Los tribunales de justicia sólo aplicaron la suspensión de visitas de padres maltratadores en un 14,51% de casos en procesos de violencia de género. Así se desprende de los datos dados a conocer este viernes por el Observatorio de Violencia de Género y Doméstica del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que resumen la actuaciones de la Justicia en esta materia a lo largo del año 2022. 

El pasado año fue el primero en el que la ley contra la violencia en la Infancia, aprobada por el Parlamento en 2021, ha estado plenamente vigente. Esta norma supuso la modificación del artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece, entre otras medidas, que cuando haya "indicios fundados de que los hijos e hijas menores de edad hubieran presenciado, sufrido o convivido con la violencia (...), la autoridad judicial, de oficio o a instancia de parte, suspenderá el régimen de visitas, estancia, relación o comunicación del inculpado respecto de los menores que dependan de él". El dato de suspensión de visitas duplica al que se produjo en 2021, cuando se suspendieron en un 7,22% de los casos. Esto supone que durante 2022 los órganos judiciales adoptaron 4.100 medidas de este tipo (en 2021 fueron 2.008).

La ley de Infancia, además, modificó el artículo 158 del Código Penal para que el juez aplicara de oficio la suspensión cautelar de la patria potestad, el ejercicio de la guardia y custodia o del régimen de visitas y las comunicaciones "a fin de apartar menor de un peligro o de evitarle perjuicios en su entorno familiar o frente a terceras personas".

Según los datos del órgano de gobierno de los jueces, a lo largo de 2022 sólo se aplicó la suspensión de guarda y custodia a padres enjuiciados por maltrato hacia sus hijos en un 8% de los casos, incrementándose ligeramente desde el año 2021, cuando fue de 5,29%. Si bien, tanto las suspensiones de visitas, como las retiradas de custodia han sufrido un incremento en el último año, las actuaciones judiciales siguen siendo débiles en este área. 

Según la ley contra la violencia en la infancia, los jueces y juezas deben adoptar estas medidas de protección hacia la infancia de oficio y sólo permite no acordar estas suspensiones "mediante resolución motivada en el interés superior del menor y previa evaluación de la situación de la relación paternofilial".

Para Violeta Assiego, experta en políticas de género e infancia y exdirectora general de los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, a pesar de que medidas de prohibición de visitas se hayan duplicado entre 2021 y 2022, "siguen siendo extremadamente bajas, porque hablamos de que se han dictado menos de dos de cada diez, lo cual es difícil de creer". Según esta experta "seguimos teniendo un problema en la justicia española de desprotección de la infancia y de aceptar que los niños y niñas son también víctimas de violencia machista. Lo hemos visto en casos como el de María Salmerón o en el de Juana Rivas". Esta separación de los padres de los hijos cuando existe un contexto de violencia de género es imprescindible por el bien del menor, añade.

Se incrementan las medidas de protección

El dato de la baja aplicación de suspensión de visitas y de retiradas de custodia hacia los hijos contrasta con los datos ofrecidos por el CGPJ en relación a las medidas de protección hacia las víctimas. Durante el pasado año, los órganos judiciales acordaron siete de cada diez órdenes de protección solicitadas, hasta las 32.842, un 5,2% más que en 2021. Estos datos confirman que en una gran mayoría de ocasiones, los jueces consideran que el acusado puede ser un peligro para la madre, pero no hacia los hijos, manteniéndoles las visitas o custodias.

Suben las denuncias: casi medio millar diarias

Según los datos del CGPJ, durante el año 2022 se presentaron medio millar de denuncias diarias por violencia de género (499) por un número similar de mujeres (483). Tanto el número de denuncias como el de víctimas se han incrementado de forma importante durante el año pasado, con un incremento de casi el 12% de las primeras y un aumento de cerca del 11% en las segundas.

La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 72,9 en toda España, casi siete puntos más alta que en 2021. Por encima de la media nacional se situaron Balears, con una ratio de 110,3; Murcia, con 103,4; País Valencià, con 95,6; Canarias, con 88,2; Andalucía, con 86,3 y Madrid, con 75,8. Las tasas más bajas se contabilizaron en Castilla y León, con 46,8 víctimas por cada 10.000 mujeres; Galicia, con 49,6; Euskadi o, con 53,5; La Rioja, con 53,6 y Asturias, con 53,9.

Según los datos del CGPJ, siete de cada diez denuncias (71,5%) fueron presentadas por las propias víctimas en juzgados o comisarías y resalta, como otros años, el bajo índice de denuncia por parte del entorno de las mujeres, puesto que tan solo un 1.83% de las denuncias fueron realizadas por personas cercanas. Las denuncias derivadas directamente de atestados policiales representaron el 14,9 %; las originadas por partes de lesiones, el 7,8% y las presentadas por terceras personas, el 3,9 por ciento.

Se incrementan los agresores menores de edad

Las cifras del CGPJ arrojan otro dato preocupante: la cifra de menores enjuiciados por delitos de violencia de género creció en año pasado en casi un 19% (18,6%) con respecto a 2021. La cifra de menores enjuiciados por este tipo de delitos creció un 18,67%, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

Por lo que respecta a las condenas, durante 2022 se dictaron 57.059 sentencias, un 5% más. El 77,4% de esas resoluciones eran condenatorias, el máximo porcentaje anual de la serie histórica.