Violencia machistaTres mujeres piden amparo al Poder Judicial ante la "vulneración" en juzgados vascos de la ley de Violencia de Género

Mientras en un juzgado de Bizkaia se condena a 18 meses de prisión a Irune Costumero por incluir en la cazadora de su hija una grabadora para poder probar el maltrato que recibe la pequeña de su padre, en Vitoria, tres mujeres, Inmaculada Fuentes, María Mercedes García y Laura Fuentes, denuncian injusticias similares en los propios juzgados de la capital de Euskadi.

En su escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) piden amparo al órgano de los jueces y lamentan "la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y al acceso a un proceso justo y equitativo de forma reiterada".

Además, según explica a Público Laura Fuentes, "en el escrito demostramos que hay expedientes que presentan irregularidades procesales, retardos en la tramitación, multitud de obstáculos para probar los hechos denunciados y omisión de respuesta".

Fuentes judiciales reconocen que en Navarra y Euskadi es donde se mantiene "el núcleo de juzgados más conservadores". Esto explica la reiteración de casos como los de estas mujeres y de forma más habitual que en otras audiencias provinciales.

Tres vitorianas que sufren situaciones diferentes que califican como "violencia institucional" y cuyos casos están centralizados en el Palacio de Justicia de Gasteiz. Mientras una de ellas denuncia prevaricación judicial, la otra alega la aplicación del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) para separarla de sus hijos -a pesar de que ya está prohibido desde la Ley de Infancia del pasado año- , y la tercera, denuncia la  injusticia en las resoluciones sobre la custodia de sus hijas. 

Implican a otras instituciones

Las tres mujeres han derivado también su queja a otras entidades tras enviar su escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano de los jueces les ha solicitado que hagan la reclamación por separado y en virtud de la situación de cada una de ellas.

Sin desanimarse, las tres han traslado también su queja a otras organizaciones, como la Fiscalía General, de la que aún no tienen respuesta; a la Lehedakaritza, que las remite al Gobierno Vasco, concretamente al departamento de Justicia;  al servicio vasco de la mujer, Emakunde, de quien aún no han recibido respuesta; al Ministerio de Justicia, que derivan la solicitud de amparo al CGPJ; al Ministerio de Igualdad, quien les remite a a la Delegación del Gobierno de Violencia de Género. A su vez, el órgano que lidera Vicky Rosell les deriva de nuevo al punto de partido, el CGPJ. Además, el defensor del pueblo vasco, el Ararteko, se exime de responsabilidad por estar los casos judicializados y ni siquiera entra a valorar la situación.

Este periplo institucional, muy al contrario, no las desanima. Están dispuestas a que se escuchen sus voces donde sea necesario, conscientes también de que representan, pese a su tragedia personal, a un número importante de mujeres.

"Lo que hace la jueza en un día tú tardas cinco años en deshacerlo", explica a Público Laura Fuentes, quien reconoce que las tres han sufrido violencia de género. Tiempo que estas mujeres pasan sin estar con sus hijos y sin revolver su situación en los tribunales para poder recuperar sus vidas.

La Asociación feminista Carla Vive de Álava, en adhesión con 53 asociaciones más y una federación estatal en la que conviven oras 30 entidades, han presentado la denuncia también en cada una de las instituciones a las que han llegado las tres afectadas. Por el momento, siguen a la espera de respuesta.

Laura Fuentes lamenta que "hayamos sido vetadas a hablar en Juntas Generales de Álava para exponer la casuística que se está dando de forma repetida y continua en el País Vasco". Circunstancia que ocurre cuando hay incluso tirones de orejas de la ONU a España "que afectan directamente nuestros casos", explica.

El objetivo de solicitar estas comparecencias es poder explicar la situación real que las tres viven en los tribunales y el desamparo que sienten por parte del Departamento de justicia del Gobierno de Urkullu. Ahora, las tres están a la espera de conocer si les admiten la solicitud para intervenir en el Parlamento Vasco.

Como ocurre en estos casos, hay otros procesos de mujeres contra las que los juzgados de Euskadi toman decisiones que afectan, en muchos casos también, a sus hijas e hijos de forma muy negativa. Esa es, como ejemplo, la situación de otra madre de Bizkaia, que tras conseguir en la separación de su marido la custodia de su hija, el juez se la ha arrebatado cuando decidió trasladarse a Sevilla a vivir con su nueva pareja. En la Audiencia esta afectada llegó a escuchar, según ha confirmado a Público, que "si tanto quieres a tu hija no te vayas".