La votación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual iba viento en popa para su aprobación en el Senado hasta que se votó la enmienda número 93 presentada por Junts per Catalunya, a la que se sumó el Partido Popular, otros grupos y salió aprobada. Se trata de un párrafo contenido en el preámbulo de la ley que ya había sido enmendado en pleno del Congreso de los Diputados en los mismos términos cuando el pasado 26 de mayo se aprobó el dictamen de la norma que salió de la Comisión de Igualdad. 

El artículo 90 de la Constitución Española, que marca el recorrido de las leyes en las Cortes, establece que cuando un proyecto de ley sufre alguna modificación en el trámite del Senado (es decir cuando se aprueba alguna enmienda), ésta debe volver al Congreso de los Diputados para ser votada nuevamente antes de que pueda ser sancionada por el rey. Y así lo estableció el presidente del Senado una vez concluida la votación.

El Partido Popular, que se opone a la aprobación de la norma, se sumó a la enmienda, mientras ninguna de las que había presentado los populares consiguieron la mayoría de la Cámara Alta para salir adelante. Tras la votación, los letrados del Senado y los grupos políticos están debatiendo si la ley debe finalmente volver o no al Congreso. Al cierre de esta edición, no se había tomado una decisión.

El texto de la enmienda de la discordia de Junts en el Senado dice:  "El título II prevé actuaciones para la prevención y la detección de las violencias sexuales como base fundamental para su erradicación. Así, el capítulo I dispone medidas de prevención y sensibilización contra las violencias sexuales en el ámbito educativo, sanitario y sociosanitario, digital y de la comunicación, publicitario, laboral, de la Administración Pública y castrense, así como en lugares residenciales y de privación de libertad; en tanto el capítulo II prevé el desarrollo de protocolos y formación para la detección de las violencias sexuales en tres ámbitos fundamentales: el educativo, el sanitario y el sociosanitario, con el fin de identificar y dar respuesta a las violencias sexuales más ocultas, como la mutilación genital femenina, la detección de casos de aborto y esterilizaciones forzosos."

Las palabras marcadas en negrita en el párrafo anterior, son los cambios de la enmienda presentada por Junts, que no cambia en ninguna forma el sentido del del párrafo ni de la propia norma, sino que elimina tres mayúsculas del texto original salido del Congreso y comete un error gramatical al final, al incluir el término "esterilizaciones forzosos" que no puede ser una mejor de la ley, sino un error de congruencia que debería ser subsanado. 

Si se trata de una artimaña tanto de Junts como del Partido Popular u otros grupos del Senado para retrasar la ley, es algo que está sobre la mente de muchos. De hecho, las imágenes de los senadores del Partido Popular aplaudiendo y riendo a la salida del pleno, han levantado suspicacias entre distintas formaciones.

Si el texto finalmente es devuelto al Congreso de los Diputados para volver a ser aprobado en el Pleno, la ley no se aprobará hasta el mes de septiembre, puesto que el Congreso ha cerrado sesión y no se espera la convocatoria de un pleno extraordinario. 

La Ministra de Igualdad, Irene Montero, participó al final de la sesión del Senado pero antes de la votación, con el convencimiento de que la ley saldría adelante.