Igualdad se apoya en una encuesta sobre la prostitución para reimpulsar su plan de abolición

El Ministerio de Igualdad ha presentado este jueves un monográfico en colaboración con el CIS sobre la percepción social de la prostitución y la pornografía. A juicio del departamento de Ana Redondo, esta encuesta les "reafirma" y "marca el camino para abolir el sistema prostitucional". Igualdad anunció a principios de verano del año pasado una ley de prostitución que presentaría en septiembre, al inicio del curso político. La propuesta, sin embargo, aún no ha visto la luz.

El cuarto intento abolicionista del PSOE 

No es la primera vez que el PSOE trata de legislar bajo este enfoque y en ninguna de ellas ha obtenido los apoyos necesarios para sacar adelante su iniciativa abolicionista. El primer paso lo dio en mayo de 2022, cuando los socialistas presentaron una proposición de ley contra el proxenetismo apenas tres días después de que la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley del solo sí es sí, dejara fuera de su articulado la figura de la tercería locativa. El texto socialista, que contó con el apoyo del Partido Popular, proponía penalizar a quienes se lucrasen con la prostitución ajena, introduciendo penas de uno a tres años de prisión, así como castigar a los propietarios de locales o inmuebles en los que se ejerciera la prostitución. El proyecto quedó estancado en la fase de ponencia y fue finalmente desechado, en buena parte por la falta de consenso incluso dentro del propio bloque de investidura.

El PSOE volvió a la carga en octubre de ese mismo año con una nueva proposición de ley. El contenido era prácticamente idéntico al anterior: penalización general del proxenetismo, castigo a los espacios destinados al ejercicio de la prostitución y sanciones dirigidas a los clientes. El adelanto electoral dejó en suspenso su tramitación.

Dos años más tarde, el PSOE volvió a presentar una nueva propuesta, esta vez centrada en una modificación del Código Penal. El objetivo era el mismo: abolir la prostitución a través de la penalización del proxenetismo y la tercería locativa, así como la introducción de sanciones más severas para los "puteros", con agravantes en caso de que se tratara de cargos públicos. Solo Coalición Canaria, BNG y UPN votaron a favor.   

Ahora, el Ministerio de Igualdad, con el liderazgo socialista de Redondo, ha vuelto a retomar su agenda abolicionista, que busca "avalar" a partir de esta encuesta según la cual la mayoría de la población residente en España considera la prostitución una forma de violencia contra las mujeres. A principio de febrero, la institución ya inició la modificación de las bases de dos subvenciones públicas para obligar a que las organizaciones que quieran acceder reconozcan la prostitución como violencia.

"Una forma de violencia contra las mujeres"

El estudio -que Igualdad ha dado a conocer a través de una nota y una rueda de prensa, y cuyo contenido no se podrá conocer al completo hasta este viernes al mediodía- señala que cerca del 69% de los encuestados está bastante o muy de acuerdo con esa caracterización, porcentaje que asciende al 75,1% entre las mujeres. Asimismo, el 79,1% coincide en que la prostitución "pone en riesgo la dignidad de las personas que se prostituyen" y más de tres cuartas partes rechazan considerarla un trabajo equiparable a cualquier otro. 

Conviene considerar en todo caso que el apoyo a penalizar a los clientes es minoritario: solo tres de cada diez encuestados creen que castigar a quienes pagan por prostitución -junto con quienes se lucran de ella, pero no a las mujeres prostituidas- sería eficaz. O lo que es lo mismo, un 70% no cree que sea lo más eficaz. Algo que contrasta con la lectura que se hace desde Igualdad, donde han insistido durante la rueda de prensa en la que se ha presentado el informe en que la orientación social es "afín a los planteamientos abolicionistas".

En cambio, "casi la mitad de la población estima que la más necesaria es el refuerzo de la educación en igualdad, la sexualidad y los derechos humanos desde la infancia. Igualmente, se ve necesario el ofrecimiento de programas sociales y económicos para que las mujeres puedan dejar la prostitución". Y "un 85,6% estima que castigar a quienes se lucran con la prostitución ajena contribuiría a reducir la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual".

En Igualdad argumentan que "la perspectiva abolicionista no es prohibicionista". "No vamos a perseguir a quienes ejercen. Queremos perseguir a quienes se lucran y estamos barajando sancionar también a quienes conumen, los 'puteros'. El castigo es la última ratio. Lo que nos interesa es la educación, la formación. Esa es la línea de trabajo que nos indica la encuesta, más allá de que haya una sancón más fuerte a quienes se lucran", ha afirmado la ministra Ana Redondo. La fórmula en la que están trabajando para introducir esa penalización sería a través de la ley de trata, centrándose en la tercería locativa y estudindo cómo se puede castigar a los clientes. "Hay que entenderlo relacionado con otro dato", ha puntualizado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza: "Más del 75% de la población rechaza las afirmaciones normalizadoras de la prostitución".

En este sentido, siete de cada diez personas opinan que las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen por necesidad económica y un 41,5% considera que son forzadas, mientras que el 82% cree que pagar por sexo es un comportamiento más propio de los hombres. Además, al 63% le parecería mal que un hombre de su familia pagase por relaciones sexuales, rechazo que se eleva al 71,1% entre las mujeres. Respecto a la pornografía, el 71,6% de los participantes afirma que fomenta la violencia contra las mujeres y el 93,3% defiende limitar el acceso de los menores a estos contenidos. El 95% considera, además, que las plataformas digitales deberían estar obligadas a retirar material sexual no consentido.