Entrevista a Paula Iglesias, presidenta de la FELGTBI+:"No vamos a permitir que la extrema derecha nos instrumentalice"
La activista analiza en una entrevista con 'Público' las amenazas que afrontan los derechos de las disidencias ante un posible Gobierno de PP y Vox, el avance de los discursos de odio y las reivindicaciones pendientes en materia de igualdad.
Madrid-
El próximo mes de noviembre tendrán lugar dos acontecimientos que marcarán el inicio del próximo ciclo político. El primero, la huelga general convocada para el día 11 y, el segundo, las elecciones generales del 29, con la posibilidad de que el Partido Popular y Vox lleguen a formar un Gobierno de coalición. En las semanas que llevamos de precampaña, ambos partidos ya han exhibido varias amenazas contra los derechos LGTBIQ+, como su intención de derogar la ley trans y de acabar con el Orgullo tal y como lo conocemos, entre otras.
En este escenario, la Federación Estatal LGTBI+ ha llamado a "votar con Orgullo" y ha anunciado su apoyo a la huelga general, reivindicando que las desigualdades que atraviesan a las disidencias no pueden desligarse de cuestiones como la precariedad laboral o el acceso a la vivienda.
Su presidenta, Paula Iglesias, analiza en esta entrevista con Público el balance de la última legislatura progresista, las asignaturas todavía pendientes en materia de igualdad y las consecuencias que podría tener la llegada de un Gobierno ultraconservador. También alerta de la relación entre la normalización de los discursos de odio y las agresiones contra las comunidades LGTBIQ+.
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Este lunes habéis presentado vuestro primer informe sobre la situación de personas intersex. ¿Cuáles son las principales conclusiones que arroja? ¿Qué realidades o problemas consideráis que siguen sin recibir suficiente atención por parte de las instituciones?
Este es el primer estudio que se hace en España sobre las realidades intersex, que hemos llamado Corporalidades intersexuales, derechos reales. La principal conclusión es la falta de visibilidad y de información sobre las realidades intersex, que hace que estas personas se tengan que enfrentar a multitud de mitos y que, además, no estén contempladas en el desarrollo de políticas públicas o de herramientas contra la discriminación.
La otra principal conclusión es que las esferas donde más violencia sufren, además de la institucional por no ser tenidas en cuenta, son el ámbito sanitario, donde, a pesar de que la ley LGTBI+ aprobada en 2023 prohíbe las cirugías que no sean necesarias a bebés intersex, por inercia médica, por desconocimiento o por falta de formación, esto se sigue dando.
Se produce, además, en una situación de mucha vulnerabilidad para las familias, que tampoco tienen esa información y que, al final, se dejan guiar por el criterio médico. Entonces, desde aquí lo que demandamos es ese desarrollo de la ley, que establece la formación obligatoria, y también el desarrollo de un protocolo sanitario para personas trans, no binarias e intersex que acabe con este tipo de cirugías y de tratamientos que no son necesarios y que generan secuelas tanto a nivel físico como psicológico.
¿Cómo está recogida la realidad de las personas intersex en la ley estatal LGTBIQ+?
Hay una prohibición explícita de este tipo de cirugías. Lo que pasa es que se siguen dando por esta inercia, porque la ley deja a criterio médico la necesidad o no de intervenir. Es verdad que hay bebés intersex que necesitan intervenciones para salvaguardar su bienestar y su salud física. Pero la ley prohíbe estas intervenciones cuando no son necesarias.
¿Creéis que el Gobierno ha hecho lo suficiente para evitar que se sigan produciendo estas situaciones?
Nunca es suficiente para el colectivo LGTBI+, porque la realidad es que sigue enfrentando discriminación, odio y violencia. Hasta que no alcancemos la igualdad plena y la no discriminación, seguirá haciendo falta reivindicar y seguir desarrollando.
Es verdad que estábamos trabajando con el Gobierno en el desarrollo de este protocolo de atención sanitaria a personas trans, no binarias e intersex, que emana de la aprobación de la ley y que no ha visto la luz porque, con la convocatoria de elecciones, ese trabajo ha quedado en la nada. Aunque iba con bastante retraso. Lo que esperamos del nuevo Gobierno es que retome este trabajo para que, en la mayor brevedad posible desde su constitución, pueda ser una realidad.
En términos generales, ¿qué valoración hacéis de esta última legislatura en materia de derechos LGTBIQ+? ¿Consideráis que las políticas y los debates sobre igualdad, feminismos y disidencias han ido perdiendo presencia en la agenda de los partidos y las instituciones?
Todo este período ha sido de grandes avances. Nos encontramos en un momento en el que hay más legislación que nunca a nivel estatal en cuanto a derechos LGTBI+. Es verdad que eso convive con un aumento tremendo de los discursos de odio.
Desde la aprobación de la ley LGTBI+ de 2023 -anteriormente se había aprobado la Ley de Igualdad de Trato-, le ha seguido el diseño y la aprobación de la primera estrategia LGTBI+ a nivel estatal y la Estrategia Nacional Trans. Dos estrategias por parte del Ministerio que han contado con la participación de las entidades de la sociedad civil y con el Consejo de Participación LGTBI+.
Después, la aprobación del real decreto para la no discriminación y la igualdad en el ámbito laboral, del que posteriormente se desarrolló el protocolo específicamente de atención a las personas trans y a sus situaciones de transición en los entornos laborales. Y, bueno, nos encontrábamos también ahí, a puntito de caramelo, con el Pacto de Estado contra los Discursos de Odio y con la ley contra las prácticas de conversión, que también ha sido una reivindicación histórica. Se aprobó en el Congreso y, en su paso al Senado, ha caído.
Nuestra valoración en cuanto al camino es positiva. No es casualidad que nos hayan reconocido como el número uno en el Rainbow Map de ILGA. Pero eso convive con un aumento de los discursos de odio y con un aumento de la violencia hacia el colectivo, así que no es suficiente.
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En el caso de la ley contra las prácticas de conversión, ¿creéis que se podría haber acelerado su tramitación para evitar que decayese con el adelanto electoral? ¿Qué esperáis que ocurra ahora?
Para nosotras los tiempos siempre son lentos, porque cuando estamos hablando de vidas, cualquier tipo de demora es mucha. Como en el Pacto de Estado, que llevamos ya tres años en esto, o más de tres años. Lo que esperamos es que la convocatoria de elecciones no sea una traba para hacer realidad algo que ya estaba aprobado en el Congreso.
Estamos hablando de proteger vidas que están siendo violentadas únicamente por ser, y de intentar corregir algo que no es posible corregir. Estamos viendo cómo genera secuelas tremendas a nivel físico y, sobre todo, a nivel psicológico, incluso la pérdida de vidas.
Cuando tenéis conocimiento de estas prácticas, ¿tomáis algún tipo de iniciativa jurídica? ¿Habéis participado en la interposición de denuncias por casos concretos?
Sí. Las prácticas de conversión están prohibidas por la ley LGTBI+ de 2023. Lo que pasa es que, por la naturaleza de la ley, que es una ley administrativa, no se pueden aplicar sanciones penales, que es de lo que estábamos hablando. Cuando tenemos conocimiento de algún caso, pueden contar con nuestra Línea Arcoíris, donde prestamos asesoramiento e intentamos acompañar los casos. En ese sentido, trabajamos también de la mano de la Fiscalía, muy coordinadas. Lo que sí que hay que dejar claro es que estas prácticas están prohibidas.
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Santiago Abascal defendió la semana pasada en una entrevista sacar la celebración del Orgullo del centro de Madrid con el argumento de que hay personas que se desnudan y mantienen relaciones sexuales en la calle, lo que, según él, puede perjudicar a las familias y a las personas menores de edad. ¿Qué opinas de estas declaraciones?
Lo que creo es que no ha ido nunca al Orgullo. Porque el Orgullo es reivindicación, el Orgullo es alegría también, por supuesto, porque se puede reivindicar desde la alegría del ser. El Orgullo es un mensaje de que se puede ser en libertad. Y eso es un mensaje muy poderoso, no solo fuera de nuestras fronteras, para quienes aún siguen enfrentando hasta la pena de muerte, sino también para gente que en nuestro país no puede ser quien es, pero puede ver una luz de esperanza en el Orgullo.
Yo animaría a esta gente que lanza este tipo de bulos y de desinformación sobre lo que es el Orgullo a ir y a ver cómo hay un largo recorrido de entidades LGTBI+ de todo nuestro territorio, que forman parte de la Federación Estatal y que vienen desde todo el país; de entidades amigas, que también luchan por los derechos humanos y por los derechos de otros grupos en situación de vulnerabilidad; de sindicatos y de personas participantes que se unen para reivindicar sus derechos y que lo único que quieren es reclamar igualdad.
La manifestación del Orgullo LGTBI+ es un espacio muy seguro, muy inclusivo; habría que ver si otros eventos que se celebran en la ciudad son igual de seguros y de inclusivos.
Abascal también ha cuestionado que las uniones civiles entre personas del mismo sexo deban llamarse matrimonio. Han pasado más de veinte años desde la aprobación del matrimonio igualitario en España. ¿Os preocupa que derechos que parecían plenamente asentados vuelvan a discutirse?
Solo hay que mirar alrededor y ver que nuestras familias lo único que hacen es enriquecer a la sociedad y, probablemente, enseñar a otras familias que todas podemos convivir y que todas merecemos los mismos derechos.
Justo el año pasado celebrábamos el 20 aniversario del matrimonio igualitario y, desde la Federación Estatal LGTBI+, en colaboración con el CIS, sacábamos unos datos que hablaban de cómo en aquel entonces una mayoría de la sociedad española estaba a favor del matrimonio igualitario y que, veinte años después, esa mayoría es muchísimo más amplia.
Y ese es el resultado de ver cómo la diversidad no es la amenaza de nadie, sino que enriquece a la sociedad. Intentar colocar en el debate algo que hace mucho daño a familias y a peques, cuando lo que está claro es que la sociedad española, en su mayoría, no cree que esto sea una cuestión a debatir, sino que es un derecho, no tiene ningún sentido.
Además, en esos datos que sacábamos el año pasado, no es que la sociedad solo creyera que es un derecho para las personas del colectivo, sino que sentía orgullo de que España hubiese sido pionera. Y lo sentían como un orgullo, fueran del colectivo o no, porque ese derecho hubiese sido conquistado en nuestro país.
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Están utilizando este tipo de discursos para intentar enfrentarnos entre grupos en situación de vulnerabilidad
Sin embargo, vemos cómo la extrema derecha intenta presentarse en ciertos contextos como defensor de las "personas homosexuales", sobre todo cuando les interesa estigmatizar a las personas migrantes. ¿Cómo interpretáis esta estrategia, creéis que Vox trata de instrumentalizar las luchas de las disidencias? ¿Cómo se disputan este tipo de discursos?
Sí, efectivamente están utilizando este tipo de discursos para intentar enfrentarnos entre grupos en situación de vulnerabilidad. Pero, bueno, las disidencias y los grupos que estamos siendo diana de su odio no somos tontas y, obviamente, no vamos a permitir que se nos instrumentalice.
Tenemos muy claro que, aunque tenemos nuestras especificidades en cuanto a cómo sufrimos el odio y la discriminación el colectivo LGTBI+, las personas gitanas o las personas migrantes, también sabemos que la base de todo ese odio es estructural y sistemática. Por eso estamos unidas en alianzas y en iniciativas como el Pacto de Estado. O sea, que nosotras no vamos a dejar que nos instrumentalicen.
Jaime de los Santos, responsable de Igualdad del PP, ha calificado la autodeterminación de género de "ficción" y defendido recuperar informes psicosociales para modificar el sexo registral. ¿Qué supondría en la práctica ese cambio?
La base de la ley LGTBI+ aprobada es la autodeterminación, porque no hay nada, no hay ninguna prueba que pueda determinar quién es una persona si no es ella misma. Y este tipo de discursos obvian que la autodeterminación no nace con la ley LGTBI+ ni nace con las personas trans. La autodeterminación es para todas las personas, sean del colectivo LGTBI+, sean personas trans o sean personas cis, porque una persona cis también tiene derecho a su propia autodeterminación y a autodeterminarse como mujer cis.
Si quitásemos un derecho a una parte del colectivo, al colectivo trans, estaríamos también mermando el derecho del resto de personas a la autodeterminación. Supondría volver a la patologización e ir en contra de los derechos humanos, sobre todo de los derechos de las personas trans.
El PP ha votado a favor de la nueva ley LGTBIQ+ asturiana, mientras Vox se ha opuesto. Pero, a su vez, los populares han recortado otras leyes autonómicas. ¿Cómo valoráis estas diferencias territoriales? ¿Creéis que existe una posición coherente del PP sobre los derechos LGTBIQ+?
No sé si es coherente o no coherente, pero sí mayoritaria, que es la de, como mínimo, no facilitar la aprobación y la consecución de derechos, pasando por vaciar de contenido leyes y dejar desprotegidas a las personas trans. En València ha sido sangrante, porque no solo suponía dejar desprotegidas a infancias y adolescencias trans, sino abrir la puerta a las prácticas de conversión, con lo que eso supone. Afortunadamente, fue paralizado por un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno que quería proteger a las personas del colectivo; pero, en una situación en la que un Gobierno no quiera hacerlo, el colectivo estará desprotegido también en las autonomías.
Hay una relación directa entre los discursos de odio y los delitos de odio
En los últimos meses hemos conocido agresiones por parte de grupos ultras contra personas y activistas LGTBIQ+, como la sufrida por dos militantes en Oviedo cuando intentaban impedir que arrancaran una bandera arcoíris. ¿Qué relación existe entre la normalización de determinados discursos de estigmatización y odio por parte de la decrecha y la extrema derecha, y la violencia que se ejerce en las calles? ¿Qué responsabilidad tienen los partidos y las instituciones a la hora de frenar esta situación?
Hay una relación directa entre los discursos de odio y los delitos de odio. Y no es solo una sensación del colectivo LGTBI+, sino que es un dato objetivo de numerosos estudios, incluido el de Estado del odio de la Federación. Cuando no se pone límite a los discursos de odio, en una época en la que además cuentan con cada vez más altavoces, como son las redes sociales y las plataformas digitales, lo que sucede es que las personas que cometen delitos de odio se ven legitimadas para hacerlo.
Algo que hemos detectado en nuestro informe específico sobre el odio en redes sociales es que esto se incrementa en épocas de mayor visibilidad del colectivo, como es el Orgullo, y cuando se dan determinados discursos de determinados partidos políticos, especialmente Vox, cuando habla de que no se lleve a las familias al Orgullo, instrumentalizando también, por otra parte, a los menores.
Una de nuestras reivindicaciones dentro de este Pacto de Estado contra los Discursos de Odio es que haya un límite también a nivel de grupos parlamentarios y de los discursos que se pronuncian desde determinadas plataformas y desde determinadas instituciones. Porque en esas instituciones están representando, o deberían estar representando, a toda la ciudadanía y, en cambio, se están permitiendo discursos de odio sobre una parte. Lo único que hacen es legitimar que luego cualquiera pueda cometer un delito en la calle porque se ve respaldado.
La Federación ha llamado a "votar con Orgullo". ¿Qué compromisos electorales estáis reclamando a los partidos?
Aprobar las leyes no es suficiente, pueden quedar en papel mojado si no se desarrollan
Pues el primero y el principal, blindar lo que ya está conseguido, porque es verdad que en nuestros informes y en nuestras encuestas hay un miedo del colectivo a lo que podría suponer un Gobierno ultraconservador. Después, retomar prioritariamente aquello que se ha quedado en el tintero, que es el Pacto de Estado contra los Discursos de Odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad y la ley contra las prácticas de conversión.
Por otra parte, desarrollar todo lo que aún queda y que va tarde desde 2023. Y, bueno, seguir en la consecución de derechos y en la garantía de la protección de las personas LGTBI+, porque también la historia nos recuerda que aprobar las leyes no es suficiente, que pueden quedar en papel mojado si no se desarrollan.
También habéis decidido apoyar la huelga del 11 de noviembre. ¿Por qué habéis decidido sumaros?
Porque es una cuestión de derechos humanos, porque nos atraviesa como personas y como colectivo. Siempre formamos parte y en otras ocasiones nos hemos sumado a las huelgas. Trabajamos de la mano de sindicatos y de otros movimientos sociales y son luchas que no nos son ajenas. Nos atraviesa la precariedad, el acceso a la vivienda, el poder emanciparnos y poder salir de hogares que son LGTBIfóbicos y donde no podemos ser. Nos atraviesa la guerra. O sea, que formamos parte de la lucha social y por los derechos humanos en general.
En relación con la huelga, ¿crees que se está perdiendo una oportunidad de incorporar explícitamente la perspectiva de género y las realidades LGTBI+ a las reivindicaciones?
Creo que la gente se va a sentir más parte de la lucha si se visibiliza explícitamente la interseccionalidad
Sí, porque a veces parece que estos lemas generalistas se hacen para acoger a todo el mundo y que todo el mundo se sienta representado, pero a mí me parece más importante visibilizarlo. O sea, creo que la gente se va a sentir más parte de la lucha si se visibiliza explícitamente la interseccionalidad que si se utilizan lemas genéricos.
Quizá también porque tenemos una mochila en la que, como nunca se nos ha nombrado, utilizar lemas generalistas hace que no sintamos que van por nosotras, porque tenemos nuestra propia mochila de no identificación. Es como cuando entras a un espacio y no pone nada. Hablo del colectivo, pero se puede aplicar a cualquier otro grupo. Visibilizar que es un espacio seguro me manda a mí un mensaje.
¿Qué clase de desigualdades afrontan las personas LGTBIQ+ hoy en día en nuestro país? ¿Hay diferencias dentro de las propias disidencias?
El colectivo LGTBI+, a pesar de lo que muchas veces se piensa, atraviesa una situación socioeconómica complicada. Todo este mito del dinero rosa no es así. Especialmente la población joven del colectivo atraviesa dificultades porque tiene que enfrentar bullying escolar y en el instituto, que dificulta los procesos académicos. Tienen trabas a la hora de acceder al mercado laboral. Estamos viendo también situaciones de discriminación a la hora de acceder a una vivienda, porque se siguen viviendo situaciones de LGTBIfobia, que además son alimentadas por todos estos discursos que estamos escuchando.
Entonces, la situación del colectivo no es tal como la pintan y, además, es especialmente dura en familias de mujeres, porque seguimos estando atravesadas también por una cuestión de género. Son familias que enfrentan esa desigualdad por dos.
Una de las principales reivindicaciones o medidas es que, cuando estamos hablando de todo este tipo de políticas, como las políticas de vivienda o las políticas públicas, tienen que abordarse desde una perspectiva interseccional que también contemple tanto las cuestiones de género como de diversidad, en este caso del colectivo LGTBI+.
Somos personas LGTBI+ que además podemos ser jóvenes, que además podemos ser migrantes, que además podemos tener discapacidad y que además podemos tenerlas todas juntas. Y son piedras que se suman a la vulnerabilidad. Por eso es importante que cuando hablemos de todas estas reivindicaciones, en este caso de la huelga, pero también de otras, lo hagamos desde un enfoque interseccional.
Sabemos que las situaciones de violencia LGTBIfóbica están infrarrepresentadas en los datos y que una de las razones es la desconfianza hacia las instituciones, especialmente las policiales y judiciales. ¿Qué valoración hacéis de esta situación y qué trabajo desarrolláis desde la Federación para tratar de revertirla?
La historia del colectivo es una historia de represión, de represión por parte de quienes tenían que sostenerle y protegerle
Con el tema de la violencia enfrentamos dos dificultades: por una parte, la infradenuncia y, por otra, la infradetección. Además, en nuestro estudio Estado del odio aparece una cosa que nosotras sospechábamos, pero de la que ahora tenemos el dato, y es que la denuncia aumenta cuando en ese paso intermedio aparecen las entidades como la nuestra.
Nosotras trabajamos con la Policía, trabajamos en la formación también para esta detección. Porque muchas veces ni la propia víctima sabe que está sufriendo LGTBIfobia, por eso que hablábamos, porque hay mucha LGTBIfobia interiorizada y, bueno, a veces no son conscientes ni de que son víctimas ni de que son víctimas de un odio que es por LGTBIfobia. Y tiene que detectarlo la persona que les está atendiendo.
Esa formación es importante también para no generar situaciones de revictimización o de vuelta a la estigmatización, o incluso una situación violenta a la hora de la denuncia. Y luego también, en ese trabajo que hacemos de formación, somos muy claras y les transmitimos el mensaje de que tienen que comprender la historia del colectivo.
La historia del colectivo es una historia de represión, de represión por parte de quienes tenían que sostenerle y protegerle. Eso hace que vayan menos a ellos y que vengan más a nosotras. Y también de ahí la importancia de que intentemos visibilizar mucho ese trabajo conjunto, para que el colectivo sepa que trabajamos con la Policía y que intentamos que sea un entorno seguro. Es verdad que falta mucho por hacer, porque la infradenuncia sigue estando ahí, pero, bueno, hacemos el papel que podemos. También hacemos un llamamiento a que no es un trabajo única y exclusivamente de las entidades, que necesitamos que se forme a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Sobre la firma
María Martínez Collado
Redactora de Igualdad, Violencias Machistas, Resistencias y Salud Sexual
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