El Ministerio de Igualdad repartirá 177 millones de euros a las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla para luchar contra todos los tipos de violencia machista, según ha anunciado este martes su titular, Irene Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Este reparto del gasto pretende "ampliar la protección" de las víctimas "de todas las violencias machistas", según Montero, quien ha defendido que los fondos permitirán "abrir cada vez más puertas seguras" para ellas.

Concretamente, las comunidades recibirán los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género, los destinados a la creación de centros de atención integral 24 horas para víctimas de violencia sexual y los de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género.

La partida más grande, de 140,2 millones de euros, procede de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género y aumenta un 40,2% con respecto a lo repartido en 2022, según Igualdad. Del presupuesto de gastos de la Delegación del Gobierno se repartirán 19,8 millones de euros, un 16,4% más que en 2022.

De ellos, 8,5 millones estarán destinados a la atención integral de víctimas de violencia machista, un millón a la implementación de los planes personalizados de estas mujeres, 9,5 millones a programas de apoyo a víctimas de agresiones sexuales y 800.000 euros a programas de prevención de abusos sexuales a menores tuteladas.

Por último, Igualdad repartirá 17 millones de euros procedentes de los fondos europeos de recuperación para la creación de centros de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual. Cada provincia deberá contar con uno de estos espacios antes de que acabe 2023, ha recordado la ministra. En concreto, esta partida tendrá que destinarse a garantizar alojamientos seguros para víctimas de trata en territorio español.

"Las políticas de igualdad y en particular las de lucha contra la violencia contra las mujeres necesitan ser adecuadamente financiadas para su implementación", ha defendido Montero, quien ha definido esta inversión como "la mayor de toda la historia democrática" de España.