La aplicación del falso Síndrome de Alienación Parental impide a una madre ver a su hijo enfermo de cáncer

Una mujer a la que los servicios sociales de Álava le quitaron la custodia de su hijo menor y posteriormente se la entregaron al padre del niño, denuncia la lentitud y las trabas para poder ver al menor, que se encuentra hospitalizado con un linfoma (un tipo de cáncer) y para tener acceso a su diagnóstico. Su hijo, hoy con 14 años, ha manifestado ante los servicios sociales y en diversas ocasiones desde que fue ingresado que quiere estar con su madre y que sea ella quién lo cuide mientras esté en el hospital.

Sin embargo, un informe emitido por los el área del menor y familia de la Diputación de Álava, decretó el "desamparo" del niño y que ella ejercía "interferencias" (una forma camuflada de denominar al Síndrome de Alienación Parental, SAP). Basándose en ese informe y en una reciente denuncia del padre del niño, en la que acusa a esta madre y a su hija mayor por maltrato psicológico hacia él, un juzgado impuso una orden de alejamiento a la mujer y la prohibición de comunicación con el menor. Desde entonces, solo ha podido ver a su hijo a cuentagotas y en la actualidad no tienen visitas ni acceso a los informes médicos. 

La aplicación del llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP) quedó prohibida en nuestro país hace ya un año, cuando entró en vigor la Ley Orgánica de protección Integral a la Infancia. En el texto de esta norma se explicita que "los poderes públicos tomarán las medidas necesarias para impedir que planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental, puedan ser tomados en consideración".

Sin embargo, cientos, tal vez miles de madres (no existen cifras oficiales que midan este impacto) sufren los efectos de haberles aplicado esta falsa patología en los juzgados o en los procesos de custodia de los menores.

El caso de esta madre alavesa, Inmaculada Fuentes, no es único, pero es especialmente doloroso y dramático por las circunstancias que rodean el caso y por el hecho de que desde el hospital le niegan incluso los análisis del menor y el historial clínico. "Los servicios jurídicos del hospital me dicen que no me pueden informar de cómo está y qué tratamientos le han puesto hasta que no se pronuncie el juzgado y que no me van a decir nada", explica Fuentes, que es auxiliar de clínica en el Hospital de Txagorritxu (Vitoria). Sin embargo, las medidas de alejamiento que se la han impuesto no afectan al ejercicio de su patria potestad. "Tampoco a su hermana mayor, que ya tiene 18 años, le dan los expedientes y sólo puede ver a su hermano cuando y cuanto lo autorice el padre", dice.

"Mi expareja se saltó la orden de alejamiento y me permitió estar con mi hijo algunas horas tres días. Pero a partir de ahí, me lo ha prohibido", explica esta madre a Público. Inmaculada se refiere a los días 17, 18 y 19 de mayo en los que pudo estar en el hospital con su hijo menor. Pero desde el día 20 no ha podido verlo ni sabe nada. A partir de ahí, el padre dio instrucciones al hospital de que no podía acercarse al menor ni tener comunicación con él por ningún medio debido a que tiene una orden de alejamiento del crío. Tampoco tiene acceso a las pruebas médicas y a los informes de evolución de la enfermedad de su hijo, que está recibiendo quimioterapia.

Fuentes lleva meses intentando tener visitas con su hijo y tener permiso para verlo desde que está ingresado, cosa que aún no ha conseguido a pesar de haber interpuesto medidas urgentes para que el juzgado le permitan las visitas y de haber intentado presentar un escrito a la fiscalía de menores de Vitoria-Gazteiz, que ha sido rechazado.

Retirada de custodia

La pelea judicial de Inmaculada Fuentes por recuperar a su hijo se extiende a lo largo de varios años. "Mi expareja decidió irse de casa en 2016, pero seguía entrando y saliendo cuando le daba la gana", afirma Fuentes. Esto duró al menos seis meses, hasta un día que, en una pelea entre el padre y la hija mayor hija, éste cogió por el cuello a la menor que contaba entonces 12 años y la cría llamó a la Ertzaintza. Según refleja la madre, los problemas entre padre e hija iban en aumento y ella no quería ver al padre.

Entonces se tomaron medidas cautelares hacia el padre, que tardaron cerca de seis meses en hacerse efectivas. Ella mantuvo la custodia de los dos menores y a él le concedieron visitas en un punto de encuentro con la hija mayor y visitas con el hijo menor los fines de semana alternos y vacaciones. Al poco tiempo, las visitas con la hija mayor se suspendieron por el Punto de Encuentro Familiar. "El juzgado las dejó sin efecto porque no eran beneficiosas para la niña", explica Fuentes, que afirma que las valoraciones que hacía el punto de encuentro tanto de ella como de su hija mayor eran muy negativos.

"En 2019, nos derivaron a asuntos sociales del Ayuntamiento". El área del Menor y Familia de la Diputación de Álava les impuso la presencia de educadores en casa, tanto de la madre como del padre. "Las valoraciones que hicieron de mí fueron devastadoras", afirma Fuentes. El 28 de octubre de ese año una trabajadora social se llevó al hijo menor del colegio para ingresarlo en un piso de acogida sin que la madre estuviera al tanto. A partir de ese momento, la Diputación de Álava asumía la custodia del menor. A la madre le permiten poder ver a su hijo dos días en un punto de encuentro. Desde entonces, sólo ve al niño  con cuentagotas en esos momentos y en un permiso de vacaciones de diez días que le concede el juzgado. Los abuelos paternos sólo ven a su nieto en unas vacaciones y en visitas vigiladas una vez al mes.

El 31 de marzo del año pasado, el área del Menor y Familia de la Diputación le dio la custodia del hijo menor al padre y el juzgado estableció para la madre visitas vigiladas. Sin embargo, tal como denuncia Fuentes, a partir de noviembre del año pasado éstas cesaron y desde el punto de encuentro le comunicaron que tiene que ser el juzgado quien renueve las visitas.

Sólo tres miembros de la familia fueron evaluados por los equipos psicosociales del ayuntamiento. Tanto la hija mayor como el menor manifestaron que querían vivir con la madre. En la valoración de Fuentes el escrito habla de "desamparo" de los menores y de "interferencias" por parte de la madre. A él no lo valoraron, afirma la madre, porque no lo vieron necesario.

Denuncia del padre por maltrato psicológico

El pasado mes de febrero fueron a juicio. La expareja de Fuentes la había demandado a ella y a su hija mayor por "maltrato psicológico". El juzgado entonces impuso la orden de alejamiento de la madre de su hijo menor. Una orden que intenta ahora revertir o que se suavice para poder cuidar a su hijo en el Hospital Universitario Cruces de Álava-Gasteiz, donde está ingresado. La orden de alejamiento no tiene fecha, por lo que no se revertirá hasta que el juzgado tome medidas.

"No solo me denuncia a mí, sino también a mi hija mayor, y lo hace cuando la niña acaba de cumplir 18 años, porque quiere que se la juzgue como mayor. Sin embargo, como los hechos que denuncia ocurrieron cuando la niña era menor de edad, no se la juzgará como mayor", explica la madre.

No es la primera disputa de Fuentes ante la justicia. Hace unos meses, tanto ella como otras dos madres (María Mercedes García y Laura Fuentes), denunciaron ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y diversas instituciones la vulneración del derecho a una tutela judicial efectiva y al acceso a un proceso justo de forma reiterada por parte de la justicia del País Vasco. 

Se trata de tres mujeres que sufren situaciones diferentes que califican como "violencia institucional" y cuyos casos están centralizados en el Palacio de Justicia de Vitoria-Gasteiz. Las denuncias van desde la prevaricación a la aplicación del falso Síndrome de Alienación Parental, como informó Público.

El pasado 20 y 21 de mayo durante el I Encuentro Estatal sobre violencia vicaria y violencia de género institucional, diversas expertas y representantes políticas reconocieron que el Estado es un colaborador necesario para perpetuar la violencia vicaria que sufren muchas mujeres en el sistema de justicia, y que estas actuaciones por acción u omisión, constituyen violencia institucional.