el niño ingresó en el hospital el 17 de mayo, su expareja le permitió ir dos días a verlo, pero luego cortó todo tipo contacto entre madre e hijo. Tampoco la hija mayor de la pareja, que ahora tiene 18 años,  ha podido verlo desde hace semanas. Inmaculada Fuentes es auxiliar de clínica en el Hospital de Txagorritxu (Vitoria).

El 22 de abril pasado el menor debía comparecer en el juzgado para ser evaluado por un psicólogo forense. Sin embargo dicha cita se retrasó al mes de mayo y tampoco pudo ser cumplida por su ingreso hospitalario para tratarle el cáncer e iniciar la quimioterapia. La madre ha solicitado en reiteradas ocasiones que se le realice a su hijo una evaluación psicológica o una prueba preconstituida (un tipo de declaración con garantías de poder ser utilizada en un juicio) para poder desbloquear la situación de alejamiento que se le ha impuesto. Sin embargo dicha valoración psicológica nunca ha ocurrido. Al menor nadie lo ha escuchado. 

Tal como explica Fuentes a este diario, "se les llena la boca hablando del interés superior del menor, pero la Fiscalía no tiene en cuenta ese interés, porque no se han puesto los medios para poder escucharlo ni valorar psicológicamente su estado". 

Esta madre afirma que recurrirá la decisión de la Fiscalía y del juzgado y que volverá a pedir que su hijo sea valorado por un equipo psicológico, algo a lo que su expareja se opone. "Mi hijo entra y sale del hospital, porque tres o cuatro días después de las quimioterapia tiene fiebres y vuelve a ser ingresado. Cada vez que ingresa el equipo oncológico pide que se le realice al menor una valoración psicológica de mi hijo, a lo que el padre se niega".

Fuentes explica que al principio no se la informaba de nada​ sobre la situación de clínica de su hijo. De hecho, la poca información que obtenía era vía algún compañero de profesión que le comentaba lo que iban conociendo de su hijo. Escribió varias cartas a los servicios jurídicos del Hospital de las Cruces donde su hijo sigue el tratamiento hasta que consiguió que le informaran puntualmente de los tratamientos, la evolución y la valoración del equipo oncológico. "No me mandan nada más, por lo que sé que no existe ninguna prueba de tipo psicológica sobre el estado de mi hijo", afirma. El silencio sobre lo que no sea estrictamente médico es tan abrumador, que ni siguiera los abuelos maternos del niño han podido verle o hablar con él para conocer su estado o tener una charla. 

Fuentes ha enviado un escrito al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, pidiéndole que tomara medidas, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta. El próximo martes 19 de julio entre las 11am y las 14pm habrá una concentración frente a los juzgados de Vitoria-Gasteiz en contra de la violencia institucional y a favor de esta madre.