Entrevista a Victoria Rosell, magistrada y ex delegada del Gobierno contra la Violencia de Género"El Poder Judicial sigue sin priorizar la especialización en género: es solo un cursillo de 15 días"

Magistrada de profesión y delegada del Gobierno contra la Violencia de Género entre 2020 y 2023, bajo la dirección de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad, Victoria Rosell ha participado en algunas de las principales reformas legislativas de los últimos años, desde la ley del solo 'sí es sí' hasta el impulso de medidas para reforzar la protección de las víctimas y sus hijos e hijas. De vuelta a los juzgados, sigue siendo una de las juristas que con mayor contundencia interviene para valorar las políticas de igualdad, la respuesta institucional frente a las violencias machistas y los desafíos que afrontan los feminismos en un contexto de creciente reacción. 

En esta entrevista con Público, Rosell analiza el repunte de feminicidios registrado este verano, las carencias que, a su juicio, siguen lastrando el sistema de protección, la situación de las mujeres migrantes sin papeles, la especialización pendiente de la justicia en violencia de género y sexual o la violencia institucional que sufren muchas madres protectoras. También aborda la ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos, el acoso organizado contra referentes feministas y la necesidad de proyectos como La Nuestra.

En apenas dos meses han sido asesinadas nueve mujeres. Desde el Ministerio de Igualdad se ha llegado a hablar de una "ola de terrorismo machista". ¿Estamos ante un repunte coyuntural? ¿Hay fallos estructurales en el sistema de prevención y protección?

"Estoy echando de menos las campañas de prevención de verano específicas a las que nos comprometimos"

No estamos ante un repunte coyuntural en tanto que ya sabemos por todos estos años de conocimiento que el mes históricamente de mayor acumulación de asesinatos machistas en pareja es julio. Este año, sinceramente, estoy echando de menos tanto por parte del Estado como de las comunidades autónomas las campañas de prevención de verano específicas a las que nos comprometimos. Así se hizo en 2020, 2021, 2022 y 2023. Y en un verano en el que, además, hemos tenido un mundial de fútbol en julio. Hay estudios, como sabemos, que asocian este tipo de eventos a una mayor violencia machista extrema.
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​Así que creo que como el diagnóstico ya hace años que está claro, lo que han faltado son medidas tanto en el Estado como en las comunidades autónomas específicas, insisto, para el verano. Y ahora que viene el mes realmente de vacaciones por excelencia, que es agosto, y también de fiestas de pueblos, me parece que aún están a tiempo de implantar, por ejemplo, puntos violeta, que son disuasorios y previenen muchísimas violencias machistas en cada una de las verbenas, conciertos y festivales de este país.

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Una de las cuestiones que siguen generando más dudas es la situación de las mujeres migrantes sin papeles. Aunque la legislación contempla garantías para que puedan denunciar sin que ello derive en un expediente de expulsión, muchas siguen sin acudir a las instituciones por miedo. ¿Qué habría que cambiar para que deje de existir ese temor?

"No se les puede incoar expediente de expulsión si son víctimas de violencias (...) Lo que no está cumpliéndose es la implementación de la ley"

Es cierto que las mujeres migrantes en situación administrativa irregular están en una situación de doble o triple vulnerabilidad. Legalmente sí está garantizado el derecho a denunciar. Es más, desde 2022, con la ley del 'solo sí es sí', no solo en violencia de género, sino en todas las violencias machistas, incluida la sexual y la trata. No se les puede incoar expediente de expulsión si son víctimas de una de estas violencias. Además, hay medidas específicas de acreditación administrativa de la situación de trata. Lo que no está cumpliéndose es la implementación de la ley. ​

Evidentemente, se necesitan más recursos para dar el paso y salir de esa violencia, sea sexual o de género en pareja, cuando tienes menos red de apoyo. La primera medida ante una situación de violencia, legalmente desde 2021, es darle el ejercicio de la patria potestad en exclusiva y por supuesto la custodia que conlleva a la madre. Si están solas, se convierten en en familias monomarentales. Esto aparta a los niños y niñas de la violencia, pero requieren evidentemente muchísimos más recursos, como aquellos que determinamos en su día con el plan corresponsables de dejar a los niños en actividades formativas e integradoras durante horas para que las madres tuvieran tiempo libre, también para que pudieran organizarse.
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​Faltan, desde luego, más ayudas específicas y en el sector justicia. Falta no solo la traducción, que muchas incluso hablan nuestro idioma porque ya llevan tiempo aquí, sino la mediación cultural, que va mucho más allá de traducir un un lenguaje. Y eso lo vemos todos los días en los juzgados, que son mujeres a las que les cuesta más dar el paso o incluso una vez dado son presa fácil de acogerse a la dispensa de no declarar porque se abre un precipicio ante ellas de afrontar la la vida en en España sin papeles y a veces con personas a su cargo.
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​Ahora bien, más allá de que Interior no puede tramitar la expulsión, hay que tener en cuenta que por debajo hay que garantizar la vida, la vivienda, la educación, la sanidad y todo eso está en manos de las comunidades autónomas, algunas de ellas negacionistas o abiertamente con discursos xenófobos. Por lo tanto, claro que su situación en algunos casos está yendo a peor.

La protección frente a la violencia machista sigue dependiendo en parte del lugar donde se vive. Todavía hay municipios que no están integrados en el sistema VioGén y muchas mujeres del medio rural continúan encontrando enormes dificultades para acceder a recursos especializados. ¿Cómo se combate esa desigualdad territorial?

"Ahora mismo es muy difícil de combatir porque algunas comunidades están gobernadas con pactos de negacionistas de la violencia de género"

En cuanto a la desigualdad territorial, ahora mismo es muy difícil de combatir porque algunas comunidades autónomas están gobernadas con pactos de negacionistas de la violencia de género y de todas las violencias machistas, y están haciendo un daño terrible a la red de recursos. Algunos no tanto cerrándolos directamente, sino mezclándolos, difuminando esta violencia entre otras violencias.
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​Las que dicen de apoyo a familias no pueden pretender que una víctima de violencia machista vaya a un recurso donde delante de ella van a atender a un señor maltratado por su hijo. Los dos son víctimas de violencia, pero son violencias distintas y los recursos especializados precisamente se requiere que sean especializados para entender cada una de las de las violencias.
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​Hay comunidades autónomas que han pagado a los huérfanos de la violencia de género como a los huérfanos del terrorismo, 75.000 euros por persona menor de edad víctima del terrorismo machista, y otras que no tienen ni una sola ayuda para huérfanos donde tienen que entrar fondos privados como las becas Soledad Cazorla o fundaciones.
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​No hacen falta más leyes, sino cumplirlas porque entonces no habría esta desigualdad territorial que básicamente distingue entre las que cumplen y las que no cumplen la ley y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer han asumido también la instrucción de los delitos de violencia sexual cuando existe una relación de pareja o expareja entre víctima y agresor. Tú has defendido tanto como jueza como siendo delegada la necesidad de una justicia especializada. ¿Qué valoración haces de esta reforma?

"La especialización en género lleva un retraso injustificable, salvo que sea una demostración de que para el CGPJ no es una prioridad"

Yo sé que la violencia sexual requiere una atención especializada porque es una violencia por razón de género. El grupo de expertas encargadas de evaluar la aplicación del Convenio de Estambul, en sus evaluaciones a España, habla de la gran brecha de desigualdad existente entre la protección contra la violencia de género en pareja y el resto de las violencias machistas, en especial la sexual. Y ahí se ha avanzado sin duda. Ahora, no hay una verdadera especialización.
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​​El Consejo General del Poder Judicial sigue sin priorizar en absoluto la especialización en género. Llaman especialización a un cursillo teórico-práctico de 15 días cuando ya se accede a una plaza o para acceder a la misma. 

En otros casos, como mercantil, administrativo o laboral sí son auténticas especializaciones. Y ahora también, desde 2025, han sacado especializaciones -que al menos son cinco meses- en familia y discapacidad y en violencia contra la infancia. ​O sea, la de género lleva un retraso que claramente es más que injustificable, salvo que sea una demostración evidente de que para el Consejo General del Poder Judicial ni ha sido ni es una prioridad política. 
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​Entonces, la reforma merece una valoración positiva en tanto que te trata un juez con conocimientos en género, pero esos conocimientos son absolutamente insuficientes. 

Cada vez se habla más de violencia institucional contra las mujeres, para empezar porque ellas mismas están luchando por visibilizarlo. ¿Dónde identificas hoy día sus principales manifestaciones y qué reformas serían necesarias para prevenirla?

"La primera reforma necesaria para prevenir la violencia institucional es reconocerla como una categoría de violencia machista"

La violencia institucional es la que produce el Estado. Puede darse en la justicia, pero también en otras instituciones como la Policía, los Servicios Sociales o los centros de internamiento de menores. Cuando te golpea una persona, te puede hacer daño. Pero cuando te golpea una institución, y más el propio Estado, te hace muchísimo más daño.
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​Las principales manifestaciones hoy en día, lamentablemente, se dan en el ámbito judicial y sobre todo es hacia las madres protectoras; las mujeres que se atreven a desafiar a los prejuicios sociales denunciando abusos, tanto físicos como sobre todo sexuales, del padre de sus hijos e hijas. 

El incesto sigue siendo un tabú en esta sociedad y ellas acaban castigadas, sometidas al arrancamiento de sus hijos que están ya prohibidos por ley -como el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) y deberían estar proscritos, conforme a la ley.
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​La primera reforma necesaria para prevenir la violencia institucional es reconocerla como una categoría de violencia machista, que lo está en algunas comunidades autónomas, como Catalunya, pero no a nivel estatal. Y realmente sus víctimas son víctimas que se ven atrapadas en una maraña de juicios civiles, procesales, incluso laborales, de desahucios, de todo tipo, derivados precisamente de esta violencia institucional.
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​Sé que cuesta hablar de violencia institucional porque cuesta ver al Estado golpeando, digamos, dolosamente a una mujer. Pero cuesta menos verla como el reverso de la diligencia debida. Cuando un Estado no tiene el conocimiento, no aplica la diligencia debida con las mujeres, acaba discriminando y haciendo más daño aún a las mujeres que acuden a él con la confianza de que si denuncian se las protegerá.

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En distintos países estamos viendo una ofensiva política y jurídica contra los derechos sexuales y reproductivos. En España, iniciativas como la llamada ley del concebido no nacido aprobada por la Comunidad de Madrid han reabierto el debate sobre las estrategias para ampliar el reconocimiento jurídico del nasciturus. ¿Crees que existe una ofensiva contra el derecho al aborto?

"Es falso que se haga en nombre del derecho a la vida, porque son las mismas políticas que niegan derechos a la infancia y adolescencia ya nacida que vive en nuestro país"

La ofensiva es global y ahí se enmarca la política de la Comunidad de Madrid, obviamente. Si quieres ayudar a las mujeres embarazadas y sus familias puedes desarrollar todo tipo de medidas y prestaciones. Pero si hablas del concebido no nacido como sujeto de derechos, estás enfrentando por razones ideológicas los derechos futuros del embrión con los derechos actuales, sobre todo los derechos sexuales y reproductivos, de las mujeres que tanto tiempo y lucha costó conseguir. Por supuesto que conlleva un retroceso en el derecho al aborto, puesto que causa dolor, miedo, vergüenza y estigmatizacion social a las mujeres. Y es falso que se haga en nombre del derecho a la vida, porque son las mismas políticas que niegan derechos a la infancia y adolescencia ya nacida que vive en nuestro país. Es una batalla cultural, no jurídica, y los medios mayoritariamente siguen comprando los marcos discursivos reaccionarios.

En paralelo al avance del movimiento feminista también ha crecido una reacción organizada en redes sociales y otros espacios públicos. Feministas como Cristina Fallarás son objeto de campañas de hostigamiento, insultos y persecución impulsadas por sectores ultras o referentes de la manosfera. ¿Se está haciendo lo suficiente para proteger a activistas como ella? ¿Estamos infravalorando el impacto que tiene sobre la participación pública de las mujeres?

"El feminismo es el movimiento más democratizador y más potente contra los fascismos y contra la involución en derechos"

Es esencial que sepamos ver que los fascismos, los movimientos reaccionarios, pueden tener diferencias entre unos países y otros, unos continentes y otros. Pueden ser más o menos religiosos, más o menos nacionalistas, pero todos tienen un un factor común que es que son antifeministas. Y esto es porque el feminismo es el movimiento más democratizador y más potente contra los fascismos y contra la involución en derechos.
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​Entonces, hay un terreno de lucha, un escenario muy hostil, que es el escenario judicial o el de los litigios. Hay litigios estratégicos contra las feministas y las defensoras de las mujeres, sobre todo de las mujeres que han sufrido violencias. Ya tenemos varios casos en este país de condenas que resultan disuasorias para continuar defendiendo a las mujeres y sus derechos. Uno de ellos -para mí el más importante ahora mismo- es el que desarrollan los hombres que se sienten señalados, que se identifican, en testimonios que publica Cristina Fallarás. Ella lleva años haciendo incidencia política y social con testimonios de mujeres que tan mayoritariamente, tan abrumadoramente, han confiado en ella. Y lo que se pretenden, evidentemente, es silenciarnos: silenciar a Fallarás y, por supuesto, a todas las víctimas menos poderosas que ella.

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Estás participando en el impulso de La Nuestra. ¿Cómo está siendo este proceso? ¿Por qué son necesarios este tipo de espacios?

"La Nuestra ​va a ser una auténtica revolución (...) En estos tiempos de dominio machista, nosotras queremos crear esta comunidad digital basada en la igualdad"

La Nuestra va a ser una auténtica revolución, una comunidad digital donde las mujeres, precisamente por lo que estábamos hablando, van a poder contar las violencias que han sufrido en un espacio completamente seguro. Además, habrá un sistema de match que podrá permitir que se encuentren las mujeres que han sufrido violencias con un patrón común. De manera que puede que se acaban encontrando las víctimas del mismo agresor. También pueden ser derivadas a recursos tan necesarios como una asistencia jurídica especializada, a una ginecologa feminista, a un espacio de apoyo mutuo... En fin, a todos los recursos públicos.
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​Va a ser una auténtica revolución y esperamos conseguir ponerla en marcha porque en estos tiempos de dominio tan machista de las redes sociales, nosotras queremos -y creo que necesitamos- crear esta comunidad digital basada en la igualdad y en la defensa de vidas libres de violencias, también digitales.