Madres protectoras y expertas denuncian que el Poder Judicial hace una desobediencia expresa de las leyes

"Estamos cansadas de oír que nuestro país es pionero en leyes de género, pero que no se apliquen", denunció este fin de semana Isabel Martinez Hervás. Lo hacía como representante de la Plataforma Yo si te creo y Madres protectoras en el marco del II encuentro de violencia vicaria y violencia de género institucional (vvvi) que tuvo lugar en Granada. Durante el evento, diversos expertos provenientes del ámbito de la psicología, la sanidad, la judicatura, las administraciones o el periodismo, debatieron sobre la necesidad de encontrar soluciones y acciones concretas en relación a la violencia que el propio Estado ejerce sobre las mujeres y sus hijos cuando denuncian violencia de género y violencia sexual que sufren los menores a manos de sus padres. 

"Los hombres violentos usan las instituciones para seguir dañando a las mujeres y esto es posible gracias a que las instituciones (principalmente el sistema de Justicia) están dispuestas a respetar a ultranza el interés superior del pater familia, en lugar del interés superior de los menores", apuntó la psicóloga forense especialista en violencia hacia las mujeres, Sonia Vaccaro. 

En el auditorio había, además, una amplia representación de instituciones locales, organizaciones de defensa de los derechos humanos de las mujeres, así como madres que han visto vulnerados sus derechos y los de sus hijos en la Justicia. Madres que, tras denunciar la violencia sexual o de género que sufrían, han acabado tras años de litigios sin las custodias de sus hijos e hijas. En ocasiones les han retirado la tutela y en otras han acabado afrontando juicios que pueden llevarlas a la cárcel. ¿Su delito? Haber denunciado las violencias sexuales que sufrían sus hijos a manos de los padres. Muchas de ellas, sin embargo, no habían denunciado, sino que lo hicieron de oficio médicos de la sanidad pública o el colegio de los niños. El resultado fue el mismo en todos los casos: acabar siendo culpabilizadas ellas de obstruir la relación de sus hijos con los padres. 

Un patrón estructural en la Justicia

Entre los asistentes, más de 350 que llenaron el salón del Espacio Escénico de Maracena, también había algunas de las profesionales sanitarias expertas en la detección de la violencia de género y sexual. Ninguna quiso dar la cara abiertamente ni ser retratadas o dar su opinión de forma abierta a medios de comunicación. El calvario que muchas han pasado tras realizar informes sobre la violencia hacia los niños y niñas que atienden les ha quitado la voz pública, las ha callado. Algunas han sido denunciadas en juzgados y han tenido que declarar por aplicar los protocolos obligatorios cuando detectan la violencia machista. En privado, algunas reconocen que esta criminalización de los profesionales sanitarios y educativos solo contribuye a la desprotección de los niños y las niñas frente a la violencia que viven.

Desde hace varios años, Naciones Unidas ha advertido a España sobre la necesidad de formación sobre perspectiva de género y de Infancia para los operadores de Justicia y el personal que trata con las víctimas de violencia machista. En los dos últimos años, la Relatora Especial de la ONU contra la violencia hacia las mujeres envió hasta cinco comunicaciones a nuestro país mostrando su preocupación la violencia institucional que sufren muchas madres y sus hijos en el sistema de Justicia. Según estas comunicaciones, España tiene un "problema estructural" y un "patrón" que desprotege a los niños y niñas y discrimina a las madres.

El Síndrome de Alienación Parental como origen

El origen de estas discriminaciones está en la amplia utilización en el sistema de Justicia del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), un "constructo" que no ha sido reconocido por ninguna institución médica de prestigio y que en nuestro país se aplica en los tribunales, desprotegiendo a menores y a sus madres. 

"No nos sirve que la ley de Infancia diga que no se puede utilizar este supuesto síndrome, porque no lo prohibe taxativamente y la Justicia lo sigue utilizando", puntualiza Martinez Hervás. La ley contra las violencias en la infancia incorporó un artículo en el que se especifica que "los poderes públicos tomarán las medidas necesarias para impedir que planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental, puedan ser tomados en consideración". Las expertas y las madres criminalizadas por la Justicia afirman que ese párrafo no supone una prohibición y que el artículo no contiene ninguna medida que permita recriminar su uso, ni que impidan que los juzgados lo sigan aplicando, ni mecanismos de reparación.

"Imaginemos que se prohíbe una medicina en nuestro país, pero que hay doctores que a pesar de esto las siguen recetando y tiene consecuencias de muertes y de situaciones invalidantes. ¿Qué creen que ocurriría?. Si el SAP se prohibiera realmente, su aplicación tendría consecuencias administrativas o incluso penales, responsabilizando a profesionales que tiene entre sus manos cosas serias de las que dependen la vida y el bienestar de personas", argumentó Francisca Granados, directora del centro de la Mujer de Maracena y profesora de la Universidad de Granada. "Pero no pasa absolutamente nada si los tribunales aplican el SAP que la ley dice que no debe usarse".

La ley contra las violencias en la infancia incorporó otra medida: la obligación de los jueces de "suspender de oficio" las visitas, custodias o incluso la patria potestad sobre los menores a hombres involucrados en procesos de violencia machista. El artículo, sin embargo, contiene una salvedad: "La autoridad judicial podrá no acordar la suspensión mediante resolución motivada en el interés superior del menor y previa evaluación de la situación de la relación paternofilial".

Las leyes contra la violencia machista no se aplican

Más de un año después de la entrada en vigor de la ley de Infancia, estas medidas apenas se han aplicado en los juzgados. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la actuación de la Justicia en materia de violencia de género, los tribunales solo retiraron las comunicaciones o visitas con hombres maltratadores en un 14% de los casos, una cifra que duplica a la del año anterior, pero que queda aún lejos del espíritu de la ley. 

"El miedo y el rechazo [de los menores a ver a sus padres] es un síntoma. Es como cuando vas a urgencias y tienes fiebre. Es un síntoma que ningún médico puede desechar o revestir de otras cosas. Sin embargo, frente a datos objetivos que como juez te permiten formarte un juicio, el SAP es un prejuicio. Pero los prejuicios, las creencias, los sesgos, los estereotipos, son lo contrario a un juicio. Son lo contrario a la ley y a los deberes judiciales, porque impiden un juicio justo", afirmó Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la violencia de género durante las jornadas. 

"El falso SAP criminaliza a las víctimas y es una forma de violencia machista institucionalizada que se aplica no solo por el Poder Judicial, sino también por los informes periciales", añadió Rosell.

Victoria Rosell: "La legitimidad del Poder Judicial reside en su obligación de aplicar la ley. Cuando no la aplica está siendo un poder ilegítimo"

La delegada del Gobierno añadió que si un juez escribe en una sentencia o en sus redes sociales un prejuicio racista, "se lo vería como parcial. Pero no sucede lo mismo con el prejuicio machista. Rosell argumentó que si bien los poderes legislativo y ejecutivo se legitiman por las urnas, por la participación popular, "la legitimidad del Poder Judicial reside en su obligación de aplicar la ley. Y cuando no la aplica o no aplica los derechos humanos, está siendo un poder ilegítimo". "Hay sistemas muy rígidos, que lo primero que tienen que hacer es desaprender y esto es más fácil de hacer en un folio en blanco que en uno y escrito con prejuicios. Es más fácil cambiar leyes que cambiar la cultura", añadió.

Para Nuria Varela, directora de Igualdad del Principado de Asturias, es necesario repensar el modelo de forma amplia. "La primera violencia es la debilidad de los organismos de Igualdad que tienen poco personal. Hay que redimensionarlos, porque en Asturias tenemos 14.000 funcionarios en derechos sociales y solo 35 en Igualdad y la proporción debe ser similar en todas las comunidades autónomas", denunció.

Varela también apostó por revisar otras figuras claves como la utilización de abogados de oficio para casos de violencia de género, de los que afirmó que "pueden utilizarse para otras causas, pero deben desaparecer en el ámbito de la violencia machista". También arremetió contra el uso de los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) en el ámbito de la violencia de género. "Es insólito que los PEF estén privatizado y que los lleven empresas. Pero el colmo es que no están cualificados y no forman parte de la administración, pero emiten informes que son tenidos en cuenta por los jueces. No se entiende que esto se pueda permitir", incidió.

Irune Costumero: "Todo es un gran negocio"

Precisamente sobre los puntos de encuentro y la violencia institucional que sufre desde hace años habló Irune Costumero, una técnica de normalización lingüística de la administración de Bizkaia que lleva luchando por la custodia de su hija desde que los servicios sociales de esta localidad se la "arrancaron" violentamente en 2017, sin que mediara ninguna orden judicial, aduciendo que ella ejercía un SAP sobre su hija. "Ese día mi hija y yo morimos en vida", añadió.

Costumero denunció que las empresas que gestionan los PEF no tienen personal preparado ni formado en perspectiva de género ni de infancia. Que son negocios que ganan grandes cantidades de dinero a costa de la Justicia y del sufrimiento de las madres y sus hijos e hijas y que los informes que realizan están teñidos por el Síndrome de Alienación Parental, culpando a las mujeres de que sus hijos no quieran ver a los padres. 

"Lo que ocurre en la Justicia es que cuando denuncias violencias sexuales hacia tus hijos, te criminalizan y te acusan de bloquear la relación paterno-filial. La terapia recae sobre nosotras y es obligatoria si queremos ver unas pocas horas a nuestros hijos en esos puntos de encuentro que son vigilados. Todo esto en aras del interés superior del menor".

La violencia institucional y Juana Rivas

El caso de Juana Rivas ha estado muy presente durante las dos jornadas que duró el encuentro. No solo porque éste tuvieran lugar en su ciudad, Maracena, sino también por la cercanía de la sentencia de la corte de Apelación de Cagliari (Cerdeña) que hace unos pocos días decidió dar la custodia del menor de sus hijos al padre, Francesco Arcuri.

Esta decisión insólita de la Justicia italiana ocurre mientras que Arcuri tiene abierta una causa penal por parte de la Fiscalía de la misma localidad por posibles malos tratos hacia sus hijos.

El encuentro concluyó con la necesidad de avanzar en la hoja de ruta que no sólo prevenga el uso del Síndrome de Alienación Parental en la Justicia, sino que se avance en medidas de reparación a las víctimas y de no repetición.